Investigan a policías por fraude al Estado

Son nueve comisarios y subcomisarios que están procesados
Gabriel Sued
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20 de junio de 2005  

La Justicia investiga una serie de fraudes ocurridos en la Policía Federal entre 2000 y 2002 que consistieron en la sistemática sustracción de fondos destinados a gastos de horas extras, comida y viáticos de la Superintendencia de Policía Científica y que involucran a oficiales jefes y superiores que ocuparon altos cargos en esa dependencia.

La causa, en la que está imputado el ex jefe de la Policía Federal Roberto Giacomino -actualmente con falta de mérito-, ya tiene 22 procesados, entre comisarios generales, comisarios mayores, comisarios inspectores, comisarios y subcomisarios. Todos fueron encontrados responsables de peculado, un delito que prevé una pena de hasta diez años de prisión.

Pese a ello, nueve de esos oficiales continúan en actividad, según confirmaron a LA NACION en la Policía Federal. Son los comisarios Carlos Gil Alvarenga y Guillermo Daguer y los subcomisarios Raúl Pinho, Leonardo Laisa, Sergio Lozano, Ricardo Lozano, Liliana Gavilán, Guillermo Barcelona y Ricardo Padula. Además, cuatro de ellos -Sergio y Ricardo Lozano, Barcelona y Padula- siguen prestando servicio en esa superintendencia, donde se cometieron las presuntas irregularidades.

Los procesamientos fueron dispuestos en diciembre pasado por el juez de instrucción Ernesto Botto, que investigó el caso durante dos años y medio, escuchó a 343 testigos y realizó 19 allanamientos en dependencias de la fuerza. La causa había comenzado en marzo de 2002, cuando el policía Miguel Angel Valdez denunció la maniobra.

"Espero que te sirva", decía el sobre que apareció misteriosamente en el armario que tenía en su dependencia, en el que estaban los elementos que aportó a la Justicia. Luego de que los procesados apelaron, la Cámara del Crimen rechazó la competencia para entender en la causa y la pesquisa recayó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, pero se supo que aún no está firme que se investigue el caso en el fuero federal.

Faltarían 600.000 pesos

En el juzgado de Botto calculan que el perjuicio total es de alrededor de 600.000 pesos. "Si bien el monto no es tan importante, la operación muestra el entramado de corrupción generalizada y el acostumbramiento a las prácticas delictuales dentro de algunos sectores de la institución", dijo a LA NACION un funcionario judicial que intervino en la investigación.

En la resolución, a la que accedió LA NACION, se describen dos tipos de fraude: la sustracción de fondos que se cobraban como horas extras y comida de oficiales y suboficiales y el cobro de tres viajes al interior que nunca se realizaron. En ambos casos las maniobras se concretaron a partir de la confección de planillas en las que los oficiales y suboficiales firmaban la recepción de esos fondos.

Pero la investigación determinó que los recibos incluían firmas falsas, datos faltantes y que los policías de menor rango eran presionados a firmar por sus superiores. Es decir que los hacían firmar como que habían recibido el dinero cuando en realidad nunca les llegaba. En las planillas de horas extras también figuran firmas de agentes que se desempeñaban en otras dependencias o que estaban de licencia. En el procesamiento, de más de 400 páginas, se destaca que la maniobra debía ser conocida por toda la jefatura de esa dependencia.

"Ha quedado claro que las distintas sustracciones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un plan sistemático llevado adelante por los más altos jefes de la Superintendencia de Policía Científica." La mención hace referencia a los ex superintendentes de Policía Científica, los comisarios generales Juan José Vilas y Roberto Wechsberg, y al ex jefe de la División General de Pericias el comisario inspector Rogelio González.

Según lo que se pudo establecer por el relato de los testigos, Wechsberg y González encabezaron una reunión efectuada en Policía Científica en 2001 con todo el personal de la División Laboratorio Químico, debido a que los agentes de esa dependencia no querían seguir firmando las planillas porque no recibían el dinero que en ellas figuraba.

En ese encuentro le dijeron al personal que debía seguir firmando las planillas porque ese dinero sería destinado a la construcción de un laboratorio químico. Pero el juez determinó que todo eso era mentira y que el dinero que entregaba la Superintendencia de Administración para atender las horas extras y los gastos de comida de los agentes de menor rango se lo quedaban los altos mandos de la Policía Científica.

Pero, según surge del auto de procesamiento, las mentiras no terminaron allí. Cuando la investigación judicial comenzó y el fiscal de la causa convocó a los primeros oficiales y suboficiales, en la División Scopometría se hizo una reunión en la que los superiores dijeron al personal que podían declarar lo que quisiera, pero que tuvieran en cuenta que "todos eran de un mismo grupo y que había que salir adelante".

La situación de Giacomino

  • El caso del entonces jefe de la Policía Federal, comisario general Roberto Giacomino, es especial: si bien fue superintendente de la Superintendencia de la Policía Científica entre noviembre de 2001 y enero de 2002 y -como tal- firmó las planillas con anomalías que dieron lugar a las irregularidades, el juez Ernesto Botto consideró que la brevedad del período en el que estuvo en esa dependencia y que hubiera estado desde diciembre de 2001 a cargo de la fuerza lo eximía de atender cuestiones administrativas menores.
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