Entrevista con los jueces Lorenzetti y Argibay. "La causa del Riachuelo no se resuelve con una sentencia"
Los magistrados aseguran que la Corte intervino para pedir un plan de saneamiento
"La causa del Riachuelo no se resuelve con una sentencia. Este es un caso distinto. La Corte, lo que pretende, es motorizar al gobierno, a las empresas y a la sociedad para que se limpie el Riachuelo. Hay gente que vive en la cuenca y que está muy mal, muy afectada y algo tenemos que hacer. Pero la solución se logrará paso a paso, en forma progresiva", dice el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Lorenzetti y Carmen Argibay, que también participó de la entrevista concedida a LA NACION, son dos de los jueces del máximo tribunal que, el martes último, ordenaron a los gobiernos nacional, porteño y de la provincia de Buenos Aires que presentaran un plan integrado de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y un estudio de impacto ambiental sobre la actividad que desarrollan 44 empresas. La Corte, además, convocó a todas esas partes para una audiencia, que se hará en la sede del alto tribunal el 5 de septiembre próximo.
- En esta causa, una sentencia no parece ser útil. Parece que la Corte apuesta a que los vecinos, los gobiernos y las empresas lleguen a un acuerdo en la audiencia que se hará en septiembre...
Lorenzetti: -La causa del Riachuelo, de naturaleza ambiental, es muy distinta de la mayoría de los expedientes. La Corte no va a limpiar el Riachuelo, pero la ley le permite pedirles al Estado y a las empresas que nos presenten los planes de saneamiento y evaluarlos, para que cumplan con sus obligaciones de no contaminar y de limpiar.
Argibay: -Habrá que ver si la audiencia se hace en esa fecha, porque los gobiernos o las empresas pueden pedir una prórroga para presentar sus planes.
-¿Cuál es el sentido de haber convocado a una audiencia?
Lorenzetti: -Iniciar un proceso de cambio. La Corte pretende ser el motor del cambio y poner en la agenda pública un tema que le interesa a la gente común.
-Parece haber cierto oportunismo en la instalación del tema Riachuelo, porque surge después que el gobierno nacional colocara en la agenda la cuestión de las papeleras.
-No. Hay un antecedente muy remoto de la Corte, la causa Saladeristas de Barracas, de 1987, en la que la Corte avaló la constitucionalidad de una ley que protegía el medio ambiente contra los residuos que arrojaban algunas empresas.
-Pero, después de eso, la Corte se olvidó del tema.
-La justicia argentina, desde los años 70, dictó fallos muy valiosos para proteger el medio ambiente. Hay gente que está muy afectada, muy mal, y ahora reclama. Pero tanto esa gente como los poderosos tienen que tener conciencia de que la Corte obrará con prudencia y en forma progresiva. Por eso, no hay que esperar grandes anuncios ni promesas, sino que la recomposición del medio ambiente se vaya haciendo poco a poco.
-¿No temen que las 44 empresas demandadas intenten empantanar el proceso?
Argibay : -No, porque a las empresas, sin duda, les van a preocupar los reclamos por daños y perjuicios sufridos por los vecinos, causa que no tramitarán en la Corte, sino en primera instancia.
Lorenzetti : -Allí, en los juzgados de primera instancia, es donde la gente deberá probar cuánto contamina cada empresa y cómo afecta a cada uno. La Corte se preocupará por instar a la recomposición del Riachuelo y, eventualmente, por resarcir un daño moral colectivo sufrido. Para la Corte, la indemnización es lo último, porque antes está la recomposición del medio ambiente.
Ricardo Lorenzetti
La Corte no va a limpiar el Riachuelo; la ley le permite pedir al Estado y a la empresas presentar planes
Carmen Argibay
A las empresas les van a preocupar los reclamos vecinales, causas que tramitan en primera instancia
Firma de un acta acuerdo
Anteayer se firmó el acta acuerdo para la constitución de la Comisión de Coordinación de la Cuenca Matanza Riachuelo (Cumari). Estará compuesta por el gobierno nacional, por medio de la Subsecretaría de Recursos Hídricos; el Instituto Nacional del Agua, la Administración General de Puertos y la Prefectura, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el porteño y los municipios de Avellaneda y La Matanza, a los que se suman la Fundación Ciudad, la Fundación TDH, la Unión Industrial de Avellaneda y la Fundación por La Boca.
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