Peligro: un colectivo urbano anda suelto

El saldo es aterrador: en lo que va del año hubo 21 víctimas mortales en accidentes viales protagonizados por colectivos en la Capital, además de un centenar de heridos graves. Hubo que leer en la tapa de todos los diarios esta alarmante cifra, escuchar el llanto de una madre desconsolada por la TV, para que las autoridades nacionales y porteñas anunciaran el postergado paso de comenzar a controlar con seriedad a las 9673 moles de hierro que circulan diariamente por la ciudad.

Se necesitó de este triste récord para prometer el fin del guiño oficial del que hace años gozan las empresas de transporte público, al obtener cuantiosos subsidios, conseguir irrisorias prórrogas en el pago de las multas de tránsito, y evitar las sanciones que le caben por desviarse de los recorridos, no respetar las paradas establecidas, emitir gases contaminantes y burlarse de las frecuencias en los servicios.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, acaba de proclamar nuevas medidas de control para los colectivos, que estarán coordinadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este organismo logró reunir a macristas y kirchneristas, renunciantes temporales a la política conspirativa, para ir en busca de un objetivo de alto beneficio social: evitar los accidentes viales. ¿No es esto, acaso, el mejor dividendo que un ciudadano puede obtener de un funcionario?

Lo sorprendente -o no- fue que allí, sentados en un despacho de la Casa Rosada, autoridades nacionales y locales descubrieron (sí, leyó bien) facultades para sancionar que no contemplaban; pusieron negro sobre blanco la lectura en cuanto a las responsabilidades que le compete a cada uno y prometieron asumir el compromiso de ser más rígidos con las empresas transportistas. Más vale tarde que nunca, se dirá. Pero cabe la pregunta: ¿Por qué buena razón no se hizo antes?

De las imprudencias de los colectivos en la Capital dan fe unos 3 millones de pasajeros que lo utilizan por día. Lo llamativo es que en todo 2009 se labraron 3.964.318 actas de infracciones de tránsito en la ciudad; de ellas, sólo el 0,56% correspondió a colectivos (22.179 multas); el 1,14%, a taxis (45.223), y el 98,30%, a vehículos particulares (3.896.916 para este sector). Según fuentes oficiales, de esas 22.179 infracciones a colectivos, la gran mayoría no están dirigidas a los choferes, sino que son canceladas por las empresas. Y apenas la mitad se pagan. ¿Cuál es la sanción, entonces, para el chofer imprudente? ¿Por qué éste irá a corregir sus malas acciones si, generalmente, son sus patrones, la empresa, quienes precisamente le imponen un tiempo límite para hacer el recorrido, entre otras presiones? La recomendación es clara: cuidado, un colectivo urbano anda suelto...

El punto clave, muy por encima de la colocación de un sistema de GPS a cada ómnibus urbano, es que los empresarios del transporte asuman el compromiso de difundir la imperiosa necesidad de cumplir las reglas de tránsito. Y que el Estado castigue a quienes quebranten las normas.

En rigor, esto hoy no ocurre. Ni uno ni otro responden a su encomienda delegada. La seguridad vial parece ajena al transporte público. Y, si no, que alguien explique por qué los pasajeros viajan en los colectivos a 60 km/h por una avenida, de pie en un pasillo, apenas sostenidos de un pasamanos, o sentados sin cinturón de protección, como espectadores preferenciales de un chofer que decide sortear un semáforo en rojo. ¿De qué seguridad vial estamos hablando?