Operaciones turbias y una traición de fondo

La relación entre el triple crimen y la mafia de los medicamentos siempre estuvo ahí. Era la primera hipótesis de la Justicia y, a un año y medio del brutal asesinato, vuelve a cobrar ímpetu por sobre la de los supuestos narcos mexicanos.

"Esta gente hacía de todo y estaba dispuesta a vender y blanquear cualquier medicamento: está claro que todo terminó con una traición", dijo ayer una alta fuente relacionada con la denuncia que inició la investigación de los medicamentos falsos y adulterados, a cargo del juez Norberto Oyarbide.

"Siempre creí que el triple crimen tenía una conexión más local que todo lo que tuviera que ver con narcos mexicanos", agregó la misma fuente, que admitió que el entramado de droguerías y obras sociales de los sindicatos, como la Bancaria, hacía tiempo que funcionaba en la clandestinidad.

No es casualidad que casi todos los nombres que suenan hoy tanto en la causa de los medicamentos adulterados como en el triple crimen sean los mismos. Por ejemplo, Néstor Lorenzo (propietario de la droguería San Javier) está detenido por la adulteración de medicamentos y también tuvo que declarar por el triple crimen. La viuda de Sebastián Forza (una de las víctimas del crimen), Solange Bellone, permanece detenida por la venta irregular de remedios y aporta datos por el asesinato de su marido. Lo mismo ocurre con otros imputados y sospechosos.

La mayoría de las 400 causas judiciales tramitadas en la fiscalía especial de Pompeya por adulteración, robo o falsificación de remedios están relacionadas con drogas caras y, en el 80 por ciento, según consta en los expedientes a los que tuvo acceso LA NACION, aparecen implicadas las droguerías Bairesmed (Forza) y San Javier (Lorenzo). "Son siempre los mismos nombres con empresas diferentes, pero los personajes se repiten", dijo una fuente del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).

El negocio más grande de estas droguerías era el abastecimiento de remedios críticos, como los oncológicos y contra la hemofilia, que son de muy alto valor y que se financian a través de los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE), organismo que depende del Ministerio de Salud. La deuda de los sindicatos con la APE, hasta mediados de este año, era millonaria, dado que el dinero no se devolvía.

De uno de los expedientes tramitados por el Iname surge que Lorenzo conocía bien a Forza e incluso que lo había denunciado. Lorenzo había quedado acorralado por una investigación sobre un medicamento (Beriate P 1000) y peligraba la posibilidad de que su droguería pudiera operar en la Capital. Esto ocurrió 30 días antes de que Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina aparecieran acribillados. "Todos los Beriate, comprados a Bairesmed [la droguería de Forza], son retirados y controlados por San Javier y se remiten inmediatamente a la obra social bancaria, que actúa como depósito", dijo Lorenzo al Iname, para despegarse de los medicamentos interdictados, que estaban adulterados.

El negocio millonario en el cual tanto Forza como Lorenzo eran supuestamente socios estaba relacionado con un fideicomiso con la Bancaria para proveer de medicamentos en forma exclusiva: ese acuerdo, objetado por el Ministerio de Salud, se firmó el 13 de agosto de 2008, justo el día en que aparecieron los cuerpos de las tres víctimas.