Polémica por la liberación de un violador

Fallo dividido de la Cámara de Apelaciones de San Isidro
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26 de febrero de 2004  

LA PLATA.- Un hombre que en 1999 violó a una niña de 13 años y que en noviembre de 2000 fue condenado a ocho años de prisión obtuvo ayer permiso para salir de la cárcel, pese a que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) había elevado un informe que desaconsejaba la medida y a que dos jueces se opusieron a ello.

Diego Raúl Olivera, de 23 años, obtuvo el beneficio de salidas laborales gracias al voto favorable de los jueces Raúl Borrino y Celia Vázquez, miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro. El tercer integrante de ese cuerpo, Fernando Maroto, votó en contra del beneficio para el condenado. La misma actitud había adoptado el juez de primera instancia Marcelo Hunkeler.

La diferencia entre los magistrados radicó en una disímil consideración de los informes remitidos por la Junta de Selección del SPB, desde donde se aconsejó "la inconveniencia" de otorgar las salidas laborales a Olivera. Para los jueces Borrino y Vázquez los informes penitenciarios no constituyen un elemento suficiente como para determinar el rechazo del beneficio. Los camaristas entendieron que "las circunstancias indicadas por la Junta de Selección fueron derivadas exclusivamente de los rasgos de la personalidad del interno y constituyen un exceso en los parámetros para dictaminar y, por ello, merece ser desconsiderado el informe emitido por dicho organismo".

Los magistrados sostuvieron en su fallo que los informes requeridos "no son obligatorios ni vinculantes para el juez" y explicaron que "la Junta de Selección arriba a tal conclusión [la de desaconsejar las salidas transitorias] como consecuencia de las características del perfil psicológico de Olivera".

Borrino y Vázquez consideraron propicia la inclusión de Olivera en el régimen de salidas transitorias, pues contribuirá a "mejorar los lazos familiares y sociales".

En el extenso fundamento del fallo se consigna que "los informes de los psicólogos realizados por los profesionales penitenciarios de esa disciplina están configurados por los estigmas con los que carga la institución penitenciaria provincial, que ha abandonado su tarea específica para convertirse en una especie de administración de grandes concentraciones carcelarias de personas analfabetas, semianalfabetas e indigentes privadas de todos sus derechos".

En este sentido, consideran que "los informes se practican sin conocer casi a la persona y bajo la vigencia de una preconstitución rectora" y que el referido a Olivera "es una muestra cabal de la deformación profesional que causa la desviación institucional".

Así, los magistrados optaron por tener en cuenta la calificación de "buena conducta" de Olivera y las tareas laborales que desarrolla para permitirle salidas transitorias de la cárcel de Magdalena.

En cambio, Maroto, en coincidencia con lo opinado oportunamente por el Ministerio Público, se opuso, ya que "no se dan en el presente los requisitos exigidos".

En declaraciones a Radio 10, Maroto justificó ayer su negativa al sostener: "Estimo que los violadores tienen que cumplir toda la pena [...] No solamente eso, sino que además tiene que examinarse -tal como es una cuestión de sentido común- la peligrosidad. Si hay peligro, bueno, habrá que tomar alguna medida. Yo ahí coincido con la opinión de la gente. Lo que siente", señaló el camarista de San Isidro.

El caso

El 6 de mayo de 1999, a las 10.30, Bárbara, de 13 años, se dirigía a la estación Manuel Alberti, en Pilar, cuando un sujeto la detuvo y la amenazó, colocándole una navaja en el pecho. Luego la obligó a besarlo en la boca y después la condujo hasta la esquina de Entre Ríos y Los Cipreses.

Allí, a pocos metros de la estación, el agresor bajó los pantalones y la ropa interior de la niña y la violó; mientras, le tapaba la boca con una mano para que no gritara.

Olivera -que tenía entonces 18 años- fue detenido una hora y media después, en el centro asistencial donde se rehabilitaba de su adicción a las drogas. Vestía la misma camisa a cuadros que tenía cuando atacó a la menor y aún portaba la navaja.

Además de los peritajes y los testimonios reunidos en la investigación, el delito también fue probado por una manifestación espontánea de Olivera. El detenido aseguró que lo ocurrido "fue una tentación del diablo".

Aún no se cumplieron cinco años del hecho que dejó secuelas imborrables en la niña, y Olivera ya fue habilitado por la Justicia para gozar de una libertad limitada. El violador ahora tiene 23 años y está alojado en la Unidad 36 de Magdalena -de régimen semiabierto-, de donde podrá salir transitoriamente para concurrir a la casa de un hermano.

Las salidas transitorias de Olivera ya habían sido denegadas por el juez original del caso, Marcelo Hunkeler, por lo que la defensora oficial interpuso un recurso de apelación con el argumento de que "no ha sido sometido a tratamiento terapéutico alguno [...] que permita concluir en un proceso de reinserción social".

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