Las obras sociales deberán cubrir los tratamientos de fertilización

La Cámara de Diputados aprobó con 204 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones el proyecto que obliga a prepagas y al sistema público a incluir estos procedimientos en el Plan Médico Obligatorio
Laura Serra
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6 de junio de 2013  

Las parejas que tienen dificultades para concebir un hijo ya no tendrán que costear de su bolsillo los tratamientos de fertilización asistida. Con aplausos y vítores, la Cámara de Diputados sancionó ayer la ley que dispone que esos tratamientos sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), por lo que a partir de ahora las obras sociales, prepagas y el sistema público de salud deberán afrontar los costos .

Después de un año de dormir el sueño de los justos en el Senado, la iniciativa finalmente se aprobó por abrumadora mayoría, con 203 votos positivos, 1 negativo (del aliado kirchnerista Julio Ledesma) y 9 abstenciones, en su mayoría del bloque Pro. El resultado final fue festejado por los legisladores como las decenas de mujeres y parejas que siguieron la sesión desde los palcos, exultantes ante la primera respuesta parlamentaria en un tema que ya lleva más de 20 años de vacío legislativo.

La presidenta Cristina Fernández celebró la aprobación en Twitter: "Felicitaciones a todos los que lucharon por la ley; se la ganaron", dijo.

La flamante ley establece que en el PMO quedarán comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad (como la fertilización in vitro), incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. Asimismo, podrán acceder a estos procedimientos todas las personas mayores de edad tras expresar un consentimiento informado, más allá de su orientación sexual o de su estado civil.

De acuerdo con el texto aprobado ayer, estarán obligadas a costear las prestaciones tanto el sistema público de salud y las obras sociales (incluida la de la Justicia y la del Congreso) como la medicina prepaga. Los procedimientos y las técnicas incluidos serán aquellos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la inducción a la ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA) y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no o de donante, "según los criterios que establezca la reglamentación" de la ley por el Poder Ejecutivo.

También queda comprendido el servicio de guarda de gametos o tejidos reproductivos para aquellas personas aún menores de edad que, "aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución del embarazo, por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometida su capacidad de procrear en el futuro".

"Todas las personas tienen los mismos derechos según la Constitución. Pero desde hace años vemos cómo se da un proceso de gran inequidad. Aquellos que tienen recursos pueden pagar los tratamientos para tener un hijo, pero otras familias, la mayoría, no", arrancó la presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la kirchnerista María Elena Chieno.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, enfatizó que esta ley "amplía derechos". "Es una norma superadora de la legislación que existe en algunas provincias, ya que abarca a todas las mujeres que no tienen hijos y quieren tenerlos, sin ninguna restricción", explicó.

Sin embargo, algunos diputados -en su mayoría del bloque macrista- expresaron sus reparos a la ley y se abstuvieron. Uno de ellos fue el diputado Jorge Triaca (Pro), quien tiene dos hijas por fertilización asistida.

"Rosario y Esmeralda son fruto del amor, de las ganas con mi esposa de ser padres y de la ciencia, que nos ayudó en este objetivo. Sin embargo, la asignación de los recursos públicos debe realizarse según la prioridad y necesidad. No es lo mismo asignárselos a padres jóvenes que a padres de más de 40 años, o a una persona que padece una patología que a otra que no la tiene", sostuvo.

En similar sentido se expresó la diputada Silvia Majdalani (Pro), aunque votó a favor. A su juicio, la cobertura debería aplicarse a aquellas personas con diagnóstico de infertilidad. "Pese a que es mejorable, ésta es una ley pro vida, por eso voy a votar a favor", explicó. También planteó algunos reparos la diputada Ivana Bianchi (Frente Peronista). "Veo con cierto temor que esta ley permita la donación anónima de gametos. Esto vulnera el derecho más fundamental, el de la identidad. También me preocupa la donación de embriones: me pregunto si no le vamos a abrir la puerta a la eliminación selectiva de embriones porque tienen algún defecto o no reúnen los patrones genéticos deseados", expresó la diputada, quien, no obstante, votó a favor. La nueva ley establece, también, que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación, y deberá crear un registro que incluirá todos los centros habilitados -tanto públicos como privados- para realizar los procedimientos. Además, deberá asignar una partida presupuestaria anual, realizar campañas de información sobre los cuidados de la fertilidad y propiciar la capacitación de recursos humanos especializados.

"Me entusiasma formar parte de un Congreso cuando salda deudas con una porción de la sociedad", enfatizó la flamante jefa de bloque del kirchnerismo, Juliana Di Tullio. "Hubo lobby de todo tipo, pero finalmente logramos que tenga tratamiento un proyecto cajoneado durante años. Esta ley es el principio del fin de una práctica desigual", remarcó la diputada radical María Luisa Storani.

"Éste es un día de festejo en muchos hogares", celebraron Nora Iturraspe (Unidad Popular) y Virginia Linares (FAP). "Estamos saldando una deuda con miles de familias", elogió el radical Jorge Chemes.

Del editor: cómo sigue.

Después de que el kirchnerismo dilatara la aprobación de esta ley, se espera que la reglamentación no corra la misma suerte y se concrete pronto.

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