El millonario fraude al fisco mediante evasión de controles aduaneros. Más detenidos por el contrabando

Dos despachantes de aduana fueron detenidos ayer por orden del juez Guillermo Tiscornia, quien investiga el millonario fraude al fisco mediante la evasión de los controles aduaneros. En la causa suman ya diez los detenidos, siete de los cuales están procesados y con prisión preventiva por asociación ilícita en concurso real y contrabando agravado.

Los procedimientos fueron efectuados por personal de la Brigada de Investigaciones deQuilmes de la Policía Bonaerense en la avenida Belgrano al 1300, de esta capital, donde se detuvo a Martín Jurado, un ciudadano uruguayo, y en la localidad de Adrogué.

El grupo policial, a cargo del comisario Orlando Segura, colabora con el juez Tiscornia desde el comienzo de la investigación.

Los efectivos están ahora detrás de la captura de otros siete prófugos, entre los cuales habría más funcionarios de la Aduana y un empresario cuya conocida firma se dedica a la venta de ropa a precios mucho más bajos que los de plaza.

La aduana paralela

Cómo se recordará, el juez Tiscornia desbarató una organización que había montado, con la utilización de documentación falsificada y sellos apócrifos, una aduana paralela para ingresar en el ámbito local mercadería catalogada como "en tránsito". Los hechos ilícitos se cometían con la llegada de los contenedores al puerto metropolitano y a la Aduana de Ezeiza.

Allí las mercaderías eran retiradas y llevadas a galpones clandestinos para luego ser vendidas sin que se pagaran las contribuciones aduaneras correspondientes y tampoco el impuesto al valor agregado.

Se calcula que con esta maniobra se habrían evadido unos 3000 millones dólares al fisco.

En los allanamientos ordenados por el juez Tiscornia se decomisaron unos 90 camiones cargados con ropa deportiva, toallas, electrodomésticos, artículos electrónicos y otros productos ingresados en el país de contrabando.

Tiscornia también decomisó una treintena de cajas con documentación que será sometida a peritaje, de manera cruzada con la Dirección General Impositiva, la policía aduanera y personal del juzgado interviniente, a fin de establecer distintas responsabilidades de tipo penal.

Esos análisis permitirán establecer si existió, o no, algún tipo de conocimiento sobre la mercadería que adquirían dos importantes supermercados y una firma de venta de electrodomésticos que fueron allanadas por orden del magistrado.

Responsabilidades

También en los próximos días el juez Tiscornia puede establecer el grado de responsabilidad que pudieron haber tenido durante sus gestiones los ex administradores de la Administración de Aduanas Gustavo Parino y Walter De Fortuna Fuentes judiciales señalaron a La Nación que la situación de ambos podría ser contemplada por el artículo 868 del Código Aduanero que hace referencia a la figura de los actos culposos que pueden facilitar el contrabando.

La norma se refiere claramente a aquellos funcionarios que hayan cometido alguna omisión respecto de la verificación y control o "que mediare manifiesta negligencia" en su desempeño.

Al respecto, durante el último fin de semana, otro juez en lo penal económico, el doctor Julio Cruciani, relativizó las responsabilidades de esos ex funcionarios y dijo que las "mafias de la Aduana están, desde hace tiempo, en los sectores intermedios".

Asimismo, deslizó la posibilidad de que "funcionarios judiciales estén involucrados en las maniobras".

Provocó malestar

Las manifestaciones de Cruciani provocaron malestar en Tiscornia y en otros jueces del fuero, tal el caso de los doctores Bernardo Vidal Durand, Carlos Liporace, Marcelo Aguinsky y Jorge Brugo, quienes consideraron las expresiones "como una intromisión y una falta de ética". Por otra parte, la Cámara en lo Penal Económico, en un acuerdo plenario, resolvió ayer pedirle explicaciones a Cruciani y le ordenó que de los nombres de los funcionarios judiciales involucrados.

El alto tribunal le habría señalado a Cruciani que"en su condición de magistrado debe denunciar la existencia de cualquier hecho ilícito del que tome conocimiento".

Allanaron la Asociación de Golf

Investigación: el procedimiento está vinculado con una causa por contrabando en la que se descubrieron numerosos artículos para la práctica de ese deporte, ingresados de manera ilegal en el país.

La Policía Federal allanó ayer la sede de la Asociación Argentina de Golf, ubicada en el centro comercial Costa Salguero de esta capital, en relación con un millonario contrabando de artículos deportivos que investiga el juez en lo penal económico, Julio Cruciani. El procedimiento se realizó en la sede de la asociación, donde se encontró un contenedor con mercadería deportiva, sin que se hayan presentado hasta el momento las facturas correspondientes a su compra.

"Había un contenedor cargado con mercaderías, se efectuó el inventario ante la presencia de un posible contrabando", señalaron fuentes policiales.

Según explicó el juez Cruciani "los allanamientos se efectúan a partir de la existencia de facturas apócrifas y la gran cantidad de seguimientos que se realizan de la mercadería ingresada ilegalmente en el país".

El operativo estuvo a cargo del subcomisario Hugo Fensore, de la división Delitos Fiscales de la Policía Federal, y se encontraron palos de golf, pelotitas, guantes e indumentaria utilizada para la práctica de ese deporte. Toda la mercadería quedó inventariada y con una faja policial.

Los aficionados se vieron sorprendidos

Aclaración: dirigentes de la Asociación Argentina de Golf dijeron que el predio que ayer fue allanado corresponde a una empresa privada, Villamil Hermanos, que lo alquila desde 1992.

Los aficionados al golf fueron ayer involuntarios testigos del trabajo judicial en una causa en la que se investiga un contrabando. El nuevo procedimiento está vinculado con una investigación iniciada hace días por el juez en lo penal económico Julio Cruciani, que descubrió una treintena de valijas, "dejadas" en el aeropuerto de Ezeiza conteniendo palos de golf.

Ayer, un nuevo operativo se efectuó en el driving range que la Asociación Argentina de Golf (AAG) tiene en la zona de la Costanera.

El objetivo fue decomisar la mercadería existente en el Pro-shop que allí funcionaba hasta el viernes último, cuando fue clausurado por orden de Cruciani.

El negocio pertenece a la firma Villamil Hermanos S.A., que alquila el predio desde 1992.

Recuperados del asombro, los jugadores pudieron continuar con sus prácticas, ya que el resto de las instalaciones no fueron cerradas.

Para Jorge Garasini, director ejecutivo de la AAG, el tema no afecta a la entidad que dirige el golf en nuestro país. "Nuestra única relación con esa empresa es que le arrendamos un espacio. Quiero aclarar que este allanamiento no tiene nada que ver con la AAG, porque nos preocupa que nuestra imagen se asocie con un posible delito", afirmó el dirigente.