La explicación de la abogada de los empleados judiciales que no quieren vacunarse

En el Poder Judicial de Córdoba se desató una polémica, que se puede replicar en otros estamentos oficiales y empresas privadas, a raíz de que tres grupos de empleados, unas 60 personas en total, presentaron recursos de reconsideración y advierten que están dispuestos a llegar a la Corte Suprema en rechazo de un acuerdo reglamentario del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esa provincia, que ordenó que desde hoy deben regresar a trabajar de forma presencial quienes tienen el carnet de vacunación completo o recibieron una dosis, pero no tienen comorbilidades. La medida obliga a quienes no están vacunados a presentar un PCR negativo cada 72 horas, o serán licenciados sin goce de sueldo.

En comunicación con LN+, Mariela Pérez Cesaratto, abogada de un grupo de estos trabajadores judiciales, explicó el motivo del planteo y aseguró que la decisión del STJ va por encima de la legislación vigente en el país.

“El TSJ sacó un acuerdo reglamentario que obliga que dice que los trabajadores tienen que tener su carnet de vacunación o presentar una prueba de PCR negativa cada 72 horas para poder trabajar. Consideramos que el TSJ de Córdoba está incurriendo en una invasión de facultades legislativas por varios motivos. Por un lado, las vacunas contra el coronavirus en el país no son obligatorias, ni compulsivas. Es una decisión personal. Todavía está vigente la Constitución Nacional y no hay estado de sitio, por lo cual, hay libertades personales. Además, están utilizando como elemento de coacción la retención de haberes a la que consideramos, como mínimo, acoso laboral. Además, en Córdoba los PCR gratuitos son solo si presentás síntomas o sos contacto estrecho de un caso positivo”, comenzó su explicación la letrada y agregó: “Quiero ser clara, mis clientes no son antivacunas, sí quieren trabajar. No son ñoquis, sí quieren estar en presencialidad, pero no de la manera que propone el TSJ”.

Según Pérez Cesaratto a las 60 personas iniciales se sumaron más. “No son objetores de conciencia, ni personas que no se quieren vacuna por capricho. Tienen miedo porque son tratamientos experimentales. Se tratan de antivirales, que no son vacunas, porque están en fase 3 de ensayo clínico. También es probable que una persona con dos dosis de la vacuna se contagie y, a su vez, contagie a otra persona”, argumentó la letrada.

En ese momento, se generó un cruce con los periodistas a raíz de las afirmaciones de la abogada que desinformaba sobre el proceso en el cual se encuentran las vacunas que se aplican en el país para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19.

La abogada desistió de ese argumento y aseguró que con la decisión del TSJ de Córdoba está violando dos tratados internacionales.

“Todos se presentaron a trabajar con su recurso de reconsideración porque ellos son objetores de conciencia para vacunarse” aseguró Pérez Cesaratto y, ante la consulta sobre la realización de los PCR cada 72 horas dijo: “Es invasivo y pone en riesgo la salud de las personas que tienen rinitis alérgica”.