La droga también invade los barrios de la ciudad, según los curas porteños

Con un documento que presentarán públicamente el martes próximo, los sacerdotes de la arquidiócesis de Buenos Aires se sumarán a la denuncia que hizo el grupo de sus pares que vive en 13 villas de emergencia porteñas, cuyo coordinador, el padre José María Di Paola, fue amenazado de muerte.

Dirán, entre otras cosas, que el flagelo de la droga no tiene como único eje a los asentamientos. Por el contrario, ya se ha extendido a muchos barrios del distrito, tal como los curas pueden apreciar durante su labor pastoral.

Un adelanto de esta situación fue dado por el cardenal Jorge Bergoglio el miércoles pasado, cuando reclamó a los docentes que "salgan de su encierro" y vean cómo la droga se vende en las puertas mismas de los establecimientos.

En tanto, ayer se conoció que otro sacerdote, en Lanús, sufrió en noviembre pasado una intimidación similar a la de Di Paola y que curas mexicanos reclamaron proyección de ese Estado ante las continuas amenazas que reciben por denunciar al narcotráfico.

En un documento del 3 del actual, el Equipo de Sacerdotes para la Pastoral de las Villas de Emergencia, había expresado que "la droga está despenalizada de hecho".

"Es lo que vemos también nosotros en nuestros barrios", dijo ayer a LA NACION uno de los sacerdotes que está preparando el texto del martes próximo, en el que repudiarán la intimidación a Di Paola y ampliarán la denuncia sobre la difusión del tráfico y consumo de drogas en Buenos Aires.

"La droga toca a toda la ciudad y a todas las realidades. Con humildad, digo que nosotros tenemos un termómetro social sobre lo que pasa y sabemos que la droga se vende en las puertas de las escuelas", dijo a LA NACION uno de los autores de ese escrito, que contó que la iniciativa de apoyar a los "curas villeros" surgió de forma natural en muchos de los que escucharon a Di Paola relatar cómo recibió la amenaza de muerte.

Anteayer por la mañana, el padre Pepe, como es conocido Di Paola, asistió a la reunión anual de sacerdotes con el cardenal Bergoglio, realizada en el seminario de Devoto y de la que participaban unos 400 sacerdotes.

Lo que comenzó como un simple mensaje de adhesión al trabajo de la veintena de curas que viven en villas porteñas, se transformó en un documento que, en apenas 48 horas, sumó más de 200 adhesiones. En total, en la arquidiócesis de Buenos Aires, hay unos 460 sacerdotes seculares y otros 420 pertenecientes a congregaciones religiosas.

"Primero, pensamos transmitirles que no están solos, pero luego vimos que era oportuno decir a toda la sociedad que esto no es algo del padre Pepe, sino un pensamiento de la Iglesia en el país", dijo el sacerdote y recordó el documento sobre drogas presentado el año pasado por el Episcopado.

Ese presbítero dijo también que Bergoglio les dio "total libertad" para hacer lo que creyeran conveniente. Además, destacó la "escasez de recursos humanos y, quizá, de decisión política para erradicar la droga y ayudar en la recuperación de los chicos. Estas son decisiones políticas, no de un gobierno determinado, sino de un proyecto de país y de ciudad que a nosotros nos supera".

Otras amenazas

Al conocer lo sucedido a Di Paola, otro sacerdote, el padre Pablo Osow, escribió en un texto en Internet que a él también le pasó lo mismo en noviembre pasado.

"La amenaza me llegó a través de personas vinculadas a la comunidad. Me dijeron de parte de algún traficante de droga: "Si vos no te dejás de jorobar con el tema de ayudar a los drogadictos, te vamos a hacer boleta", recordó el cura, de 36 años, en un diálogo mantenido ayer con LA NACION en su parroquia, San Pedro Armengol, en Gerli, Lanús Oeste.

Osow, que pertenece al movimiento Shoenstatt, lleva adelante un programa gratuito de recuperación de adictos, que se llama Reintentar.

"Admiro mucho la obra que realiza Di Paola en la Villa 21, de Barracas. Espero que pronto pueda conocerlo personalmente", destacó Osow y contó que él no hizo la denuncia.

Ayer, también se supo que la Iglesia en México pidió al gobierno de ese país "protección" para sus sacerdotes luego de que muchos de ellos recibieran amenazas.

Allí, el arzobispo de Durango, monseñor Héctor González, identificó el lugar donde viviría Joaquín Guzmán, prófugo de la justicia en una investigación por narcotráfico. Según informó la agencia de noticias AFP, tras la denuncia de ese obispo aparecieron asesinados dos militares y la arquidiócesis de México emitió un documento titulado "Narcotráfico, en la puerta del infierno".

En él, la Iglesia mexicana afirma: "Nos preocupa la seguridad de nuestros obispos, sacerdotes y fieles, pero es obligación de la Iglesia alzar la voz contra aquellos criminales que dañan la sociedad, aunque sacerdotes y militares pongan en riesgo su vida en medio de la impunidad".

En tanto, el sitio católico El Observador informa que, en 2007, tres sacerdotes fueron asesinados y que son unos 300 los curas que en México abandonaron sus iglesias a raíz de amenazas de muerte.