La Universidad de Buenos Aires cumple 30 años enseñando en las cárceles

Este mes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) cumple 30 años enseñando en cárceles argentinas. El Programa UBA XXII fue creado en 1985 con el objetivo de llevar la educación universitaria a los contextos de encierro.

Desde entonces, unos 3000 presos pasaron por este programa y más de 500 se graduaron de alguna de las carreras que se ofrecen en diferentes cárceles federales.

El núcleo del programa funciona en el Centro Universitario Devoto (CUD), un anexo de la UBA en la ex Unidad 2 de Villa Devoto, pero también tiene presencia en la Unidad 3 y la 31 de Ezeiza y en el penal de Marcos Paz.

Los presos pueden estudiar las carreras de Contador Público, Derecho, Letras, Psicología, Sociología. También hay talleres y actividades educativas complementarias.

La importancia de la educación en prisión

Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reveló que de los 132 egresados que tenía el Programa en 2013, un 84 % "no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos". Es decir que, según destaca el informe, "8 de cada 10 graduados del Programa no han vuelto a ser condenados".

Un aspecto que se destaca en este informe son los obstáculos temporales que suelen dificultar que los presos accedan al estudio. "En la mayoría de los casos, quien intente completar sus estudios deberá enfrentarse a la decisión entre trabajar o estudiar" dice el informe y explica que muchos horarios se superponen y están atados a la agenda penitenciaria.

En cuanto al espacio, explican que "la irrupción de la Universidad de Buenos Aires rompió con la lógica espacial de la cárcel, al abrir instancias colectivas de intercambio".

"En un contexto donde los derechos más elementales se ven vulnerados, la palabra funciona como eje para la construcción de la autonomía", resaltan.

Cómo funciona el sistema educativo en la cárcel

Según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep, 2014), publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 48% de los presos de todo el país (unos 32.900) no participa de ningún programa educativo dentro de las cárceles. En los penales que dependen del Servicio Penitenciario Federal, ese porcentaje es de apenas el 14% (unos 1300 presos).

Un 17% de los presos cursa estudios correspondientes al EGB, mientras que un 15% cursa el nivel correspondiente al Polimodal. En tanto apenas unos 1139 presos (1,6%) cursan carreras universitarias o terciarias.

En tanto, un 68,64% de los presos ingresaron a la cárcel con el nivel educativo primario completo. Un 23 % tenía el secundario completo al momento de ser detenido. En tanto sólo un 1,9% había cursado el ciclo terciario o universitario.

La convivencia con la lógica penitenciaria

En una entrevista con LA NACION, Leandro Halperin, actual Secretario de Hacienda del CBC y ex Director del Programa UBA XXII, explicó cuáles son las principales dificultades de educar en contexto de encierro y qué cosas faltan para que el sistema educativo en prisión funcione mejor.

La legislación

La educación para todas las personas es uno de los principios que establece la Constitución Nacional, pero también existe una normativa específica para los contextos de encierro. Se trata de la llamada Ley de Estímulo Educativo, que fue sancionada en 2011. Tal como explica el informe de la Facultad de Derecho y la PPN, esta normativa establece un mecanismo de estímulo educativo, que "consiste fundamentalmente en la reducción de distintos periodos de tiempo, hasta un máximo acumulativo de veinte meses, siempre que el interno complete en forma total o parcial estudios en los diferentes posibles niveles educativos, así como trayectos de formación profesional o equivalentes, para avanzar a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario".

Para la Procuración Penitenciaria "el texto legal no es asertivamente expreso acerca de la posibilidad de extender este estímulo respecto de los institutos de las salidas transitorias, la libertad condicional o la libertad asistida y ello ha generado interpretaciones contradictorias en los tribunales, limitando el impacto de la ley".

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