Otra denuncia contra el titular del PAMI

Al mismo tiempo que el presidente Carlos Menem negaba ayer haber recibido una carta del cardiocirujano René Favaloro con denuncias sobre supuestos pedidos de "retorno" de parte del PAMI, las diputadas nacionales Elisa Carrió (Frepaso) y Margarita Stollbizer (UCR) denunciaron al titular de la obra social de los jubilados, Víctor Alderete, por la presunta comisión de los delitos de cohecho, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y defraudación.

"No, yo no he recibido ninguna carta", respondió el Presidente ante una pregunta en ese sentido de la agencia DyN, luego de participar en un acto realizado en el partido bonaerense de Luján.

"Fuimos con la denuncia a la Cámara Federal y por sorteo cayó en el juzgado a cargo de María Romilda Servini de Cubría, quien deberá investigar la existencia de este tipo de retornos en todas las prestadoras del PAMI", expresó a La Nación la diputada Margarita Stollbizer.

Lluvia de denuncias

"La Justicia instruye otras diez denuncias contra Alderete. La investigación que más avanzó fue la que encaró el juez federal Gustavo Literas. Ayer, el magistrado nos informó que la Cámara aceptó como válido el video en el que uno de los directivos de una funeraria prestataria del PAMI admite que pagó una coima para cobrar una deuda con la obra social de los jubilados", señaló la legisladora.

Por su parte, Alderete reconoció que "la deuda con la Fundación Favaloro existe", y aclaró que "lo que hay que discutir es el monto, porque la fundación pretendía 2.800.000 pesos y en la verificación que hizo el PAMI creo que correspondían sólo 800.000".

Para determinar el monto exacto de esa deuda, el PAMI sugirió la contratación de una consultora privada a la que, según Favaloro, "se le aseguraba el pago de una suma mínima de 290.000 pesos más honorarios, con lo que totalizaba su intervención en un monto de entre 440.208,34 y 478.686 pesos".

La entidad médica se quejó por el elevado costo de la mediación propuesta y sugirió a cambio la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para cumplir ese papel, ya que "la instancia de mediación no era necesaria ni estaba legalmente prevista de existir, acuerdo previo entre las partes".

El titular del PAMI, al ser consultado por la polémica misiva de Favaloro, dijo: "No conozco la carta". Y contraatacó al sostener que "si algún funcionario público la tuvo y no la presentó es cómplice de un delito".

Afirmó entonces que ayer presentó ante la Justicia penal una denuncia para saber "si existió la carta" y si "algún funcionario la retuvo", porque en ese caso se transformarían en "cómplices".