Aprobada por la Legislatura. Los datos genéticos, a resguardo por ley

30 de noviembre de 2001

Para proteger la dignidad del hombre y evitar cualquier forma de discriminación por motivos genéticos, la Legislatura porteña sancionó ayer la ley de garantías del patrimonio genético humano.

La norma protege la información sobre el código genético para que sólo su titular pueda manejarlo y disponer de su difusión.

"Protege a los empleados o a quienes compren un seguro o se encuentren afiliados a obras sociales, empresas de medicina prepaga o aseguradoras de riesgo de trabajo, para que no pierdan o no se les niegue ese seguro debido a las características de su conformación genética", explicó el impulsor de la ley, Oscar Moscariello (Demócrata Progresista).

En el artículo octavo, por ejemplo, la ley prohíbe a las compañías de seguro, a las obras sociales, a las empresas de medicina prepaga o aseguradoras de riesgo de trabajo que soliciten análisis genéticos previos a la cobertura de seguros o servicios de salud, así como "entregar bajo ningún concepto o condición información genética predecible" a otras compañías de seguros, obras sociales, personas o empresas que recopilen este tipo de datos.

Moscariello informó que en el recinto, durante la votación, se incorporó un artículo que permite utilizar la información genética con fines estadísticos. "Para que en el futuro podamos llevar adelante políticas públicas", agregó.

El cuerpo aprobó ayer una ley que establece un Régimen Especial de Inasistencias Injustificadas para alumnas embarazadas y alumnos en condición de paternidad que cursen estudios en instituciones estatales o privadas, que dependan de la Secretaría de Educación porteña.

La propuesta de los diputados Jorge Giorno, Vilma Ripoll, Jorge Casabé, Daniel Bravo y Gabriela González Gass incluye el derecho de retirarse del establecimiento educativo una hora diaria durante el primer año de lactancia.

También se sancionó una ley de protección de los agentes públicos que asisten, diagnostican o denuncian casos de violencia intrafamiliar y/o abuso sexual infantil.

La legisladora justicialista Juliana Marino, impulsora de la iniciativa, dijo: "Esta ley de protección impone a la Procuración General de la Ciudad la obligación de asesorar y patrocinar judicialmente a todos aquellos agentes que lo soliciten".

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