Polémica por los registros de violadores

Tras el público reclamo de la Asociación Civil Madres del Dolor, que semanas atrás, y con una manifestación frente al Congreso, les exigieron a los legisladores nacionales la aprobación de una norma que creara un registro de violadores, el bloque oficialista en Diputados presentó sorpresivamente un nuevo proyecto de ley para instaurar el Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, según su actual denominación.

El borrador será discutido por la Cámara baja el lunes próximo. El nuevo proyecto fue presentado por la diputada Nora César (Frente para la Victoria-Buenos Aires), que había sido cuestionada por Madres del Dolor, cuyas integrantes afirmaron que la legisladora se negaba a recibirlos y a tratar una iniciativa similar en la Comisión de Legislación Penal, que ella preside.

A fines de 2005, la diputada Paola Spatola (Guardia Peronista-Buenos Aires) había presentado un proyecto que contaba con el aval de Madres del Dolor, quienes dijeron a LA NACION que César argumentaba que el registro "estigmatizaba a los condenados" y que violaba garantías constitucionales.

Pero en las últimas horas, César acercó un nuevo proyecto que, según sus palabras, "garantiza los derechos existenciales del condenado".

Consultada por LA NACION, la diputada Spatola dijo de la flamante iniciativa: "Es una resemantización poco esmerada de mi proyecto, pero yo no busco protagonismo, sino cumplir con los ciudadanos que me votaron". También se manifestó "sorprendida" por la celeridad de la iniciativa parlamentaria. Y arremetió: "Evidentemente, la diputada César necesitó que las Madres del Dolor difundieran su maltrato para ocuparse del tema, y lo hizo de una forma muy particular: presentando un proyecto de su autoría para cobrar protagonismo".

Si bien ambas iniciativas son similares respecto a su fin ulterior, que es ayudar en la identificación del autor de un delito sexual mediante un registro de ADN, los proyectos tienen cuatro diferencias: el tiempo de caducidad del registro; quiénes podrán tener acceso a él; cuál será la institución de la cual dependerá, y la implementación de programas de rehabilitación psicológicos optativos para los condenados, ítem que incluye el borrador de César y no está en el de Spatola.

Los familiares de víctimas de violaciones se oponen a la propuesta de César en cuanto a quiénes podrán acceder a los datos del registro. El proyecto de la diputada kirchnerista omite darlos a conocer a instituciones educativas. "Así, el registro pierde operatividad y valor preventivo", evaluó Isabel Yaconis, una de las integrantes de Madres del Dolor y madre de Lucila, violada y asesinada en Núñez, el 21 de abril de 2003.

Igual de categórica, la diputada Spatola también rechazó la posiblidad de que no se admitiera que entidades educativas y otras ONG con interés legítimo demostrable pudieran acceder al registro. "Justamente, la idea es proteger a los menores en riesgo y con esa restricción, el registro no tiene sentido", argumentó, al reiterar que dará batalla en el recinto "para que se incorpore tal condición".

En cuanto a quién operará el registro, el proyecto de César no establece que esté bajo la órbita del Registro Nacional de Reincidencia, sino que depende directamente del Ministerio de Justicia (el cual integra aquel registro).

En su proyecto, César propone dejar activa la nómina de condenados por 20 años, mientras que Spatola la limita a diez, el mismo lapso de registración para los casos de homicidios.

Spatola, en tanto, soslayó cualquier propuesta de rehabilitación psicológica (como propone César) al entender que las acciones de los condenados por violaciones y abusos no necesariamente se vinculan con una enfermedad. "El violador va a elegir no hacerlo. Además, seguiríamos hablando de enfermedad, cuando no la hay", dijo.