La oficina de mediadores, a paso lento

Fue creada para resolver problemas de convivencia entre vecinos, de modo de evitar los juicios
Ángeles Castro
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13 de abril de 2004  

La legisladora porteña por el macrismo Paula Bertol denunció irregularidades en el funcionamiento de las oficinas de mediación en los Centros de Gestión y Participación (CGP) de la ciudad, que van desde el nombramiento de profesionales no abogados al mando de esas reparticiones hasta la contratación del personal por sueldos bajos en relación con el trabajo realizado.

Paralelamente, la diputada por la oposición objetó la falta de uniformidad en los horarios de atención y cuestionó que el 0800-222-CGP(247) del gobierno porteño brinda información errónea sobre los días y horas en los que los despachos permanecen abiertos.

Durante una recorrida por algunos CGP, LA NACION comprobó la veracidad de las acusaciones. Por ejemplo, en el CGP 2 de Coronel Díaz 2110 la responsable de la oficina resultó ser una psicóloga que atiende los martes y los jueves, de 10 a 14. Sin embargo, cuando LA NACION llegó al lugar un jueves a las 11.30, la licenciada no estaba. Según su secretaria, había salido a una audiencia de la Ciudad.

El CGP 14 Este funciona en el mismo edificio, pero los horarios de los despachos, en cambio, difieren. En este caso abren los lunes, los miércoles y los viernes, de 9.30 a 12.30.

También una psicóloga se encarga de las mediaciones comunitarias en el CGP 13, situado en Cabildo 3061. Ella recibe a quienes ya tienen audiencia fijada, los martes y los jueves, a partir de las 13.30. La información previa la da su secretaria, los lunes y los jueves, de 10 a 14.

Reestructuración

"Cuando asumí en diciembre, decidí reestructurar el sistema de mediación comunitaria, porque encontré que encaraban actividades en cuestiones que no corresponden, como los temas de conflictos por medianeras. La mediación apunta principalmente a problemas de convivencia; conflictos del vecino con la ciudad, con otros vecinos o con comerciantes, por ejemplo. La reestructuración está en proceso", admitió el subsecretario de Justicia porteño, Marcelo Antuña.

Con respecto a la coexistencia de abogados y psicólogos al frente de las oficinas, el funcionario considera que el sistema debe ser "transdisciplinario". Por eso, explicó, el programa de mediación tiene un cuerpo de abogados y un cuerpo de psicólogos que se convocan unos a otros cuando la situación lo requiere.

El informe preparado por Bertol -sobre la base de visitas realizadas a los 16 CGP de la Capital durante enero y febrero últimos- también destaca que los mediadores de los CGP cobran 350 pesos mensuales, cuando en el mercado una sola mediación cuesta 150 pesos. "Y, obviamente, los mediadores particulares realizamos un montón de procesos por mes. Es lastimoso lo que el gobierno porteño les paga", sostuvo la diputada, que es abogada y mediadora, además de ocupar una banca en la Legislatura porteña.

Si se toma el caso del CGP 13, donde informaron a LA NACION que -desde marzo y hasta mediados de este mes- los turnos figuraban cubiertos con tres audiencias por día, los cálculos rápidamente dejan a la vista la falta de correlato entre sueldo y trabajo realizado.

Antuña aceptó que los salarios -que, según él, son de 500 pesos por entre 10 y 15 horas semanales- "no reflejan las tareas que llevan adelante" los mediadores y anticipó que planifica incrementarlos apenas la subsecretaría defina algunas cuestiones presupuestarias. "También deseamos incorporar más profesionales para ampliar el servicio y reforzar los CGP con mayor demanda, como el 13. Estimamos que en 45 días podremos hacer ambas cosas", prometió ante la consulta de LA NACION.

Según Bertol, "la mediación comunitaria constituye una instancia valiosísima, porque ayuda a resolver conflictos y evita escaladas de violencia, tanto dentro de la familia como entre vecinos. Además, las estadísticas señalan que durante el proceso se alcanza entre un 30 y un 40% de acuerdos; otra porción, que varía entre el 20 y el 30%, no llega a la Justicia. Es decir que, entre un 60 y un 70% de los casos no se dirime en los tribunales y ahorra costos al sistema judicial. Pero debe funcionar adecuadamente".

Antuña coincidió: "El campo de la mediación es muy amplio. En nuestra sociedad hay una intolerancia cada vez más grande; por eso, debemos apuntar a resolver conflictos de convivencia. El sistema constituye un filtro bastante efectivo para evitar que los procesos lleguen a los tribunales".

Denunciante y denunciado también compartieron la creencia de que resulta necesario crear juzgados vecinales, perfectamente compatibles con el programa de mediación comunitaria.

Por último, el subsecretario de Justicia dijo que -dentro de la ampliación del servicio prevista- planea generar una escuela de mediadores para mejorar la capacitación de los recursos humanos.

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