Nadie controla a los policías exonerados

"Varios policías exonerados que hoy no consiguen trabajo cayeron en el delito porque no saben hacer otra cosa. Pero tampoco desde la jefatura ni desde el poder político les dejaron otra salida."

La frase, sin anestesia, fue dicha por el ex sargento primero de la Policía Bonaerense Ricardo Gallo, echado de la fuerza por impulsar, el 24 de marzo último, la huelga de 8000 suboficiales.

La confesión pone de manifiesto una sensación latente: una parte de los 4000 expulsados de la fuerza de seguridad más numerosa del país podría haber pasado a trabajar del otro lado del mostrador.

El secretario de Seguridad bonaerense, Carlos Brown, admitió que "los policías exonerados son como cualquier ciudadano común y deben ser vigilados únicamente por la Justicia".

El frustrado movimiento en el que intervino Gallo -actualmente trabaja en la Municipalidad de Escobar- se convirtió en el pico de tensión que tuvo que afrontar el responsable de la fuerza, comisario general Adolfo Vitelli, luego de reemplazar al ahora muy cuestionado Pedro Klodczyk.

Luego del retiro de quien gozaba de la máxima confianza del gobernador Eduardo Duhalde, y que tuvo que alejarse agobiado por la presunta vinculación de su hombre de confianza, Juan José Ribelli, con el atentado contra la AMIA, la Bonaerense vive de sobresalto en sobresalto.

Los 4000 efectivos pasados a disponibilidad durante los últimos seis años representan casi el 10 por ciento de los 45.390 que en la actualidad integran la policía.

Aproximadamente, 3100 de esos 4000 policías despedidos tienen alguna causa penal. En su mayoría los delitos son por privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, torturas, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público y robo.

Ninguno de ellos podría buscar empleo en la seguridad privada, debido a que la legislación vigente les prohíbe terminantemente a las agencias de seguridad contratar a policías pasados a disponibilidad con causas penales.

Sin embargo, un comisario retirado, director de una de esas empresas, confió que "muchos contratan a policías exonerados, pero en negro, para evitarse problemas".

De esos 3100 policías exonerados con causas penales, 149 están detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense y representan el 2 por ciento de la población carcelaria de la provincia.

La purga

A partir del 11 de marzo último, cuando el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde comenzó a aplicar la ley 11.880 de emergencia policial, que habilita la expulsión sin más trámite de quienes cometieron alguna falta, se activó el resorte de la purga más importante de los últimos años y se instaló la sospecha generalizada entre la gente de que muchos de los efectivos exonerados podrían volverse contra la sociedad y tomar por el camino del delito.

"Esta sospecha generalizada de la gente no tiene nada que ver con los policías exonerados sino que apunta a la Policía Bonaerense misma, por esa razón es que se efectúa una depuración", expresó Brown.

"La purga todavía no empezó, los grandes problemas se producen desde el grado de oficial principal para arriba y, hasta ahora, las autoridades no demostraron una verdadera decisión de limpiar esas jerarquías", aseguró, en cambio, un camarista en lo penal de la provincia de Buenos Aires.

"La degradación de la policía hizo que muchos miembros de la fuerza hayan caído en el delito. Pero no podemos poner a todos los policías exonerados en la misma bolsa, muchos están trabajando de lo que pueden, como remiseros, taxistas, albañiles", señaló el senador provincial por el Frepaso, Eduardo Sigal.

El jueves último, el Senado provincial aprobó por mayoría la prórroga de la vigencia de la ley solicitada por Brown, con la salvedad de que se aplicará sólo para los oficiales del grado de subcomisario para arriba, con lo que la tropa quedó al margen.

"Desde el principio, nosotros nos opusimos a esa ley, debido a que genera una situación de inseguridad generalizada y no respeta los marcos institucionales. Esto provocó que muchos policías tuvieran tanto miedo de apartarse del reglamento y que por una falta menor los dejaran en la calle, que a veces ni siquiera cumplían con su deber", expresó Sigal.

"Esta norma sirvió únicamente para crear el descontento entre el personal subalterno y cualquier falta, por pequeña que sea se encuadra en dicha legislación, con lo que muchos suboficiales y oficiales jóvenes tuvieron miedo de quedar en la calle; mientras que muchos jefes policiales importantes cubrieron su propia incapacidad para combatir la inseguridad con la excusa de que la ley los dejaba con las manos atadas", señaló un veterano comisario inspector de la Policía Bonaerense. La cuestionada ley se impulsó durante la gestión de Eduardo De Lázzari en la Secretaría de Seguridad. Entonces se aseguró que se crearía una Comisión de Seguimiento de los policías exonerados para evitar lo que la sospecha generalizada indicaba: que sigan el camino del delito. La ley se dictó pero dicho organismo de control nunca se formó.

El silencio de De Lázzari

El doctor De Lázzari, que en la actualidad integra la Suprema Corte de Justicia bonaerense se negó a responder sobre los motivos que impidieron que la Comisión se pusiera en marcha.

"El doctor no hace declaraciones sobre su gestión anterior", respondió escuetamente el secretario privado de De Lázzari, de apellido Domínguez.

En cambio, Brown señaló que desconocía semejante iniciativa y que no hacía falta ninguna comisión.

Un policía que se siente traicionado

"Por lo que sé, la mayoría de mis compañeros que echaron de la Policía Bonaerense están sin trabajo. No recibieron ni un sólo peso de indemnización, pese a que ley así lo establece, ni fueron reubicados en la sociedad. Yo debo agradecerle a Dios por tener una ocupación con la que puedo mantener a mi familia", señaló sin titubeos el ex sargento primero Ricardo Gallo.

El ex suboficial fue despedido el 4 de abril último, luego de impulsar la huelga con 8000 efectivos que formaban parte de la Agrupación de las 18 Regionales.

"El segundo jefe de la policía, Domingo Francisco Lugos me traicionó, nos prometió que si nos llamábamos a silencio y levantábamos el paro, cumpliría con cinco de los diez puntos que le pedíamos. Pero faltó a palabra y al día siguiente de la conversación firmó mi despido", expresó Gallo mientras mostraba con un gesto mezcla de orgullo y resignación la medalla que le dieron por demostrar "su arrojo en cumplimiento del deber".

En la actualidad es el responsable de la Dirección de Licencias de Conducir y de Tránsito de la Municipalidad de Escobar, donde llegó por el contacto del intendente Luis Patti.

"Acá ascendieron a los de gatillo fácil y dejaron afuera a los perejiles. La mayoría de los policías que robaban siguen en la fuerza. Estos tipos no son policías, son delincuentes por más que tengan uniforme", señaló con encono, el ex suboficial.

En enero de 1991, estando de civil acudió a una llamada de emergencia. Vio como desde un camión bajaban automóviles robados en un desarmadero de San Martín que pertenecía a un comisario inspector.

"Me dispararon a la cabeza. Estuve 20 días en terapia intensiva y todavía llevo la bala 9 mm, igual a la que utiliza la policía, en el occipital", explicó Gallo.

Fue el único de los 4000 policías despedidos que echaron por su participación en el intento de huelga. Luego de 17 años en la fuerza entregó su placa N° 105942 y se marchó a su casa, convencido de que lo habían traicionado.

El interés de los jueces

El destino de casi 4.000 uniformados expulsados de la Policía Bonaerense desde que, en 1991, Eduardo Duhalde se hizo cargo del gobierno provincial, es un tema que preocupa sensiblemente a los jueces de la provincia más afectada por la crisis de seguridad.

"Es necesario controlar a los policías exonerados, aunque es preciso aclarar que, hasta ahora, la purga comprendió principalmente a efectivos de bajas jerarquías", explicó a La Nación un magistrado bonaerense.

"En líneas generales, los suboficiales exonerados no son de cuidado, ya que muy pocos estaban involucrados en delitos graves. Los más comprometidos, y que aún no han sido expulsados de la fuerza, son aquellos que ostentan altas jerarquías. ", indicó.

Para este juez, que ha procesado a más de un policía, los más peligrosos son los oficiales principales que aún trabajan en las Brigadas de Investigaciones, y que estarían vinculados con el tráfico de estupefacientes y con grandes organizaciones delictivas, especialmente, las dedicadas a los secuestros extorsivos. "Hay que seguirlos de cerca", sentenció.