La estación Once está destruida y ocupada por una empresa que no paga

La anterior concesionaria paralizó las obras, pero continúa cobrando los alquileres
Gabriel Sued
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19 de marzo de 2005  

"Así será la nueva estación Once", dice el cartel gigante ubicado sobre la entrada principal de la terminal de trenes. La imagen muestra un lugar espacioso y reluciente, con pisos lustrados que reflejan los cuerpos, escaleras mecánicas y comercios con coquetos toldos rojos.

Un rápido vistazo a la estación por la que pasan alrededor de 400.000 personas por día alcanza para darse cuenta de que la realidad es la contracara de lo que promete el letrero: el frente del edificio se está cayendo a pedazos, las paredes están descascaradas, un sector de locales está demolido y cubierto por paneles de madera -detrás de los que se amontona basura-, hay goteras en los techos y un fuerte olor a podrido en algunas áreas.

Razones concretas explican el contraste: la estación de trenes de Once está, desde hace más de cuatro años, ocupada por una empresa que paralizó las obras de ampliación, remodelación y mantenimiento a las que se había comprometido al adjudicarse la concesión y que, pese a que cobra los alquileres de los comercios que allí funcionan, no paga al Estado el canon mensual obligatorio, de alrededor de 100.000 pesos.

Por ese motivo, el gobierno nacional dispuso, en junio de 2002, la rescisión del contrato con la empresa concesionaria, Decsa SA, y el desalojo de la terminal. En 2003, el Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) convocó a una nueva licitación, que, en abril de 2004, se adjudicó la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por los principales accionistas de la firma TEBA (que administra la estación de ómnibus de Retiro).

Pero mientras que el desalojo de la terminal nunca se produjo, por diversos planteos judiciales de Decsa, la firma del contrato con la nueva adjudicataria está congelada desde abril del año pasado por reiterados informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que critican severamente el proceso de licitación, dirigido por el Onabe.

En un dictamen del 24 de enero de 2005, el síndico general de la Nación, Claudio Moroni, enumeró una serie de anomalías y precisó que resulta "insuficiente la documentación para evaluar la capacidad económica, financiera y técnica de los proponentes". El síndico remarcó que la intervención tenía "carácter definitivo".

Para el director Ejecutivo del Onabe, Fernando Suárez, la mayoría de las observaciones de la Sigen no tiene asidero. El funcionario detalló a LA NACION que hace un mes remitieron el expediente al procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, para que apruebe el proceso.

Decsa, en tanto, denunció al Onabe por rescindir el contrato y por llamar a una licitación para beneficiar a TEBA.

De todos modos, si finalmente el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, accede a firmar el contrato con TEBA, las obras de remodelación no podrán comenzar hasta que el Gobierno logre la desocupación del lugar, frenada por decisión de la jueza federal María Servini de Cubría.

Los problemas con Decsa comenzaron pocos meses después de otorgada la concesión, en 1999. Las obras en el hall central de la estación, que debían estar terminadas en noviembre de 2000, quedaron paralizadas a pocos meses de iniciadas. Luego, la empresa entró en concurso de acreedores.

El acuerdo era por 20 años y consistía en que Decsa pagara un canon mensual y se hiciera cargo de las refacciones y del mantenimiento de la estación. El beneficio estaría en el cobro de los alquileres de los casi 50 comercios que hay en la terminal.

Pero, pese a que Decsa pagó por última vez el canon mensual en febrero de 2001, hasta hoy sigue cobrando los alquileres. El perjuicio para el Estado por todos los meses que Decsa ocupa el predio sin pagar nada a cambio es de 4.734.000 pesos. Si a eso se le agrega el monto de las obras que la empresa debía realizar y no realizó, alcanza casi los 20 millones.

El 5 de agosto de 2004, el entonces juez federal en lo contencioso administrativo Osvaldo Guglielmino (hoy procurador del Tesoro) ordenó el desalojo de Decsa. Pero la orden no llegó a ejecutarse por una decisión de Servini de Cubría, que hizo lugar a un recurso de no innovar presentado por Decsa. La decisión de la magistrada fue rechazada el 10 de este mes por la Sala II de la Cámara Federal, que confirmó la decisión de Guglielmino.

La recuperación del predio no parece cercana: por una presentación de uno de los comerciantes contra el desalojo, se abrió una nueva causa en el fuero contencioso administrativo.

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