El conflicto del juego en la ciudad. La Justicia dispuso la intervención de los cinco bingos porteños

Los ingresos irán a una cuenta judicial

15 de octubre de 2005

El juez en lo contencioso administrativo Roberto Gallardo volvió a la carga y ordenó intervenir judicialmente las cinco salas de bingos de la Capital. Pero no sólo eso: ordenó también que se depositen diariamente los ingresos obtenidos en las salas en una cuenta judicial en el Banco Ciudad. Y, si ello no se cumple, los clausurará.

Gallardo ordenó además suspender el llamado a licitación realizado por el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad, que había sido anunciado y suspendido por el gobierno porteño.

En respuesta a la medida del juez, la procuradora porteña, Alejandra Taddei, afirmó: "Gallardo suspende una licitación que no conoce, que no violaba la ley".

Según explicó, "la Procuración había revisado los pliegos y le había hecho observaciones. Con esas observaciones, era correcta".

Representantes de izquierda

El fallo hizo lugar a una acción de amparo presentada por el interbloque de izquierda de la Legislatura porteña contra el gobierno de la ciudad para que cesara "en la omisión manifiestamente ilegal y arbitraria de no cumplir con la ley que prohíbe la renovación de permisos y concesiones" en esas salas de juego.

El conflicto comenzó hace casi un mes cuando vencieron las concesiones de los bingos porteños, otorgadas por Lotería Nacional cuando Buenos Aires aún no era una ciudad autónoma. Y, pese a que ahora tanto la Constitución de la Capital como la ley 538 de la ciudad establecen que la Ciudad tiene competencia exclusiva en la regulación, la explotación, la administración y el control de los juegos de azar, el Estado nacional prorrogó por dos años las autorizaciones oportunamente extendidas. Y no sólo eso, Lotería Nacional sostiene que trabaja en los pliegos de una futura licitación.

Entretanto, el gobierno de Aníbal Ibarra comenzó el proceso de licitación pública para la futura operación de los bingos Lavalle, Congreso, Caballito, Belgrano y Flores, aunque el llamado iba a concretarse en los próximos días.

Es que para el juez ni el Instituto de Juegos local, ni la Lotería Nacional tendrían esta potestad.

Constitución porteña

Como argumentación, Gallardo menciona en el fallo el artículo 50 de la Constitución de la Capital que establece que es la que "regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido es destinado a la asistencia y al desarrollo social".

Fue por eso que el juez ordenó al Instituto del Juego que en el término de dos días nombrara a diez profesionales para designarlos como "interventores informantes del juzgado" en cada uno de los establecimientos. Ellos tendrán la función de "visar" cada depósito de las salas.

Según Taddei, la licitación que promovía la Ciudad no privatizaba ni concesionaba los bingos. "Lo que se licitaba era la operación de los bingos por cuenta y orden del Instituto del Juego", dijo Tadei. Esto significa que las empresas que hubieran operado los bingos deberían haber depositado los ingresos en la cuenta del Instituto.

"Este fallo, lejos de afianzar la autonomía de la Ciudad, la pone en riesgo. El gobierno no había consentido la prórroga de Lotería Nacional y había sido impugnada por nosotros", agregó Tadei.

En los bingos se recaudan unos 269.011.000 pesos por año, según cifras de 2003, pero el verdadero negocio son las máquinas tragamonedas, que la Justicia les prohibió instalar. Por eso la expectativa está puesta en si con la extensión de las concesiones se les permitirá su funcionamiento.

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