Los componentes de la inseguridad

6 de Septiembre de 1998

LA NACION

¿Qué pasa en la seguridad? Desocupación, pobreza, drogas, desidia o ineficiencia de la fuerzas de seguridad, malos jueces o leyes blandas, despreocupación de las autoridades gubernamentales y legislativas o de los partidos políticos. Todos, de una forma u otra, son los peligrosos componentes que dejaron al desnudo una realidad que golpea a todos y cada vez con mayor fuerza: la inseguridad.

En nuestro país, desde hace décadas, parece cumplirse a rajatabla una norma no escrita que se puede denominar como "la ley de las consecuencias por la imprevisión". Sólo basta refrescar la memoria en nuestra historia reciente. Hechos de violencia, de corrupción y catástrofes fueron los detonantes para que los responsables, en cada caso, fueran catapultados a tomar medidas de emergencias.

Basten como ejemplos elocuentes los atentados a la embajada de Israel y a la sede de la AMIA, cuyos remedios resultaron ser precarios parches en la cámara de un neumático deteriorado por rodar en profundos baches de ineficacia, de falta de experiencia y de abuso de confianza.

Pero, los factores que desencadenaron la inseguridad de hoy son múltiples y la Justicia no está ajena a ello.

La sensación que puede recogerse en los últimos tiempos por los pasillos tribunalicios porteños y de otras sedes judiciales del conurbano, no es la mejor. Era notable, y lo es hoy aún, escuchar comentarios sobre hechos de corrupción o de incumplimiento de sus deberes de varios magistrados que, en varias ocasiones, fueron expuestos a la luz por la prensa y luego los jueces terminaron siendo investigados por jueces.

La transparencia de la justicia pareció empañarse en los últimos tiempos, tal como lo reveló una encuesta del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, elaborada en junio último.En ese estudio, justamente realizado entre magistrados porteños y del Gran Buenos Aires, el 54,5 por ciento de ellos consideró que el actual nivel judicial es el peor en los últimos 10 años, en tanto que el 42,4 por ciento sostuvo que es igual y el restante 3,1 por ciento no supo definirlo.

Hoy la gente está cansada de ver hecho realidad ese conocido dicho: "Los ladrones entran por una puerta y salen por la otra". Tal el caso de hace una semana, en San Telmo, donde dos periodistas de La Prensa fueron golpeados y asaltados por jóvenes delincuentes que, luego de ser detenidos, a las pocas horas recuperaron la libertad y los cacos volvieron a ganar la calle, y hasta continuaron con su merodeo sospechoso en la misma esquina en que habían asaltado a los hombres de prensa. Todo parece una tragicomedia sin fin.

Pero la impunidad que en cierta forma parecen hoy gozar los delincuentes, aunque parezca paradójico, mucho tiene que ver algunas normas procesales y penales de nuestros códigos.

Así lo admitió, en el programa Hora Clave del jueves último, el propio ministro de Justicia de la Nación, Raúl Granillo Ocampo, al reconocer ante las cámaras, cuando se trataba el crecimiento de delito. Dijo que las modificaciones procesales impulsadas hace pocos años en el Congreso, tal como ampliar la excarcelación de dos a tres años, se ha convertido hoy en una "indeseada flexibilización" que favoreció a los ladrones.

En esa ocasión no se recordó otro factor sustancial: la concesión impulsada por el justicialismo de la llamada ley del 2 X 1, que abrió las puertas de las cárceles a decenas de malvivientes, muchos de los cuales se convirtieron en reincidentes en pocos meses o semanas y causaron daños irreparables en decenas víctimas de robos.

Otros ingredientes no menos picantes de la cuestión son la desocupación y la pobreza que, aunque los índices oficiales muestren una sensible disminución, son problemas instalados y, como lo revelaron varios estudios privados, la gente los considera como disparadores del auge delictivo.

Una facultad indelegable

Es cierto que el Estado tiene la facultad indelegable de la seguridad de la sociedad, pero en el momento de lanzarse los dardos críticos sobre las deficiencias, el blanco más cercano para el común de la gente es la policía.

La provincia de Buenos Aires, en los últimos años, está al tope de un doloroso ranking de robos, violencia y muerte. Rodeado por las críticas de la inseguridad en su territorio, el gobernador Eduardo Duhalde, decidió hacer un cambio de raíz.

De la mano del ex camarista federal León Arslanian, a quien convirtió en superministro de Justicia y Seguridad, continúa con una multitudinaria depuración en la cuestionada Policía Bonaerense, a la cual hasta le cambió el nombre por el de Policía de Seguridad.

Un ejemplo de la corrupción y el delito en esa fuerza fue que entre los 15 delincuentes más buscados en la provincia, nueve habían sido policías bonaerenses.

Hoy, el plan de Arslanian continúa en la etapa de siembra de su política en un terreno aún árido por la sucesión de delitos violentos. Ahora sus esperanzas están centradas en la próxima puesta en marcha del nuevo Código de Procedimientos Penales, que será para fines de este mes. Pero el huracán de delitos y cuestionamientos que sufría la provincia de Buenos Aires se desplazó en las últimas semanas a la Capital.Allí se desató una serie de delitos violentos que parecieron desbordar a la Policía Federal y, por carácter transitivo, hicieron crispar los nervios en los despachos del Ministerio de Interior.

Hasta hace pocas semanas, todo parecía estar controlado en el puente de mando del jefe de la fuerza. El comisario general Pablo Baltazar García, en sus esporádicas intervenciones públicas, daba muestras de que la delincuencia en la Capital estaba contenida, pero se afirmaba que los delitos no crecían, pero sí admitía que se ejercían con mayor violencia.

Sin estadísticas a la vista, los medios y la gente se sensibilizaron ante estos hechos, que contrastaban con políticas adoptadas por la policía y, obviamente, dirigidas desde Balcarce 50, eran, entre otras, la de ocultar información.

Uno de esos casos fue el mutismo que rodeo al jefe de la División Seguridad Personal, Roberto Rosa, cuando se lo involucró en la causa de amenazas por la que se comenzó a investigarse al juez federal Norberto Oyarbide.

Justamente esta riesgosa política que se le imprime a la Policía Federal quedó develada públicamente anteayer, durante el encuentro "Los medios y las drogas", organizado en esta capital por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la embajada de los Estados Unidos.

El jefe de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, comisario general Juan Carlos Rafaini, uno de los miembros más antiguos de la plana mayor, reconoció que la actitud de no dar a conocer a los policías que cometieron delitos en hechos de narcotráfico "es una decisión de la institución", pero tuvo la franqueza de admitir que "es un tema para replantear".

Tampoco debemos olvidar las responsabilidades que tiene la política ejercida desde el Gobierno de la ciudad (de lo que se informa a parte).

Los especialistas coinciden en que el problema es complejo. Sólo se resolverá cuando todos los interesados se sienten a una misma mesa.

Ricardo Larrondo

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