La justicia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad falló en favor de la ley 899 de la Legislatura porteña, que reconoce el derecho de los discapacitados a tener espacios comerciales en las líneas de subterráneo.
Pero el vocero de la empresa concesionaria de los subterráneos, Juan Ordóñez, dijo anoche que "Metrovías va a agotar todas las instancias judiciales y se va a atener al contrato original, que no preveía la explotación de los espacios colaterales para otros que no sea la propia empresa".
Ordóñez advirtió que "el contrato dice que esos espacios quedan para Metrovías y no podemos permitir que la Legislatura, sin especificar el modo, nos obligue a cederlos. Si aceptáramos, mañana viene cualquier persona y nos pide espacios o locales. Por eso decimos que vamos a llegar hasta las últimas instancias legales".
Los antecedentes
La ley 899, cuyo autor fue el legislador Cristian Caram, se aprobó el 19 de septiembre de 2002.
Esa ley impone en su artículo primero que "a los fines del emplazamiento de pequeños comercios destinados a personas con necesidades especiales, deberán incluirse en el Registro de Lugares Disponibles confeccionado por la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones los espacios existentes dentro de las estaciones de subterráneo de todas las líneas habilitadas y a habilitar".
Además, la ley reglamenta en el ámbito de la Ciudad lo establecido en el ámbito nacional por la ley 24.308, según se dijo en aquel momento en la sesión que aprobó la norma.
Una vez conocida la letra de la ley, a partir de su difusión en el Boletín Oficial de la Ciudad, Metrovías se presentó ante la Justicia, por considerar que las nuevas disposiciones legales afectaban derechos adquiridos de plena conformidad con normas anteriores.
Según la empresa, esas normas anteriores son la letra del contrato, que no preveía la cesión de locales a ningún otro que no fuera la empresa.
Sin embargo, ayer la Justicia expresó, a través de un fallo, que la vía procesal elegida por Metrovías no era la adecuada para impugnar un conjunto normativo, que requiere una mayor amplitud de debate y prueba que la permitida en los amparos.
Para Caram, "las posibilidades de conseguir empleo para las personas sin ningún tipo de dificultad física son muy escasas en nuestro país de hoy, mucho más complejo es para quienes tienen capacidades diferentes. Esta ley busca igualar a todos los que integran la sociedad, facilitando de algún modo el acceso al trabajo para quienes no pueden competir en igualdad de condiciones".
"La concesionaria no puede aducir que esto se estableció luego de fijar las condiciones del contrato porque existía la normativa a nivel nacional y siempre una ley nacional esta por arriba de la local. La Legislatura sólo guardó estricto correlato con todo el cuerpo normativo internacional, nacional y del distrito."
