Multaron a Fatala por una obra no terminada

Una multa de 1040 pesos por no cumplir con las obras para arreglar los dos sumideros en malas condiciones en la calle Iturri 70, de Villa Crespo, fue la sanción que el juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad, Guillermo Fabio Treacy, impuso al secretario de Obras y Servicios Públicos local, Abel Fatala.

En los últimos días de septiembre, Treacy intimó al funcionario a que informara en dos días el estado de los trabajos en los sumideros de la calle Iturri 71. Pasado ese plazo y debido al incumplimiento, Fatala debió pagar más de 1000 pesos de su sueldo por no haber hecho las obras que hubieran evitado inundaciones.

"Con las lluvias de febrero último los vecinos sufrieron inundaciones debido a las obras que no se hicieron", dijo a LA NACION la Defensora del Pueblo, Alicia Oliveira.

Los vecinos afectados presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo reclamando la limpieza de las zanjas cercanas a las vías del ex ferrocarril San Martín.

Varios oficios y dos cartas documento al secretario de Obras Públicas no fueron suficientes para que se encontrara una solución al conflicto. Por ello, la defensoría decidió presentar una acción de amparo: denunció, además del agua en las viviendas e instalaciones eléctricas, los roedores y el olor nauseabundo que salía de las zanjas.

En desacuerdo

Sólo en marzo último, Obras Públicas -por medio de la Procuración de la Ciudad- reconoció la falta de mantenimiento de los sumideros y se comprometió a empezar la obra en 90 días.

"Yo no apelé ante el juez, pero la verdad es que me pareció una medida absurda. Adelanté trabajos y las obras se están realizando. Creo que ésta es la primera vez en la historia de la ciudad que se hacen obras hidráulicas de este tipo, sacando las realizadas en la década del 40", dijo Fatala.

Y agregó: "Yo pagué, pero ahora quiero que me devuelvan la plata. El problema acá es que tanto el juez como la defensoría tienen un nivel de precariedad muy alta. Me asusta que existan este tipo de funcionarios".

Sin embargo, Treacy debió solicitar la presentación de la documentación en la que la secretaría se comprometía a comenzar con las obras. Como la información se repetía, el juez citó a Osvaldo Busca, encargado de firmar toda la documentación que la subsecretaría había enviado. Por el lado de Oliveira, Cecilia Piñeiro fue la encargada de representar a la entidad. Busca se comprometió a realizar las obras antes de fin de año.

"Obras Públicas decía que iba a revisar las obras y no lo hacía. Al no haber una respuesta se dispuso una sanción procesal a la que Fatala respondió pagando. Finalmente, presentaron un proyecto y la Defensoría es la que debe decir si las obras se están haciendo o no", dijo Treacy.

"Aparentemente empezaron esta semana. La próxima van a ser verificadas por nosotros", dijo Oliveira.

Las obras, que tuvieron un costo de 250.000 pesos, posiblemente estén terminadas la semana próxima. Elisa Brandan vive en Iturri y Leiva. "Cuando llovía demasiado, el agua entraba en mi casa porque no tenía otra salida. Así es que se nos arruinaron varios muebles. Pero a partir de que empezaron con las obras, los problemas comenzaron a desaparecer.

"Quiero la plata"

Abel Fatala

• "No apelé la medida que tomó el juez, no actué como se suele hacer habitualmente. Pero la verdad es que me pareció una medida absurda. Adelanté trabajos y las obras se están realizando. Creo que ésta es la primera vez en la historia de la ciudad que se hacen obras hidráulicas de este tipo, sacando las realizadas en la década del 40."

• "Yo pagué, pero ahora quiero que me devuelvan la plata. El problema acá es que tanto el juez como la Defensoría tienen un nivel de precariedad muy alto. Me asusta que exista este tipo de funcionarios."