Pinamar y una deuda pendiente: la lucha contra los trapitos

PINAMAR.- "Lo digo como intendente y me hago cargo: yo sé que son una mafia y quiero una ciudad libre de trapitos". Martín Yeza, el joven jefe comunal, busca deshacerse de un problema que sufre buena parte del país. El desafío es complejo y lo sabe mejor que nadie. Intenta solucionar en un mes lo que el Pro, su espacio político, no pudo en ocho años de gestión de la ciudad de Buenos Aires, cuna del partido.

Es cierto. En Pinamar hay menos población, se trata de un conflicto únicamente estival y hay un mejor entorno para generar consenso político. Pero para quien tiene que estacionar su auto cuando sale a cenar y debe, sí o sí, darle dinero a un desconocido para que cuide el coche de sus propios eventuales ataques, el conflicto es el mismo.

Por eso es que el concejo deliberante, en sesión extraordinaria, decidió la semana pasada crear el registro de "cuidacoches" de Pinamar. La ordenanza fue reglamentada ayer y, en el medio, unas 200 personas quisieron inscribirse. Sólo 37 lo lograron.

El requisito es sencillo. Hay que vivir en Pinamar todo el año al menos desde 2013. "Así dejamos afuera al 85% de los trapitos que veíamos todas las noches en la calle", dice Yeza a LA NACION. El intendente sufrió en el acto las consecuencias de la medida. El jueves pasado siete personas lo esperaron en la puerta de la intendencia para trompearlo. Ayer, la situación se repitió: esta vez eran once.

"Me reclaman que les de $15.000 de subsidio a cada uno porque es lo que dicen que juntan por mes en cada verano. Están locos", señala, e insiste: "Yo sé que son una mafia pero es difícil de probarlo. Tienen el modus operandi de una asociación ilícita. Es muy obvio que en la práctica esto es así".

Según cuenta, los propios trapitos dicen que fueron enviados en colectivos desde Tucumán y Santiago del Estero con dinero de las gobernaciones. "En el fondo, lo que quieren es que les paguemos los boletos de vuelta, cosa que tampoco va a pasar", apunta Yeza.

La situación en la calle

Durante distintas recorridas por el centro de Pinamar, LA NACION constata que en los últimos días la cantidad de "cuidacoches" bajó considerablemente. Diego es uno de ellos. Tiene 40 años y hace diez que viaja todos los veranos para trabajar en la calle, a dos cuadras de la municipalidad. "Acá me conocen todos. Jamás tuve un problema. Es más, muchas veces he llamado yo a la Policía para alertar sobre robos. Y ahora no me dejan laburar. Soy de Morón, que es la misma provincia que acá. ¿Cómo puede ser que nos exijan dos años de domicilio? ¡Qué se necesita, una visa para venir acá?", se queja.

Por Bunge, la avenida principal, ya son muchos menos los trapitos. La mayoría de hombres y mujeres que viajaron desde distintas provincias ya abandonaron las calles, al menos por estos días. Otros miran de reojo a la Policía y, con acento norteño, aseguran que viven en Pinamar y que tienen el permiso en trámite.

Sergio sí tiene su autorización. La consiguió recién ayer, después de varios días de burocracia y conflictos con la Policía. "Me la acaban de dar, pero tardaron un montón. Yo vivo en Pinamar hace más de cinco años, pero estos días me corrían todo el tiempo. Perdí mucho trabajo", cuenta. Durante el resto del año hace trabajos de plomería. Como Sergio, un puñado de "trapitos" se las rebusca para acercarse a los autos y pedir sin pedir. Las identificaciones son grandes y el peligro a perderlas está latente.

De a poco, los turistas comienzan a olvidar la presión de los trapitos. De a poco, y más allá de algunas quejas por el trato policial, el problema de los trapitos en Pinamar comienza a solucionarse. Habrá que ver si perdura. El desafío es grande.