Las barreras que deben atravesar las personas con discapacidad para acceder a la Justicia

Las barreras van desde cuestiones vinculadas a la comunicación, hasta falencias edilicias en las sedes judiciales
Las barreras van desde cuestiones vinculadas a la comunicación, hasta falencias edilicias en las sedes judiciales Fuente: Archivo
Alejandro Horvat
(0)
10 de octubre de 2019  • 10:49

El caso Próvolo, en donde hubo abusos sexuales y torturas a chicos sordomudos en el marco eclesiástico, planteó un desafío para la Justicia, que debió tratar con 16 víctimas con esa discapacidad, entre ellas, un chico que había sido criado por los curas acusados, abusó de sus compañeros y luego fue declarado inimputable. Según el Indec, el 10,2%, de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad. Es un universo amplio, que al momento de acceder a la Justicia presenta distintas dificultades propias de la discapacidad, y otras vinculadas a un sistema que, muchas veces, no está del todo adaptado para tratar esos casos.

"La discapacidad es un concepto que evoluciona porque es el resultado de la deficiencia física más las barreras que produce la discapacidad, y las barreras son culturales. Cuando se hacen las adecuaciones para las necesidades de cada uno, esas barreras se van rompiendo", explica Mabel Remón, directora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus ).

Mabel Remón, directora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus ).
Mabel Remón, directora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus ). Crédito: Gentileza: Adajus

Este programa creado en 2011 cuenta con un equipo interdisciplinario que, en promedio, recibe 200 casos por mes, aunque algunos de ellos son solo consultas. Muchas son situaciones en donde la persona con discapacidad vive durante años con sus derechos vulnerados, sin posibilidad de acceder a la Justicia por no poder tomar conciencia de su situación o por las trabas que se le presentan una vez que realizó la denuncia.

Un caso muy ilustrativo es el de Ricardo González. Él tiene una discapacidad intelectual y trabaja en una cadena de comida rápida desde 1998. En 2013, con la muerte de sus padres, quedó a cargo de un familiar, de quien no podemos especificar el vínculo para cuidar la integridad física de González. Este pariente, sin autorización, le cambió la clave de la cuenta donde recibía su sueldo y le robó el DNI para que no pudiera retirar el efectivo por ventanilla. Durante cuatro años le quitó el sueldo y hasta quiso vender la casa en donde vive actualmente. A raíz de su discapacidad, él no comprende el valor del dinero. Esta persona se gastaba su plata y, a cambio, le entregaba 100 o 200 pesos por mes para conformarlo.

Antes de ir a la comisaría recurrió a Discar, la ONG que que lo acompaña desde la década del 90, ellos fueron, además, los que lo capacitaron para conseguir trabajo. Les dijo que estaba decidido a hacer la denuncia y se pusieron en contacto con Adajus. "También me sacaba la pensión", dijo González que hoy vive en la Ciudad de Buenos Aires, junto a dos personas que aceptaron hacerse cargo de él, mantener la casa y le manejan el dinero de su sueldo, a cambio de vivir ahí.

Los conceptos, un desafío

Las dificultades van desde falencias edilicias en los tribunales, hasta cuestiones vinculadas a que los operadores judiciales no tienen un conocimiento profundo de las implicancias que trae cada discapacidad. En el caso Próvolo, la sordera tiene muchas otras consecuencias, además de la obvia barrera comunicacional. Por ejemplo, también se complejiza la comprensión de conceptos como el bien, el mal o el de Justicia.

"La construcción de la Ley se traduce de un acuerdo político y público. Vos desde chico te vas formando con esa idea de conducta. El niño sordo, que nació sordo y es hijo de padres oyentes -hago esta salvedad- no incorpora esas relaciones del mundo porque no tiene la misma lengua que los padres. En algunos casos hay papás que aprenden y ese aprendizaje es mutuo con el niño. En los casos en los que no se habla lengua de señas en el seno familiar, los límites se ponen en base a lo que se ve. Es por ello que explicar conceptos no es sencillo", dice Remón.

Es decir, si al niño lo retan por tocar un enchufe, tendrá en claro que puntualmente ese acto está mal, pero no podrá internalizar el concepto de que ese acto es riesgoso para luego trasladarlo a otra fuente de electricidad y evitar tener contacto con ella.

También es difícil explicar, debido a las diferencias lingüísticas, las consecuencias de algunos actos. En el Próvolo, explica Remón, los chicos no querían volver por una percepción de sufrimiento, no por entender que estaban siendo abusados y que ese es un hecho que debe ser denunciado.

La importancia de denunciar acompañado por un especialista

La asistencia debe estar presente desde el momento en el que la persona con discapacidad va a denunciar. Deben evitar que un amigo o familiar del denunciante intervenga como mediador al momento de ir a hacer el descargo, para evitar que se tergiversen los dichos, por lo que el equipo de Adajus tiene una línea para emergencias las 24 horas en todo el país.

"Si la víctima es una persona con discapacidad auditiva, van acompañados a denunciar y ese alguien traduce, por eso nuestra intervención es inmediata, para que no medie ningún familiar o persona conocida en esa denuncia. Como nosotros damos clases en la escuela de cadetes de la policía, ellos están preparados para recibir esa denuncia y llamar a quien corresponda. En la discapacidad intelectual intervienen licenciados en comunicación no verbal para poder comunicarse. A veces son acusados de algún delito y en otras veces son víctimas. En alguna población más vulnerable económicamente son utilizados para cometer delitos en grupo y generalmente son los que quedan detenidos", dijo Remón.

Ella indica que una deuda de la sociedad y el Estado es la formación efectiva de traductores e intérpretes públicos en lengua de señas argentina. Es decir, traductores con el debido conocimiento en las materias de derecho para poder actuar en el marco de la Justicia. En nuestro país hay tan solo nueve que pueden inscribirse y colegiarse.

"Surgen muchas complicaciones cuando las personas con discapacidad quieren acceder a la Justicia, porque los operadores judiciales no saben tratar con ellos. En la carrera de Derecho no se enseña nada al respecto. Si esto fuera parte de la currícula, muchas de las cosas que pasan dejarían de pasar", explicó Elías Bustos, un abogado penalista no vidente de 31 años.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Sociedad

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.