En la Ciudad de Buenos Aires. Límites para designar jueces

Ibarra firmó un decreto que promueve el control ciudadano

25 de septiembre de 2003

Como para seguir en la sintonía del presidente Néstor Kirchner, el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, firmó ayer un decreto "para hacer más transparente" la designación de los jueces del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal general, el defensor general y el asesor general tutelar del Ministerio Público de la Ciudad.

El decreto de Ibarra mantiene los lineamientos del decreto 222/03, firmado por Kirchner, que promueve el control ciudadano en la designación de los integrantes del Ministerio Público. Hasta aquí, el jefe de gobierno es quien propone a los jueces, con la aprobación de los dos tercios de la Legislatura. El procedimiento cuenta con una auditoría pública realizada por el Poder Legislativo.

La diferencia del nuevo proyecto es que, ahora, dentro de los 60 días de haber quedado vacante cualquiera de los cargos mencionados (60 días antes en los casos en los que hay vencimiento de un período, como los del fiscal general, el defensor y el asesor tutelar), el jefe de gobierno deberá publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios locales de gran circulación el nombre y los antecedentes curriculares de la persona en consideración.

Difusión en la Web

También deberá difundir en la página web de la Ciudad la declaración jurada de bienes del candidato propuesto, la nómina de asociaciones civiles en las que éste participó durante los ocho años anteriores a la postulación, los estudios jurídicos a los que perteneció, la nómina de clientes de los ocho años anteriores y cualquier compromiso propio o de algún familiar que pueda afectar su imparcialidad.

Una vez cumplidos estos pasos, las personas físicas o jurídicas con domicilio en la ciudad podrán presentar por escrito las observaciones que crean pertinentes. Tanto los nombres de quienes realizaron observaciones como las propias observaciones deberán ser publicadas en la página web.

Luego, la autoridad de aplicación realizará un informe que elevará al jefe de gobierno, que dentro de los 15 días de recibido el estudio definirá si mantiene o no la propuesta y si la envía a la Legislatura.

El decreto incluye una cláusula transitoria que le pone "fecha de vencimiento" a las vacantes existentes actualmente: 60 días desde la entrada en vigencia de la norma. Por ejemplo: el Tribunal Superior de Justicia tiene una vacante, surgida tras el fallecimiento de uno de sus miembros (Guillermo Andrés Muñoz), el 18 de julio último. Hasta ahora, el gobierno no había avanzado en el nombramiento de su reemplazante.

La propuesta del jefe de gobierno fue diseñada por la subsecretaria legal y técnica porteña, Alejandra Tadei, junto con organizaciones no gubernamentales como la Unión de Usuarios y Consumidores, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados sobre Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

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