La Federal retira la custodia de sitios públicos porteños

Desde pasado mañana, los agentes de la Policía Federal dejarán de prestar custodia en dependencias públicas porteñas y reducirán el número de efectivos en hospitales de la ciudad, en una polémica medida motivada por una deuda de 34 millones de pesos que el gobierno de Mauricio Macri mantiene con la fuerza federal de seguridad.

De esta manera, no habrá más custodia de la Policía Federal en los 15 centros de gestión y participación comunal y en diez centros deportivos, y se reducirá en la terminal de ómnibus de Retiro, donde ya no se prestarán adicionales, en 12 hospitales, y en parques y cementerios, entre otros sitios (ver aparte).

Así lo detalla un escrito firmado por el comisario inspector Rubén Spettoli, jefe del Departamento Policía Adicional, dirigido el 21 del actual al subsecretario de Seguridad porteño, Matías Molinero, y al que tuvo acceso LA NACION.

Esta decisión agudiza aún más las diferencias entre los gobiernos nacional y porteño tras las acusaciones cruzadas por la responsabilidad de las escuchas telefónicas que, según investiga la Justicia, realizó el abogado y ex integrante de la Policía Federal de seguridad Ciro James. El ex uniformado trabajó también para el Ministerio de Educación porteño e intentó formar parte de la nueva Policía Metropolitana.

Según explicaron fuentes de la Policía Federal y de la ciudad, la deuda de la administración porteña asciende a 34 millones de pesos por el servicio de horas adicionales. Los atrasos en los pagos datan de enero pasado, agregaron los voceros consultados.

"Persistiendo la falta de respuesta a los distintos reclamos de deudas que le fueron cursados, ya sea a nivel ministerial como por los diferentes estamentos de esta institución, se informa las prestaciones que a partir del 1° de noviembre se dejarán sin efecto", especificó el aviso del comisario inspector Spettoli al gobierno porteño.

En septiembre pasado, la Policía Federal comenzó a reducir progresivamente la cantidad de uniformados en plazas, hospitales, corredores seguros y centros comunales, según indicaron en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad.

La explicación que dieron desde la Policía Federal a LA NACION es que se "cansaron" de tener que hacerse cargo de pagar las horas adicionales de los uniformados que prestan tareas de vigilancia en dependencias porteñas, según confiaron autoridades de esa fuerza de seguridad. Sostienen que el dinero que utilizan para abonar las horas adicionales lo podrían usar en adquirir equipamiento tecnológico.

"Estamos trabajando para relevar los objetivos de la ciudad que están sin el servicio de policía adicional, con personal propio o seguridad privada, pero es un tema delicado el que estamos afrontando", dijo a LA NACION Molinero.

Consultado el funcionario sobre si este conflicto con la Policía Federal responde a una cuestión política, Molinero afirmó: "Para nada responde a una cuestión política, la deuda tiene que ver con una falta de recursos. Veremos cómo se soluciona esta situación".

Quién cuida la ciudad

Por mes, la ciudad contrata a 1363 uniformados federales (1181 agentes o suboficiales y 182 oficiales fiscalizadores) para cubrir 223 objetivos asignados. En total, la ciudad cubre con custodia 380 objetivos, para lo que utiliza, además de los uniformados de la Policía Federal, 443 agentes propios y 2000 efectivos de seguridad privada.

"El servicio de la Policía Federal le cuesta a la ciudad 55 pesos por un módulo de cuatro horas, mientras que el de seguridad privada le cuesta 18 pesos por hora", indicó un funcionario porteño.

El problema es que, según supo LA NACION, el gobierno de Macri les adeudaría los últimos tres salarios también a las empresas de seguridad privada que contrata, por lo tanto éstas no ven con buenos ojos la posibilidad de suplantar a los agentes policiales cuando reclaman que se les pague en término. Además, han solicitado un aumento de su salario, pues pretenden que se les paguen 25 pesos por hora trabajada, en lugar de 18, como ocurre en la actualidad.

Frente a esta disyuntiva, las autoridades porteñas aún no saben cómo se resolverá la situación, aunque esperan que la Policía Federal revierta esta decisión porque "se trata de la seguridad de las personas", dicen en la ciudad. Tampoco respondieron si van a saldar la correspondiente deuda.

Mientras tanto, directores de centros comunales presionan por una solución, pues se mostraron preocupados porque, dicen, consideran indispensable la custodia policial, ya que en esas dependencias se maneja dinero proveniente del pago de multas y de los impuestos.