Polémica por la poda de árboles

Los vecinos deberán pagar los cortes y extracciones de raíces; reconocen que hay 150.000 pedidos atrasados
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18 de octubre de 2009  

Raíces que rompen veredas, ramas que invaden propiedades y hojas que obstruyen desagües pluviales. Los porteños no logran una convivencia feliz con los árboles de la ciudad.

El problema no es nuevo, pero a medida que pasan los años los reclamos se acumulan y muchos vecinos deben esperar demasiado tiempo una poda o un corte o extracción de raíces.

En el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño reconocen que hay 150.000 requerimientos atrasados desde 1997. De éstos, el 45% corresponde a cortes de raíces y extracciones.

Como la ciudad no da abasto para atender los reclamos, el gobierno abrió un registro de podadores para que los vecinos que decidan no esperar la poda oficial contraten servicios privados.

Si bien la iniciativa es criticada por los ingenieros agrónomos y especialistas en arbolado consultados por La Nacion, en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público aseguran que se protegerán los árboles de la ciudad (ver aparte).

El vecino que quiera usar el nuevo sistema deberá pedirle un permiso al gobierno porteño, que enviará a un inspector dentro de la semana siguiente para verificar si es necesaria la intervención. Si es así, se le entregará un certificado al vecino, con el cual podrá contratar a alguna de las empresas inscriptas en el registro.

Además, el vecino deberá pagar por el servicio. Voceros del Ministerio de Ambiente y Espacio Público explicaron que se fijarán precios máximos para cada tipo de intervención. La poda integral con retiro de ramas costará, por ejemplo, unos $ 280.

Los reclamos por las demoras del Ejecutivo también se acumulan en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho el organismo intimó varias veces al gobierno para que mejorara el servicio. La última vez fue el 30 de diciembre de 2008, cuando pidió una solución para 254 reclamos.

Según la Defensoría, los perjuicios más comunes soportados por los vecinos son: destrucción de la acera, obstrucción de desagüe pluvial (hecho que genera humedad en la propiedad, impide la normal apertura de puertas, etc.) e invasión de ramas más allá de la línea municipal. Esto último genera suciedad, daños materiales y obstruye luminarias.

Los vecinos del pasaje La Estrella, un complejo de 60 viviendas, situado en Catamarca 2249, en Parque de los Patricios, padecen algunos de estos perjuicios. De hecho, desde 2003, Pablo Marsal, uno de los habitantes del complejo, reclama la poda de los árboles de la cuadra.

Cansado de no conseguir una respuesta, hace un mes envió una carta documento al titular del Centro de Gestión y Participación (CGP) de la zona. En ella se queja porque las ramas de los árboles favorecen el ingreso de roedores en las terrazas y los balcones de las viviendas.

Se supo también que, en otros casos denunciados, también las ramas sirvieron para el ingreso de ladrones en departamentos y casas.

"A la noche, esto es una verdadera boca de lobo. Pero también tenemos problemas con las raíces porque rompen las cañerías y levantan la vereda", explicó Marsal en representación de los vecinos de La Estrella.

Sabrina, quien vive en Rocamora al 4000, en Almagro, tiene un problema similar. Desde hace años que las ramas de un paraíso invaden su terraza. Por allí suben roedores y en primavera no puede abrir la ventana del living. La vecina inició su reclamo en 2006 y todos los años reitera el pedido de poda, pero no tuvo respuesta.

Los vecinos del pasaje del Progreso al 1000, en Parque Chacabuco, también exigen una solución al gobierno porteño. "Estamos cansados de pedir una poda completa de los árboles de la cuadra. Como las calles son angostas los árboles se juntan y caen sobre los techos de las casas. No nos pidan que hagamos más trámites ni llamadas al 0800", se quejó Celia Movile, vecina de la zona.

Más graves son los problemas de Marcela, de Floresta. Las raíces de un árbol, que estaba en la esquina de Bernaldes y Murature, pero que ya fue extraído, casi destruyeron literalmente su casa.

Por este motivo, en junio, la justicia civil condenó al gobierno porteño a indemnizarla con una suma de 100.000 pesos. "Todavía no cobré el dinero porque los abogados se están poniendo de acuerdo con los intereses. El problema comenzó en 2000 y por ahora no pudimos arreglar la casa", dijo a La Nacion Marcela, quien por temor se negó a suministrar el apellido y no quiso extenderse sobre el tema.

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