La seguridad aérea, en estado crítico

Pidieron que fueran liberados los fondos para activar los sistemas que se encuentran fuera de funcionamiento
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15 de diciembre de 2001  

La precariedad en que se desenvuelve la aeronavegación comercial tiene a maltraer al Gobierno. Los pilotos de las aerolíneas comerciales pidieron al presidente Fernando de la Rúa que adoptara urgentes medidas para resolver el crítico estado en que se encuentra la seguridad aérea.

Y la justicia en lo contencioso administrativo intimó a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para que, en el plazo de 20 días, informe a los usuarios sobre el estado de las aeronaves en las que deben viajar y qué calificación tiene cada una de las aerolíneas que operan en el país en relación con la seguridad de sus vuelos.

Ese fallo, respuesta a una acción de amparo presentada hace dos años por el abogado Ricardo Monner Sans, tras el trágico accidente de un avión de LAPA en Aeroparque, fue apelado por el Estado. Así, la intimación quedó congelada hasta que se expida sobre este recurso un tribunal de alzada.

Los embates contra el papel del Gobierno en la aeronavegación llegaron también desde el Congreso. El diputado justicialista Miguel Angel Toma dijo a LA NACION que, en el actual estado de cosas, "el colapso del sistema aerocomercial es ineludible".

Toma adelantó que la semana próxima impulsará en la Cámara baja la creación por ley de la administración federal de aviación civil, un organismo que, tras un necesario período de transición, reemplazará en funciones a la Fuerza Aérea, a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y al Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Según Toma, una de las consecuencias inmediatas de la creación de la administración será el fin del dispendio de fondos derivado de la multiplicidad de organismos. "Por ejemplo, el Orsna es hoy un aparato burocrático que le cuesta al Estado unos nueve millones de pesos al año, tres veces más que lo necesario para mantener en óptimas condiciones los radioayudas, que hoy están en situación crítica", explicó el diputado.

El reclamo de los pilotos

La falta de funcionamiento de los radioayudas de navegación y la necesidad de contar con la administración federal de aviación civil son, además de puntos esenciales del proyecto de Toma, dos de los ejes del reclamo que, por escrito, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) hizo al Gobierno el lunes último.

Una investigación de LA NACION, publicada ese mismo día, reveló que un importante número de radioayudas vitales para la aeronavegación está fuera de servicio. Y que la FAA, encargada del mantenimiento del sistema, carece de presupuesto para dar soluciones a ese problema.

En su pedido oficial, APLA sostiene que los problemas que hoy sufre el sistema aeronáutico civil "serán, en breve, ingredientes contrarios al normal desarrollo de la actividad, habida cuenta del reciente incremento de servicios aéreos, motivado por la baja de tarifas, y un previsible incremento de turismo nacional y extranjero que se transportará en la temporada que se avecina, dado el ofrecimiento al mundo de nuestro país como polo turístico, emprendimiento que deberá ser soportado, entre otros, por el transporte aéreo comercial".

Por eso, solicitaron con carácter de urgencia a De la Rúa:

  • Entrega inmediata a la autoridad aeronáutica (la Fuerza Aérea) de los fondos necesarios para la puesta en servicio durante este mes, como mínimo, de los sistemas ILS y VOR -tipos de radioayuda- del territorio argentino y la gradual restauración del resto de los sistemas deficientes.
  • El tratamiento de la ley para la creación de la administración federal de aviación civil, "para iniciar así una etapa de normalización, independencia y compatibilidad con el resto de los países, dado lo específico y vital de la actividad para el desarrollo de la Nación y de sus habitantes".
  • La inclusión en el presupuesto 2002 de la partida correspondiente al Sistema de Radarización Nacional y su consecuente ejecución.
  • La derogación de la disposición 105/01 de la Fuerza Aérea, basada en el decreto 698/01 del Poder Ejecutivo, que llevó al máximo permitido por la ley de los Estados Unidos las horas de vuelo y de servicio de las tripulaciones, una medida que acotó los tiempos de descanso y que no tomó en cuenta, según APLA, "la antigüedad de los aviones argentinos, la falta de radares adecuados al tránsito aéreo actual y la degradación de los radioayudas".
  • El ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Hernán Lombardi, que también recibió la carta de APLA, aseguró a LA NACION: "La decisión administrativa para solucionar el problema de la falta de mantenimiento de los radioayudas de navegación ya está tomada, porque la seguridad aérea no nos preocupa sólo en alta temporada, sino en todo momento".

    Lombardi admitió que se reunió con Rogelio Cirigliano, secretario de prensa de APLA, hace dos semanas, y que comprometió sus gestiones para resolver el dilema de la seguridad aérea. Pero lo cierto es que, ahora, todos dependen de que Hacienda, efectivamente, libere la partida necesaria para financiar, al menos, la puesta en marcha de las mínimas medidas de ayuda para la aeronavegación.

    Según Lombardi, eso ocurrirá antes de fin de año. Habrá que ver si Economía cumple con su parte.

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