Pelear cara a cara con los "cuervos"

MAR DEL PLATA.– La casilla es de madera, precaria y con vidrios que, destrozados por desconocidos, fueron remplazados por cartones y por pedazos de madera como para que el frío otoñal no castigue duro a los integrantes de la Asociación de Protección a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Apravat). Desde hace cuatro años, la entidad se instaló en el acceso a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para asesorar a pacientes y evitar que abogados los usen en busca de jugosos réditos en eventuales juicios ante compañías aseguradoras.

Aun así, por la pequeña ventana advierten la llegada de heridos y les acercan un folleto en el que, como prioridad, les sugieren no firmar ningún poder a letrados antes de estar bien asesorados.

"Es una maquinaria que no sólo sigue en pie, sino que cada vez funciona mejor", asegura Ricardo Vega, licenciado en criminalística y presidente de Apravat, que sumó su colaboración en dos causas que terminaron con condenas a abogados que estafaron a víctimas.

En uno de los casos, un tribunal condenó por defraudación por apropiación indebida a los profesionales Fabián López y Juan Carlos Aristegui y les impuso penas de uno y tres años de prisión en suspenso y ocho meses y seis años de inhabilitación profesional, respectivamente.

Los jueces dieron por probado que los abogados de Francisco Castro, víctima de un grave accidente ocurrido en mayo de 2000, obtuvieron de éste un poder para demandar a una compañía aseguradora. Le afirmaron que la indemnización lograda había sido de 190.000 pesos, monto del cual debía cederles el porcentaje pactado. Pero la intervención de Apravat permitió determinar que la cifra real era 352.000 pesos.

Un sistema poco hospitalario

El segundo caso tuvo como condenado al abogado Pedro Carenzo, a quien se lo acusó de quedarse con la totalidad de los casi 80.000 pesos de la indemnización correspondiente a un niño fallecido en octubre de 1998 tras un accidente ocurrido en Balcarce. La pena fue de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación profesional.

"Nos quieren echar de acá porque somos incómodos para un sistema que funciona puertas adentro del hospital", aseguró a La Nacion Vega y recuerda que nunca los recibieron en la dirección del HIGA, a pesar de los pedidos de audiencia presentados.

Recuerda que, desde que comenzaron con la entidad hace casi dos décadas, recibieron acusaciones de ser pantalla de abogados que se aprovechaban de accidentados. "Con los casos que tuvieron condenas y la participación decisiva que tuvimos en ambas causas quedó demostrado de qué lado estamos", dijo.

En el caso que terminó con condenas a Aristegui y a López, Apravat fue una de los denunciantes. Y en el juicio al primero, fue el juez José Antonio Martinelli –entonces integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1– el que en su voto cuestionó con más dureza al imputado. "Su voracidad mercantilista –dijo– hace que aparezca razonable la asimilación popular del abogado con el cuervo."

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