Para frenar la lucha homicida entre bandas narco, envían más gendarmes a Rosario

ROSARIO.- La reciente epidemia de venganzas y muertes rompió la tendencia de 2017, cuando la cifra de asesinatos se redujo un 25%. Ahora, con 93 homicidios en lo que va del año y con el impacto de este tipo de delitos, que trasciende lo local y pasa a ser un problema mayor, la Nación decidió aumentar su aporte para saturar con fuerzas federales las calles más violentas de esta ciudad. Desde ayer, unos 200 gendarmes se sumaron a los 2000 que ya están desde hace dos años para patrullar cinco barrios donde recrudecieron los crímenes vinculados a enfrentamientos entre bandas narco.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó aquí con parte de su gabinete y, junto a autoridades de la ciudad y de la provincia, dio por iniciado el operativo. Es la cuarta vez -desde abril de 2014, cuando arribaron 3400 gendarmes- que llegan agentes federales para abocarse a tareas de seguridad en una provincia donde hay unos 18.000 policías.

Hay 2000 apostados desde septiembre de 2016, cuando se firmó el primer acuerdo entre la administración macrista y Santa Fe. Ese convenio se renovó en febrero pasado y preveía el refuerzo del contingente, pero se pospuso por falta de acuerdo en el financiamiento de los gastos de alojamiento y viáticos. Finalmente, 200 gendarmes fuertemente pertrechados arribaron el domingo a la tarde. A ellos se les sumarán otros 100 en los próximos días.

Los patrullajes de los uniformados verde oliva se centrarán en las zonas sur y sudoeste de la ciudad, donde las disputas entre bandas dispararon las estadísticas de homicidios durante los primeros cinco meses del año. Parte de este contingente pertenece al destacamento móvil 4 de General Acha, La Pampa.

Ayer, al caer la tarde, el despliegue verde empezó tibiamente en los barrios Municipal y La Tablada, algunos de los escenarios donde arrecia la guerra entre los clanes Funes y Caminos, responsables de buena parte de los homicidios que hicieron saltar las estadísticas.

"No puede haber un milímetro de Rosario que esté dominado por fuerzas que no sean del Estado. No puede haber espacios copados por el narcotráfico", sostuvo la ministra Bullrich frente a los uniformados, en un acto que se llevó adelante en la sede del destacamento móvil II. La ministra enfatizó que "tampoco puede haber sicarios que anden por la ciudad sin control de las fuerzas".

Bullrich consideró que la discusión sobre la seguridad pasa por quién domina el territorio, "si el estado del narcotráfico o el Estado legal del poder constitucional". Agregó: "Es ahí, en esta lucha, donde el Estado legal tiene que imponer el Estado de Derecho". Afirmó que en Rosario y sus zonas periféricas no se secuestra "tanta cantidad de estupefacientes, pero sí hay muchos lugares dispersos donde se asocia la venta [de droga] con la violencia". "Ahí es adonde tenemos que apuntar", enfatizó.

La ministra anunció: "Habrá un plan adicional en el río [Paraná] y en los puertos, con la Prefectura, para que las hipótesis que se manejan [con respecto al ingreso y la salida de droga a través de la hidrovía y de sus embarcaderos] las podamos controlar con la ayuda de la Aduana".

"Sabemos cómo funciona el delito. Se rearma y vuelve a ganar territorio. Busca infiltrarse en el Estado. Por eso tenemos que ser un solo equipo: Nación, provincia y municipio. Por las grietas nos entran y nos dominan", sentenció.

La ministra y su gabinete se reunieron con jueces y fiscales de la Justicia Federal local para ahondar sobre la posibilidad de que Santa Fe se adhiera a la ley 26.052, sancionada en 2005, que desfederaliza en favor de las provincias el combate contra el narcomenudeo. El impulso de este esquema de combate contra el microtráfico de drogas obtuvo ahora el respaldo del gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, que antes rechazaba la propuesta.

Oposición judicial

Los jueces del fuero federal y parte de los provinciales no están de acuerdo con ese cambio. Consideran que ni la policía de Santa Fe ni los fiscales están capacitados, ni existen el personal ni la infraestructura necesarios para investigar a los vendedores de sustancias ilícitas.

En una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados local, Antonio Bonfatti, los dos colegios que agrupan a los jueces provinciales advirtieron que si Santa Fe adhiere a la ley habrá "graves efectos". "El narcotráfico es un problema global que afecta a todo el país" y por eso debería "ser abordado desde la unicidad y no desde la división", señalaron.

Uno de los proyectos complementarios que empezaron a ser tratados en la Legislatura provincial prevé la creación de una unidad táctica antidrogas cuyos agentes recibirán instrucción y supervisión de las fuerzas federales. El proyecto, del legislador Federico Angelini, apunta también a que se forme una mesa de diálogo entre la Justicia Federal y la provincial, que se reunirá cada seis meses.