Otra medida cautelar contra el Programa de Salud Sexual

Impide la provisión de anticonceptivos En diciembre, una jueza frenó la aplicación del programa porque violaba los derechos constitucionales a la vida La resolución prohibiría fabricar y vender dispositivos intrauterinos
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23 de mayo de 2003  

CORDOBA.- Una fundación religiosa aseguró que la justicia federal cordobesa dictó una resolución que prohíbe la fabricación y comercialización en todo el país de medicamentos anticonceptivos que contienen drogas consideradas abortivas y de dispositivos intrauterinos (DIU).

La medida, de carácter cautelar, fue adoptada por la jueza federal N° 3, Cristina Garzón de Lascano, en cuyo ámbito se confirmó la existencia de un decreto en ese sentido, pero se negó a divulgar su contenido por encontrarse en proceso de notificación a las partes.

Esta es una nueva instancia en la batalla judicial contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley 25.673), lanzado por el Ministerio de Salud de la Nación. El programa se presentó como política sanitaria para prevenir y resolver los casos de mortalidad materna y de hospitalizaciones por prácticas de abortos, y su instrumentación permitiría a las mujeres de bajos recursos económicos acceder en los hospitales públicos a información y entrega de métodos anticonceptivos adecuados, reversibles, no abortivos y transitorios.

En diciembre último, la jueza frenó la instrumentación del programa al aceptar un recurso de amparo presentado por la asociación civil Mujeres por la Vida, en el que se cuestionaba la nueva legislación porque supuestamente violaba los derechos constitucionales a la vida, a la salud y a la patria potestad.

Sin embargo, en marzo último, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó la resolución de la magistrada. Frente a la nueva medida de la jueza, el sacerdote y abogado Fernando Altamira, presidente de la Fundación 25 de Marzo, autor de esta nueva embestida, señaló que la presentación judicial se realizó con el asesoramiento de médicos y farmacéuticos, quienes le aportaron "pruebas categóricas".

Dijo Altamira: "Con ellas demostramos que los medicamentos anticonceptivos tienen drogas abortivas que van en contra de nuestras propias leyes".

Ni fabricar ni vender

Altamira dijo que la resolución de Garzón de Lascano está dirigida al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, al que ordena prohibir la fabricación y venta de anticonceptivos y DIU hasta tanto exista una sentencia firme en esta causa.

"Eventualmente, al final del juicio (la jueza) mandaría, si corresponde, la destrucción de esos productos", aseguró.

El religioso entendió que la más flagrante transgresión de las normas se encuentra en los prospectos de los fármacos, y agregó: "Nuestras leyes protegen la vida desde la concepción, y nuestras autoridades jamás podrían haber aprobado estos medicamentos".

También señaló que en los prospectos de los medicamentos se indica claramente que impiden la anidación del óvulo fecundado y afirmó que en la Argentina se fabrican siete productos en cuyos prospectos formulan la antedicha advertencia.

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