Objetan un cambio en el cuestionario para donar sangre

Si se aprueba un proyecto de ley para cambiar el cuestionario para donar sangre, los hombres que tuvieron sexo con otros hombres en el último año dejarán de ser un grupo de riesgo y serán aceptados como donantes.

Un dictamen que une proyectos de los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Roy Cortina (FAP) impulsa esta modificación de la llamada ley de sangre. Como en el resto del mundo, es también un pedido de la comunidad homosexual, que considera que indagar sobre ciertas conductas de riesgo es un acto de discriminación.

Al enterarse del proyecto, las autoridades del Plan Nacional de Sangre y la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología (AAHI) le pidieron a la Comisión de Salud de Diputados frenar la iniciativa. La AAHI argumentó que sería "un riesgo para la salud pública".

En la nota firmada por su presidente, doctor Oscar Torres, se lee: "Esta asociación, consultada por entidades gubernamentales para la toma de decisiones sobre la práctica transfusional segura, observa con preocupación que de aprobarse [la norma] como ha sido redactada no permitirá [...] evaluar situaciones de riesgo para la transmisión de infecciones [...] como el VIH y la hepatitis B y C".

Los especialistas aclararon que el cuestionario, que se repasa con un médico en privado antes de donar y tiene carácter de declaración jurada, sirve para determinar si un donante está en período de ventana (el tiempo entre la infección y el momento en que las pruebas de laboratorio pueden detectarla).

"Conociendo la falta de educación de nuestra población sobre las situaciones de riesgo de contagio de infecciones por la sangre o sobre el uso correcto del preservativo, hacemos hincapié en la importancia de la entrevista predonación, sin que esto implique invadir la privacidad", aclara Torres.

Otras conductas de riesgo que se indagan antes de donar son el cambio de pareja en los últimos seis meses, el uso de preservativo o la práctica de sexo anal. "Datos locales indican que el riesgo es casi 100 veces mayor en las relaciones hombre con hombre que en parejas heterosexuales. No podemos pasarlo por alto", dijo la doctora Mabel Maschio, coordinadora del Plan Nacional de Sangre, que no fue consultado sobre la modificación de la ley.

"Planteamos esta modificación en la última reunión de directores de los programas provinciales en San Luis y decidimos presentar una nota –agregó–. Sería riesgoso no poder preguntarles a los donantes sobre las conductas de riesgo, como ocurre en España, cuando las relaciones sexuales son la principal vía de transmisión de infecciones. Aun con los análisis de mayor sensibilidad y especificidad sigue existiendo el período de ventana."

Maschio insistió en que todas las conductas de riesgo que se evalúan "tienen aval científico".

En tanto, Gil Lavedra sostuvo que "hay que diferenciar una situación de riesgo, algo que el interrogatorio debe ahondar, como sería si se mantuvieron relaciones sin protección, de la estigmatización de un grupo. El carácter de homosexual no es una situación de riesgo distinta al del heterosexual. Eso que muestran los pocos relevamientos hechos en el país es un mito". Explicó que el objetivo del proyecto es eliminar del interrogatorio la pregunta "discriminatoria". Su interpretación de las cifras epidemiológicas que citan la AAHI y el Plan Nacional de Sangre es que "entre los que están infectados pueden aparecer más homosexuales porque fueron la población afectada por la epidemia, pero si se hace un corte y se analizan los últimos años la proporción se invierte y se equilibra con la infección en parejas heterosexuales".

En el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (Inbirs), que funciona en la Facultad de Medicina de la UBA, los últimos datos epidemiológicos son otros. Un estudio sobre más de 12.000 voluntarios (hombres que tienen sexo con hombres, consumidores de drogas y trabajadores sexuales) reveló una cantidad anual de nuevas infecciones por VIH tres veces más alta en los participantes gays que en los otros dos grupos (7,2 versus 2,4 y 1,3%). El 28,8% de los trabajadores sexuales varones eran VIH positivos, comparado con el 1,8% de las mujeres. El 38% de los 1590 voluntarios gays tenía una pareja estable: el 50% con un varón y el 50% con una mujer.

Que una población de riesgo pueda donar "debería ser una decisión de salud pública –opinó la doctora María Ávila, que participó del estudio del Inbirs–. Que lo haga una población con alta incidencia de VIH es riesgoso. Si se implementaran en todos los bancos de sangre técnicas capaces de detectar la infección a partir de los dos o cuatro días de la exposición al virus, habría que volver a hablar".

Hasta el cierre de esta edición, LA NACION no pudo contactarse con especialistas de las organizaciones de la comunidad homosexual.

La doctora Mirta Remesar, jefa del Área de Infecciones Transmisibles por Transfusión del Hospital Garrahan, propuso: "Si nuevos relevamientos comprueban que el nivel de riesgo de alguno de los grupos de riesgo es igual que el del resto de la población, dejaría de serlo. Pero, por ahora, los resultados no nos dicen eso. Donar sangre no es un derecho, sino un privilegio. Nuestra responsabilidad es velar por la seguridad del receptor".

Y el doctor Gustavo Milone, jefe médico del Servicio de Medicina Transfusional de la Fundación Lucha contra la Leucemia (Fundaleu), sostuvo: "El que recibe la sangre o sus componentes es el paciente, que es al que hay que cuidar. La discusión no debería pasar por la discriminación, sino por el uso de la sangre más segura. Los médicos estamos para cuidar y curar, y no para dividir y agredir".

Maschio recordó que la donación de sangre es una práctica médica y que está sujeta a la realidad epidemiológica de cada país. Aclaró que la ley actual no le prohíbe donar sangre a la comunidad gay, sino a quienes estuvieron expuestos a situaciones de riesgo.

Los dos filtros de la donación

Cada unidad donada pasa por dos filtros en el laboratorio. Uno es el análisis tradicional, que detecta anticuerpos contra una infección, y el otro las pruebas de biología molecular, que identifican el material genético del germen invasor. Como no está regulado, este último depende de la capacidad económica e instalaciones de cada institución.