La valoración de las pruebas

Por León Carlos Arslanian Para LA NACION
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23 de febrero de 2006  

Asistimos hoy a una dura discusión entre un juez de Garantías que niega órdenes de detención requeridas por fiscales en el caso sonado del robo al banco de Acassuso. Dadas las implicancias institucionales que tal cuestión suscita, he considerado oportuno manifestar cuál es la postura del gobierno de la provincia de Buenos Aires y, por ende, de quien suscribe.

Es deber de los magistrados cumplir con el mandato constitucional de administrar justicia de forma eficaz (art. 5, Constitución nacional).

No puede soslayarse que frente al derecho inalienable de todo imputado a que se le respeten las garantías individuales básicas coexiste el de la sociedad en su conjunto de obtener seguridad y paz social. Sólo así puede justificarse el monopolio del poder coercitivo que detenta el Estado.

El Poder Judicial, como el Ministerio Público Fiscal y los juzgados de Garantías deben velar por el mismo tipo de intereses, más allá de la división de tareas que informa la Constitución. No se trata de departamentos estancos ni aislados, sino de unos que se encuentran interrelacionados y que no deben reprimirse mutuamente (James Madison, El Federalista, cap. XLVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1958, p. 210).

Por ello, toda investigación tiene como propósito esclarecer hechos, someter a los imputados a proceso con el fin de juzgarlos y condenarlos, de hallarlos culpables, resguardando en todo momento las garantías constitucionales.

La regla general de la valoración de los medios de prueba es la libertad probatoria -sana crítica racional-, entendida como la libertad que deja la ley en el juzgador de admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad.

No cualquier valoración es producto de la sana crítica, sino sólo aquella que es racional. Esto es, razonable (art. 28, Constitución nacional).

La razonabilidad ha sido definida como el contenido mínimo de justicia que puede contener un acto. Superado ese piso mínimo, se entra en la arbitrariedad, proscripta por la Constitución nacional. Pues todo acto arbitrario es irrazonable y todo acto irrazonable es inconstitucional (Bidart Campos, Germán J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", Buenos Aires, Ediar, ed. 1999-2000, t. I-A, p. 806).

Ello es, precisamente, lo que ha acontecido con la resolución judicial en cuestión, con la que el magistrado interviniente ha incurrido en el vicio de absurdo (o arbitrariedad fáctica). Aquélla basa en un error palmario, grave y ostensible en la conceptuación o juicio al analizar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, tergiversando las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables.

El éxito de la investigación tiene uno de sus pilares en el modo de apreciar el mérito de la prueba. La resolución se basa en hechos y pruebas aisladas, omitiendo su tratamiento conjunto.

Esa misma patología ha sido descalificada en otros casos por el Superior Tribunal Provincial, al entender que la decisión "que resulta de la descomposición de los elementos probatorios, disgregándolos para analizarlos aislada y separadamente, es un método que no resulta aceptable toda vez que el proceso debe tomarse en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí" (SCJBA, 9/6/98. "Buron, Guillermo L. c/ Pucara SA").

El grave vicio técnico que padece la resolución aparece aún mas intolerable a los ojos de la ciudadanía, que observa de forma implacable la defectuosa actuación judicial. No puede ignorarse que el robo a la entidad bancaria conmovió a toda la ciudadanía, sea por la modalidad, la sensación de inseguridad o la impunidad con que pretendieron manejarse sus autores.

La gravedad institucional del caso obliga a superar ápices procesales frustratorios de la adecuada administración de justicia. Como alguna vez dictaminó el procurador general de la Nación, Dr. Lascano: "La difusión y notoriedad que ha alcanzado este proceso llegan a poner a prueba, ante los ojos del país, la eficacia y objetividad de nuestra administración de justicia. [De allí que] cobra en este caso grave trascendencia institucional, porque puede traducirse en menoscabo de la confianza que el pueblo deposita en el Poder Judicial" (CSJN, Penjerek, Norma Mirta, Fallos, 257:132).

En atención a la confianza depositada por la ciudadanía tanto en el Poder Judicial y en la propia institución policial, dicho sentimiento debe mantenerse incólume a través de la prudencia y sabiduría -cualidades inherentes al servicio de justicia-, y que no puede ser defraudado o menoscabado.

En esa inteligencia, y en aras de lograr la tutela inmediata de derechos que no admiten postergación, como es el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva -norte de todo proceso- se requiere de las autoridades implicadas el máximo de los esfuerzos posibles, en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en la disposiciones constitucionales y legales, con una interpretación recta y ortodoxa de la ley penal.

Asistimos hoy a una dura discusión entre un juez de Garantías que niega órdenes de detención requeridas por fiscales en el caso sonado del robo al banco de Acassuso. Dado las implicancias institucionales que tal cuestión suscita, he considerado oportuno manifestar cuál es la postura del gobierno de la provincia de Buenos Aires y, por ende, de quien suscribe.

Es deber de los magistrados cumplir con el mandato constitucional de administrar justicia de forma eficaz (art. 5, Constitución Nacional).

No puede soslayarse que frente al derecho inalienable de todo imputado a que se le respeten las garantías individuales básicas coexiste el de la sociedad en su conjunto de obtener seguridad y paz social. Sólo así puede justificarse el monopolio del poder coercitivo que detenta el Estado.

El Poder Judicial, como el Ministerio Público Fiscal y los juzgados de Garantías deben velar por el mismo tipo de intereses más allá de la división de tareas que informa la Constitución. No se trata de departamentos estancos ni aislados, sino de unos que se encuentran interrelacionados y que no deben reprimirse mutuamente (James Madison, El Federalista, cap. XLVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1958, p. 210).

Es por ello que toda investigación tiene como propósito esclarecer hechos, someter a los imputados a proceso con el fin de juzgarlos y condenarlos, de hallarlos culpables, resguardando en todo momento las garantías constitucionales.

La regla general de la valoración de los medios de prueba es la libertad probatoria -sana crítica racional-, entendida como la libertad que deja la ley en el juzgador de admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad.

No cualquier valoración es producto de la sana crítica, sino sólo aquella que es racional. Esto es, razonable (art. 28, Constitución Nacional).

La razonabilidad ha sido definida como el contenido mínimo de justicia que puede contener un acto. Superado ese piso mínimo, se entra en la arbitrariedad, proscripta por la Constitución Nacional. Pues todo acto arbitrario es irrazonable y todo acto irrazonable es inconstitucional (Bidart Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Ediar, ed. 1999-2000, t. I-A, p. 806).

Ello es, precisamente, lo que ha acontecido con la resolución judicial en cuestión, con la que el magistrado interviniente ha incurrido en el vicio de absurdo (o arbitrariedad fáctica). La misma se basa en un error palmario, grave y ostensible en la conceptuación o juicio al analizar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, tergiversando las reglas de la sana crítica en violación a las normas procesales aplicables.

El éxito de la investigación tiene uno de sus pilares en el modo de apreciar el mérito de la prueba. La resolución se basa en hechos y pruebas aisladas, omitiendo su tratamiento conjunto.

Esa misma patología ha sido descalificada en otros casos por el Superior Tribunal Provincial, al entender que la decisión "que resulta de la descomposición de los elementos probatorios, disgregándolos para analizarlos aislada y separadamente en método que no resulta aceptable toda vez que el proceso debe tomarse en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí" (S.C.J.B.A., 09/06/1998. "Buron, Guillermo L. c. Pucara S. A.")

El grave vicio técnico que padece la resolución aparece aún mas intolerable a los ojos de la ciudadanía, que observa de forma implacable la defectuosa actuación judicial. No puede ignorarse que el robo a la entidad bancaria conmovió a toda la ciudadanía, sea por la modalidad, la sensación de inseguridad o la impunidad con que pretendieron manejarse sus autores.

La gravedad institucional del caso obliga a superar ápices procesales frustratorios de la adecuada administración de justicia. Como alguna vez dictaminó el Procurador General de la Nación, Dr. Lascano: "La difusión y notoriedad que ha alcanzado este proceso, llegan a poner a prueba, ante los ojos del país, la eficacia y objetividad de nuestra administración de justicia. [De allí que] cobra en este caso grave trascendencia institucional, porque puede traducirse en menoscabo de la confianza que el pueblo deposita en el Poder Judicial" (CSJN, Penjerek, Norma Mirta, Fallos, 257:132).

En atención a la confianza depositada por la ciudadanía tanto en el Poder Judicial y en la propia institución policial, dicho sentimiento debe mantenerse incólume a través de la prudencia y sabiduría -cualidades inherentes al servicio de justicia-, y que no puede ser defraudado o menoscabado.

En esa inteligencia, y en aras de lograr la tutela inmediata de derechos que no admiten postergación, como es el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva -norte de todo proceso- se requiere de las autoridades implicadas el máximo de los esfuerzos posibles, en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en la disposiciones constitucionales y legales, con una interpretación recta y ortodoxa de la ley penal.

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