Por dilaciones en la Justicia. La demora frustró un trasplante

La decisión de una jueza bonaerense, que impidió el viernes último la ablación de los órganos de una joven, desató una ola de críticas y una conclusión: la ignorancia de la magistrada fue la clave del problema.

Tanto la presidenta del Instituto Nacional Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) como su par de la provincia de Buenos Aires mostraron su disconformidad con la jueza Susana Gordiola, titular del Juzgado Nº1 de Menores de La Matanza.

"La actitud de la jueza es incomprensible", se quejó Carlos Soratti, presidente del Centro Unico Coordinador e Implante bonaerense (Cucaiba).

El funcionario no encontró explicaciones a la decisión de la magistrada, que se negó a autorizar una cirugía de ablación en el cuerpo de una menor de 16 años que había muerto de un disparo de bala en la cabeza al intentar suicidarse.

"El tema muestra una total desinformación sobre los procesos que establece la ley. Entendemos la intervención judicial en los casos de muerte violenta, pero no es posible que la Justicia desconozca que en estos temas el tiempo es vital", fue la opinión de la doctora María del Carmen Bacqué, a cargo del Incucai.

La funcionaria se refería a que el secretario de Gordiola se excusó de dar una respuesta inmediata y prometió contestar el lunes siguiente, es decir, tres días después. No sabía que después de seis horas de la muerte los órganos de un adulto no pueden ser utilizados en un trasplante.

"No se puede entender; necesitábamos esa autorización lo antes posible -dijo indignado el presidente del Cucaiba-. La negativa de la jueza tiró por la borda el trabajo de muchos años. Hay muchas personas que esperan con ansiedad y esperanza encontrar un órgano para poder realizar un trasplante."

El Cucaiba recibió un llamado del hospital Güemes, situado en Haedo, donde denunciaban la presencia de una potencial donante. Una vez firmada el acta de muerte cerebral, el Cucaiba consiguió la autorización de la familia de la menor para donar los órganos, pero como se trataba de una muerte violenta sólo faltaba un paso: el permiso de la jueza para realizar la cirugía de ablación. Una respuesta que nunca llegó.

Postura cerrada

"Los familiares de la víctima se comportaron de maravilla. El dolor que tenían por la muerte de la chica no impidió que, sin dudarlo, donaran los órganos con total conciencia. Ellos hicieron todo lo que tenían a su alcance, más no le podíamos pedir. La jueza tuvo una postura muy cerrada", contó Soratti.

El Cucaiba informó que la negativa de Gordiola imposibilitó llevar a cabo trasplantes de corazón, pulmones, riñones, hígado y páncreas en personas que lo necesitan con urgencia.

Desde las organizaciones civiles también se criticó la medida de la jueza bonaerense. Juan Carr, a cargo de la Red Solidaria, no titubeó: "Esto prueba el desconocimiento sobre el tema. La única manera en que las 5500 personas que necesitan un trasplante lo logren es mediante la solidaridad. Una nueva cultura solidaria se consigue con una campaña educativa profunda, seria y sostenida. Hay buenas intenciones, pero no alcanzan."

"Es una barbaridad. Si la jueza hubiera tomado una decisión rápida se habrían salvado vidas. Es incomprensible, no se puede entender. Sólo el año último murieron 270 personas en lista de espera", se lamentó el titular de la Fundación Amor y Vida, Rodolfo Sánchez, una asociación que agrupa a quienes esperan un trasplante y a sus familiares.

Según informó Soratti, en lo que va del año hubo 500 muertes similares a la del viernes último. En la mitad de ellas hacía falta la autorización de un juez. Hasta el viernes último, los magistrados nunca le habían negado el permiso. Con él coincidió Bacqué, al afirmar que la pérdida de ablación por negativa judicial representa menos del uno por ciento, aunque no por eso deja de ser lamentable.

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