Isleños del Tigre, sin hogar por un desmonte en el Delta

Roberto Galloro y Cristina Pelayo se presentan como "pareja de isleños". Invitan a pasar a la casa prefabricada de su hijo, en Tigre, y dicen que están desorientados desde que perdieron su hogar, su trabajo, su vida de siempre en la isla. "Vivíamos de pescar, de recoger y vender juncos. Siempre hicimos eso", dice Roberto, que habitó la Isla de Marzi, en el Delta del Paraná, por más de 20 años.

Su esposa, 64 recién cumplidos, trae fotos para mostrar lo jóvenes que eran cuando se construyeron la casa de palos y paja, la misma que hoy es sólo un recuerdo. "Dos veces ya la tiraron abajo. Estamos yendo todos los días para que la empresa no crea que nos dimos por vencidos", dice y se acomodan alrededor de la mesa de camping clavada en el piso de tierra, la entrada a la casa. Atrás, en un galpón, hace tiempo que un bote espera ser reparado.

Los Galloro no saben de abogados y quisieran no haberlos conocido nunca, pero cuentan que las circunstancias los obligaron a reclamar ante la Justicia por los que consideran sus derechos: son una de las 20 familias desalojadas de la isla desde que la empresa Colony Park Isla Privada inició un mega emprendimiento inmobiliario en el lugar.

A poco de iniciada la charla se suman otros isleños. Jorge Castro y Gastón Arroyo también se encontraron, a la vuelta de una jornada de pesca, con sus casas arrasadas por las máquinas. Hablan de sus vidas de pescadores en la isla, de sus rutinas y cuentan que hoy, en las casas prestadas donde se amontonaron con familiares en el "continente", no saben qué hacer. Sobreviven con changas y cartoneando, pero confían en recuperar "su lugar en el mundo", como llaman a la isla.

El abogado que los patrocina, Enrique Ferreccio, explica a lanacion.com los argumentos del reclamo que presentó ante el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro (ver presentaciones en documento adjunto). Habla de "usurpación de tierras, estrago ambiental, crimen de lesa humanidad y falsificación ideológica de documento público". Agrega que para que la empresa violó varios puntos: "Se debe pagar un precio razonable, en cambio, la empresa compró las tierras a su anterior dueño por apenas 30.000 pesos; debe existir una escritura pública ante escribano; se debe inscribir en el Registro de la Propiedad inmueble y, algo muy importante, debe tomar posesión, cosa que no pudo hacer Colony Park pues las tierras no estaban libres de contradictor".

Sobre este último punto agrega que "Colony Park arrasó a los isleños, pero si ellos oponen la posesión pública pacífica e ininterrumpida por más de 20 años, por ley, ganan la titularidad a quien sea". Consultada por lanacion.com, la empresa prefirió no responder preguntas.

Este no es el único conflicto que enfrenta la empresa. Según informaron en el Municipio de Tigre, Colony Park desmontó parte de las 360 hectáreas de la isla e intervino en el Arroyo Anguilas construyendo terraplenes de tierra en las dos márgenes y destruyendo vegetación.

"La obra inmobiliaria, 900 viviendas de lujo, estaba autorizada desde la gestión anterior" se ataja Antonio Grandoni, secretario de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental del Municipio de Tigre. Pero enseguida aclara: "Como no presentaron el estudio de impacto ambiental, luego de inspecciones municipales, pedimos que parara las obras". Esto fue en junio de 2008. Como las obras siguieron, aplicaron multas de hasta 100.000 pesos, apunta.

El ingeniero a cargo de la subsecretaría de Planeamiento Urbano de Tigre, Pablo Dameno, se suma a la entrevista en el despacho de Prensa del Municipio y reconoce que en la isla no existía código de planeamiento urbano cuando se hacen cargo de la gestión. "Estamos trazando ahora un master plan para ordenar los emprendimientos éstos y los que vendrán". Fuentes del municipio hablan de un Tigre turístico, que espera inversiones millonarias en obras de infraestructura para recibir a sus visitantes.

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