Disputa judicial. La Ciudad, contra el otro casino

Aunque quiere percibir ganancias

21 de enero de 2006

La apertura de un segundo casino flotante en el Puerto de Buenos Aires cayó mal en el gobierno porteño, aunque sus funcionarios dijeron que ante el hecho consumado van a tratar de recaudar el porcentaje de las ganancias que corresponde.

"Gustarnos, no nos gusta. Sin embargo, estamos ante un hecho consumado por el acuerdo firmado en la época de Menem. Y ante esto no podemos hacer nada. Sí trataremos de, por lo menos, hacer cumplir el acuerdo para recaudar para la Ciudad la parte de las ganancias estipulada", dijo un alto funcionario porteño a LA NACION.

A pesar de esta reacción política, el área jurídica del gobierno ya se había puesto en marcha para oponerse al funcionamiento del segundo barco.

Apelaron a mediados de diciembre de 2005 la medida cautelar, dictada por la justicia federal, que le ordenaba no interponerse contra los derechos adquiridos por Casino de Buenos Aires para hacer funcionar el segundo barco. Además, reclamaron la incompetencia de la justicia federal y argumentaron que el asunto debe quedar en manos de la justicia en lo contencioso administrativo porteña.

Un convenio suscripto entre la ciudad y la Nación permitió repartirse entre ambas jurisdicciones las ganancias del juego, pero en los anexos incluyó la posibilidad de que el casino abriera una segunda sala flotante.

El juez en lo contencioso administrativo porteño Roberto Gallardo declaró inconstitucional ese convenio y lo dejó sin efecto. Apelada la medida, la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó parcialmente el fallo de Gallardo, pero le dio la razón en cuanto a la inconstitucionalidad del convenio y tildó de ilegal el funcionamiento de un segundo barco casino.

Esa resolución fue apelada ante el superior Tribunal de Justicia. Mientras tanto, al ver amenazado el negocio, el casino presentó ante el juez en lo contencioso administrativo federal Sergio Fernández un recurso de amparo. El juez hizo lugar a la medida cautelar y ordenó no cambiar nada que afecte los derechos del casino para explotar el segundo barco, emanados del convenio que la justicia porteña desconoció.

Así las cosas, la solución es que las disputas entre ambas jurisdicciones, porteña y nacional, termine de dirimirse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya tiene dicho en otros fallos, que es la ciudad quien tiene el poder para decidir sobre el juego en su jurisdicción, como lo es cada provincia en su caso.

Hernán Cappiello

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