La Corte considera "de bajo nivel" los objetivos fijados para limpiar el Riachuelo

La Corte Suprema de Justicia advirtió hoy a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo que son de nivel "bajo" los objetivos que se propone en la calidad del agua, por lo que "es fácil decir que se cumplieron", en el marco de una nueva audiencia pública sobre el saneamiento del Riachuelo.

El presidente de la ACUMAR y secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, explicó que se fijó "objetivos que no fueron objetados y estamos cumpliendo con ellos" y anunció que "para fin de año, principios del año próximo" estará terminada la construcción de la mayor planta de tratamiento de efluentes domiciliarios que se vuelcan en la cuenca. El cuestionamiento fue realizado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien escuchó el informe junto a los jueces del tribunal Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.

Lorenzetti interrogó al representante del organismo integrado por la Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires sobre los trabajos que apuntan a la calidad del agua, cuestiones sanitarias de la población de la zona de influencia y controles presupuestarios y de ejecución de las obras.

En ese sentido, consultó a Mussi si la ACUMAR controla las subcontrataciones de las empresas del Estado encargadas de los trabajos, concretamente AYSA.

"No lo hacemos, porque la empresa las hace como parte de un plan director", respondió el funcionario, y aclaró que cuando el organismo que preside asigna un presupuesto para una obra específica sí se verifica el cumplimiento, ante lo que Lorenzetti replicó: "Luego lo conversaremos con los representantes de AYSA".

Mussi sostuvo que la ACUMAR firmó un convenio con la Auditoría General de la Nación para que se controlen los trabajos y, en ese contexto, enumeró que fueron retirados 100 automóviles o autopartes del cauce hídrico y la totalidad de los buques hundidos.

La primera petición de limpieza es de 1812

En ese sentido, el funcionario recordó que la primera demanda para la remoción de embarcaciones data de 1812 y fue formulado por "Martin Thompson, el esposo de Mariquita Sánchez de Thompson".

Además, destacó el traslado de la feria La Saladita, la relocalización de decenas de barrios de emergencia y la erradicación de basurales, punto sobre el cual aclaró que "falta un 32 por ciento" de los que existían, lo que fue considerado como "mucho" por Lorenzetti.

Mussi reconoció "problemas de presupuesto" que atraviesa la ACUMAR, lo que llevó a los jueces de la Corte a concluir que "es importante contar con el financiamiento internacional para culminar con esta obra".

El funcionario afirmó que la "ciudad debía aportar 160 millones de pesos y solo aportó 25 millones. La provincia tampoco aportó sus 160 millones de pesos". "En cambio, la Nación ya giró los 320 millones de pesos correspondientes", expresó Mussi ante los jueces del tribunal.

En la audiencia, que pasó a cuarto intermedio, los jueces también recibieron la exposición del representante de la provincia de Buenos Aires, José Luis Enríquez, y de la Capital Federal, Julio Marcelo Conte Grand.

La convocatoria fue realizada para evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo "Mendoza y otros").

Otros citados por la Corte

La corte también había citado a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para que informen sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la ACUMAR.

Además convocó al Defensor del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación, para que informen sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.

Agencia DyN