Investigan hospitales públicos

El Gobierno cree que algunos establecimientos declararon más prestaciones de las que brindaron.
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4 de julio de 2000  

Cuando Dominga Taborda de Pavetti, de 36 años, fue a atenderse en un hospital del conurbano bonaerense, le hicieron firmar más de 12 formularios en blanco; nunca sospechó que esos papeles podrían convertirse en un cheque en blanco para que otros cometieran un delito.

Pero sí. Sin saberlo, y a veces sin siquiera firmar nada, miles de pacientes, y hasta médicos, habrían prestado sus nombres para que algunos hospitales públicos de autogestión (HPA) cobraran a la seguridad social servicios que nunca fueron brindados.

Nadie puede afirmar a cuánto asciende la sobrefacturación. Se trata de sumas que, según sospechan varios organismos oficiales, son inmensas. Las cifras habrían crecido en los últimos años a pasos agigantados, y ahora el Gobierno las quiere investigar. De hecho, de los 1153 hospitales de autogestión inscriptos del país más de 250 están bajo la lupa de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), según fuentes consultadas.

Sólo un dato ilustrativo: si en 1995 los HPA facturaron 4,5 millones de pesos a las obras sociales, en 1999 la cifra subió a 81 millones. De esa suma, más del 60 por ciento fue debitado al PAMI, según afirmó Rubén Cano, titular de la SSS.

Es justo aclarar que no toda esa plata implicó prácticas deshonestas, pero también es cierto que los volúmenes crecientes de dinero llamaron la atención de las autoridades. Los primeros análisis de la SSS evidenciaron casos de "facturaciones abultadas", tal como afirmó Cano en una carta dirigida al interventor en el PAMI Horacio Rodríguez Larreta.

Pero, ¿qué es un hospital público de autogestión? En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, el decreto 578 estableció que las obras sociales (entre otros agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud) estaban obligadas a pagar -automáticamente- las prestaciones que sus afiliados solicitaban en los hospitales públicos inscriptos en un registro nacional.

Entre otros beneficios, la idea era que los HPA tuvieran una herramienta para obtener recursos económicos y que no terminaran financiando a las obras sociales, al atender en forma gratuita a sus afiliados utilizando fondos públicos.

Pero algo sucedió: varios establecimientos tercerizaron el sistema de facturación, lo privatizaron. A cambio, las empresas que brindaban el servicio comenzaron a quedarse con entre el 15 y el 30 por ciento de los montos que luego cobraban a las obras sociales. Son algunas de esas empresas las que también están sospechadas de sobrefacturar por servicios no prestados.

Así, un sistema que la mayoría de los especialistas consideró bueno terminó desnaturalizándose, al abrigo de cláusulas legales que tan sólo fueron revisadas hace tres meses.

Consecuencias en el PAMI

Un informe interno del PAMI, al que La Nación tuvo acceso, reveló que sólo entre 1998 y los primeros tres meses de 2000 la obra social pagó casi 79 millones de pesos a los HPA, en forma casi automática, sin control.

El tema preocupó a los interventores del instituto, sobre todo al ver que los montos habían crecido en forma vertiginosa: la gerencia económica financiera del PAMI explicó que, en 1998, la obra social pagó a los HPA $ 15,93 millones; en 1999, la suma llegó a $ 50,46 millones, y entre enero y marzo de 2000, $ 12,50 millones.

Mientras el superintendente Cano reconoció que "resulta imposible expedirse sobre la legitimidad y razonabilidad de los débitos como fueran solicitados", en el PAMI aseguraron que se trata de un tema "explosivo".

En las próximas horas, los interventores Rodríguez Larreta y Cecilia Felgueras elevarán toda la documentación a la Oficina Anticorrupción.

Uno de los casos paradigmáticos, que más llamó la atención en el PAMI y en la Superintendencia, es el del hospital municipal de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires. Allí, un establecimiento de cerca de 35 camas, que no tiene servicio de terapia intensiva, facturó a las obras sociales más de $ 341.000 durante el último año. Una suma por demás extravagante para un hospital municipal que está en un pueblo de 8000 habitantes.

No es el único: en el PAMI y en la SSS apuntan a otros centros de salud, en especial del conurbano.

Las presuntas maniobras

El informe del PAMI cita supuestas maniobras de los HPA que habrían sido destinadas a incrementar la facturación. En este sentido, las autoridades del instituto recibieron varias denuncias. Algunos ejemplos:

  • Se encuentran internaciones prolongadas y tratamientos simples que son presentados como de alta complejidad.
  • Hay médicos a los que se les impide llenar las historias clínicas de los pacientes atendidos para que sean luego completadas por quienes hacen la facturación, un servicio que en varios casos está tercerizado.
  • Los principales HPA se han negado a firmar convenios con las obras sociales en forma directa. ¿La razón? Facturar y reclamar los pagos por intermedio de la SSS les resulta más conveniente, dada la casi automaticidad del sistema y el poco control. Además, así, los aranceles que perciben son más elevados que los de mercado.
  • ¿Cómo hicieron los HPA para cobrar sin que nadie verificara sus cuentas? El sistema funciona así: todos los meses, los hospitales presentan su facturación a las obras sociales, que a su vez tienen 30 días corridos para saldar el pago. Vencido el plazo, y si no hay acuerdo, los HPA pueden reclamar el pago a la Superintendencia de Servicios de Salud.

    La resolución Nº 325/94 de la SSS (ex Anssal) dispuso que los HPA debían presentar un comprobante de las prestaciones, con carácter de declaración jurada. Esos papeles disparaban un mecanismo casi automático de pago. Cuando la SSS los recibía, los pasaba a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que debitaba los fondos a las obras sociales.

    Por eso, los actuales funcionarios hablan de "pago a sobre cerrado". La resolución Nº 074/00, del 29 de marzo último, puso un freno a la situación. La norma dispuso que los hospitales debían prestar elementos que sustentaran la facturación presentada y brindó a la SSSla posibilidad de pedir más documentos.

    Hacia adelante, ya se están instrumentando mejoras en el sistema. Pero hacia atrás, las actuales autoridades se sienten atadas de manos. Y reconocen que, si como se sospecha hubo sobrefacturación, será muy difícil probarlo.

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