Investigan si una paciente que murió en un hospital se había hecho un aborto ilegal

Tenía 33 años y había ingresado a terapia intensiva el viernes pasado; llegó al San Martín con una infección grave
Tenía 33 años y había ingresado a terapia intensiva el viernes pasado; llegó al San Martín con una infección grave Fuente: Archivo - Crédito: Google Maps
Fabiola Czubaj
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10 de diciembre de 2019  • 02:14

El viernes pasado, una mujer de 33 años llegó con una infección grave a la guardia del Hospital San Martín de La Plata. De inmediato, los profesionales indicaron su internación en la unidad de terapia intensiva. Se había descompensado en su casa, en la localidad de Los Hornos. El examen médico y la entrevista con un familiar permitieron inferir en el momento que había empleado un procedimiento casero para provocarse un aborto. Anteayer a la tarde, la mujer murió.

Las autoridades del hospital hicieron la denuncia en la comisaría 9» de La Plata y anteanoche intervino la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 15, a cargo de Cecilia Corfield, que impulsa una investigación penal por "averiguación de causales de muerte" para determinar si participaron terceros para causar un aborto seguido de fallecimiento.

Según se pudo conocer, la mujer llegó al hospital con un familiar a las 17 del viernes pasado. V.V.G., por las iniciales de su nombre, era de nacionalidad paraguaya, tenía tres hijos y no le habría comunicado a la familia que estaba embarazada.

El procedimiento que intentó sin condiciones de seguridad adecuadas provocó una infección generalizada (sepsis) que no se pudo revertir y una insuficiencia orgánica fatal.

V.V.G. tampoco había consultado en la red de consejerías de salud sexual, reproductiva y acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) que funciona en algunos hospitales bonaerenses para recibir asistencia, según explicó Mercedes Contreras, del Consultorio de Asesoría de Salud Sexual Integral del Hospital San Martín.

El equipo, ayer a la mañana, salió a contener a colegas conmocionados por las circunstancias de esta muerte. "Falleció por un aborto inseguro, sin ningún acompañamiento de parte del sistema de salud", señalaron de manera interna.

La autopsia aportará más datos a la investigación sobre lo sucedido. Desde la red de profesionales que asisten a las mujeres que se acercan a las consejerías reclaman ampliar este servicio a todos los centros de salud del primer nivel de atención o CAPS, que son los que están más cerca de la población, para brindar asesoramiento y prevenir secuelas o la muerte.

"A pesar de haber avanzado en la atención sanitaria, esta situación refleja que la expulsión del sistema público de salud continúa y se sostiene gracias a gobiernos que aún insisten en que esta problemática derive en muertes evitables", manifestaron a través de un comunicado la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Regional La Plata de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Algunos de sus integrantes trabajan en el Hospital San Martín.

Reclamo

En el texto, donde recuerdan que "el aborto inseguro mata", también afirman que "es fundamental reforzar que la ILE es un derecho humano y toda institución sanitaria, ya sean centros de salud u hospitales, está obligada a garantizarlo en condiciones seguras y con información fidedigna. El Estado y los gobiernos son responsables del incumplimiento de leyes vigentes que plantean el acceso al aborto en situaciones en las que está en riesgo la salud integral o el embarazo es resultado de una relación no consentida".

Pasado mañana, a las 13, ambas organizaciones convocan a una manifestación frente a la Municipalidad de La Plata para reclamarles a esa intendencia y a los gobiernos provincial y nacional que se garantice el acceso a la ILE en todos los centros de salud y los hospitales de acuerdo con el protocolo vigente. Pedirán, también, la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

La última actualización del protocolo para la atención integral de la ILE que publicó la Secretaría de Salud de la Nación en el Boletín Oficial provocó la renuncia de su titular, Adolfo Rubinstein. El nuevo texto ordenaba jurídicamente la actuación de los equipos de salud en los casos que el Código Penal permite la interrupción de un embarazo, en especial cuando se trata de menores de edad.

El viernes pasado, la jueza federal subrogante Cecilia Gilardi de Negre hizo lugar a un pedido de la Asociación Civil Portal del Belén y de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles de dejar sin efecto una resolución de la Anmat que autorizó la venta en farmacias con receta archivada de misoprostol en dosis de uso obstétrico y ginecológico por vía vaginal del Laboratorio Domínguez. El protocolo prevé el uso del fármaco para la ILE de acuerdo con el tiempo de gestación.

La magistrada, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, ordenó suspender el artículo 2 de la disposición regulatoria de octubre del año pasado que autorizaba la venta hasta la sentencia definitiva. Ambas organizaciones también habían solicitado la anulación del protocolo para la atención de la ILE, pero Gilardi de Negre lo rechazó.

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