La Corte ordenó revisar el fallo que otorgó la libertad a un violador

LA PLATA.- Mientras ayer se conoció otro fallo judicial que liberó a un violador condenado por abusar de los cuatro hijos de su concubina, la Suprema Corte de Justicia bonaerense decidió revisar la resolución de una sala de la Cámara de Apelaciones de San Isidro que otorgó salidas laborales a un detenido, a pesar de que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) había desaconsejado la medida.

La intervención de la Corte provincial fue revelada por el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, que detalló en un comunicado que en las últimas horas un inspector enviado por el máximo tribunal de la provincia se hizo presente en la Cámara de Apelaciones de San Isidro "para analizar el expediente que otorga el régimen de salidas transitorias" a Diego Olivera, que en 1999 violó a una niña de 13 años en Pilar.

La información fue confirmada luego por voceros del máximo tribunal de la provincia quienes aseguraron que pasado mañana, la Corte analizará en un plenario el polémico fallo.

Según explicaron las fuentes, en caso de detectarse algún tipo de irregularidad, sería el primer paso para plantear un jury para Raúl Borrino y Celia Margarita Vázquez, los dos camaristas que otorgaron la libertad transitoria al violador, pedido al que se sumarían legisladores bonaerenses.

En tanto, la controversia generada por el beneficio otorgado a Olivera se reavivó ayer con la excarcelación concedida por un juez platense a otro violador, que había sido condenado a 14 años de prisión por abusar de los cuatro hijos de su concubina.

El beneficio fue otorgado por el titular del Juzgado de Transición N° 1 de esta ciudad, Horacio Nardo, que concedió la excarcelación bajo caución real de 5000 pesos a Teófilo Aguilar, de 48 años, a pesar de haber cumplido sólo cinco años de su pena, por abusar sexualmente de niños de 4, 6, 7, y 14 años -este último discapacitado mental-, hijos de su concubina, en aplicación de la ley del "dos por uno".

Repercusiones

En consonancia con el anuncio formulado por Di Rocco, diputados provinciales del PJ elevaron al procurador general de la Corte, Eduardo Matías de la Cruz, una solicitud para que estudie la alternativa de enjuiciar a Borrino y Margarita Vázquez que otorgaron el beneficio a Olivera, con la oposición del tercer camarista, Fernando Maroto.

Asimismo, el titular del bloque de la Democracia Cristiana de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Masson, anunció que presentará un pedido de juicio político al doctor Borrino, "a raíz de los aberrantes fallos dictados, particularmente a las causas que involucran delitos de violación y abuso deshonesto".

Por otra parte, el titular de la cartera de Justicia aseguró que no aumentaron los casos de delitos sexuales en la provincia, aunque aclaró que "es difícil llevar una estadística, debido a que muchos hechos no se denuncian".

Añadió que de los 23.680 presos alojados en las cárceles bonaerenses, 895 de ellos -el 3,7 por ciento-, está acusado de delitos sexuales.

Di Rocco destacó la media sanción otorgada anteayer por la Cámara de Diputados provincial, que reforma el Código de Ejecución Penal y excluye de los beneficios carcelarios de régimen abierto y salidas transitorias a los condenados por delitos contra la integridad sexual.

El autor del proyecto, y titular de la Cámara baja, Osvaldo Mércuri, se mostró optimista en que la iniciativa se convierta en ley la semana venidera, cuando sea tratado por el Senado.

Con el diputado justicialista coincidió la vicegobernadora bonaerense, Graciela Giannettasio, que respaldó también la media sanción, y estimó que se debatirá en la sesión del martes próximo, oportunidad en la que "serán los legisladores quienes tendrán que decir cuál es su opinión".

En tanto, el diputado nacional Carlos Ruckauf (PJ), anticipó ayer que impulsa un proyecto de ley similar al de Mércuri, aunque con la particularidad de incluir modificaciones de fondo al Código Procesal Penal, concretamente a través de la reforma de sus artículos 80, 90, 119 y 124.

El legislador explicó a LA NACION que "básicamente se apunta a un incremento de las penas para los autores de delitos sexuales", que incluye, por ejemplo, la reclusión perpetua por tiempo indeterminado en los casos de violación seguida de muerte.

El ex gobernador bonaerense estimó que el proyecto en cuestión gozará de consenso a la hora de su debate, "teniendo en cuenta -dijo- que la diputada Hilda González de Duhalde manifestó su apoyo."

La esposa del ex presidente de la Nación, en tanto, se mostró partidaria de impulsar la pena de muerte para los condenados por el delito de violación seguido de muerte.

La actual legisladora nacional dijo, en diálogo con Radio 10 que "a los que violan y matan, a pesar de que soy católica, les aplicaría la pena de muerte. También es cierto que hay países en los que funciona este castigo y la situación no ha mejorado. Cualquier persona que ha sufrido una violación pensaría lo mismo que yo. El violador no se cura. Va a salir y va a seguir violando", dijo.