Piden que se investigue la privatización de Lafsa

El papel de la Secretaría de Transporte en el nacimiento de una línea aérea que absorberá a más de mil empleados de Lafsa y Aerovip y competirá con Aerolíneas Argentinas parece tan oscuro como el papel de la misma secretaría en los subsidios otorgados a Southern Winds (SW), involucrada en el caso de las narcovalijas y detonador de la crisis que hoy se pretende sortear, precisamente, con la creación de Lan Argentina.

Varias fuentes consultadas por LA NACION cuestionan la inminente concesión de rutas y la presunta falta de control sobre la composición de la firma surgida bajo los auspicios de Ricardo Jaime, secretario de Transporte y hombre muy cercano al Presidente, y de Ricardo Cirielli, subsecretario de Transporte Aerocomercial. En Lan Argentina aseguran que todo ha sido transparente.

La nueva aerolínea se constituyó luego de que el Grupo Lan, chileno, comprara el 49% de una firma virtual llamada Aero 2000, carente de aviones y de líneas regulares. Aero 2000 sólo estaba autorizada para efectuar vuelos no regulares, porque los regulares que solicitó el 26 de diciembre de 2003 le fueron rechazados el 2 de marzo de 2004 por la Junta Asesora del Transporte Aéreo (JATA, que depende de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial), salvo dos (a Rosario-Iguazú y a Neuquén-Bariloche), que luego la Subsecretaría tampoco le otorgó.

El 51% restante de Aero 2000 pasó a pertenecer a dos abogados argentinos que se asociaron con Lan: Jorge Pérez Alati y Manuel Benítes

Los críticos de la operación se preguntan si, en los hechos y más allá de los papeles, la flamante competidora de Aerolíneas Argentinas cuenta con una mayoría accionaria en poder de argentinos residentes en nuestro país, como lo ordena el Código Aeronáutico.

El capital inicial

Sobre este último punto, que entraña la sospecha de que la mayoría del capital inicial de cuatro millones de dólares sea del Grupo Lan, giró la denuncia que el miércoles radicó el diputado socialista y gremialista aeronáutico Ariel Basteiro en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y un pedido de informes que hizo a la Inspección General de Justicia.

Alicia Castro, diputada y también dirigente gremial aeronáutica, habla de "corrupción e impunidad en el sector aerocomercial" y apunta sus dardos contra Cirielli. "Aero 2000 es un sello de goma. Aquí no se cumple con la necesidad, oportunidad y capacidad operativa y económica que exige la ley."

Una fuente de Lan Argentina retruca que la empresa demostró "que tiene la capacidad técnica y financiera para operar las rutas ya solicitadas, que son Córdoba, Bariloche y Mendoza. Esperamos que el Gobierno las apruebe y lo publique en el Boletín Oficial."

Pérez Alati y Benítes aseguran a LA NACION que ambos poseen el 51% del paquete accionario y el resto es del Grupo Lan.

"Y esto -agregan los dos abogados- es lo que comprobará la Inspección de Justicia y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas: que la inversión de fondos es genuina, que esas acciones son nuestras y que tenemos respaldo patrimonial para haberlas adquirido. Además, comprar una sociedad ya constituida como Aero 2000 fue un camino normal y legal para acceder al mercado acortando los tiempos."

Ni el secretario Jaime, ni las autoridades de Lan en Chile aceptaron entrevistas con LA NACION.

El subsecretario Cirielli respondió en forma telefónica y parcial, pues no volvió a llamar ni a responder las llamadas, cuando la comunicación telefónica mantenida con él se cortó.

Aerovip

• Lan Argentina, al parecer, también se hará cargo de los ciento ochenta empleados de la empresa Aerovip, que dejó de operar las rutas que tenía adjudicadas en noviembre del año pasado.

La noticia parece haber sorprendido hasta a los propios interesados.

"Nos enteramos por los diarios. Nadie nos consultó", explicaron sorprendidos en Aerovip, ante una consulta de LA NACION.