Preocupa la connivencia entre narcos y funcionarios políticos, jueces y policías

Se solidifica como una certeza: para prácticamente todos los argentinos el narcotráfico es un problema grave, en un país, el nuestro, que ya es un lugar tanto de consumo como de contrabando y elaboración de drogas. Pero lo más novedoso es la creciente preocupación por la eventual connivencia entre los mercaderes de las sustancias ilegales con sectores de la policía, de la Justicia y de los distintos niveles de gobierno.

Esas son las principales conclusiones del más reciente informe sobre la temática realizado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Fundación UADE (Universidad Argentina de la Empresa) y la consultora Voices!, en el contexto del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra mañana.

El estudio, basado en entrevistas personales domiciliarias a 1001 ciudadanos mayores de 16 años de todo el país, se hizo en el marco de las acciones del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (Oprenar), surgido de una iniciativa interinstitucional vinculada a entidades y actores del sistema educativo argentino, en especial, del ámbito universitario público y privado.

"Es un problema considerado grave y hasta muy grave por la población. Del relevamiento surge que se considera a la Argentina un país de consumo, pero también de tránsito y elaboración de drogas. Se destacan el pedido de mayor control de la oferta de estupefacientes y el reclamo recurrente de leyes más duras y de mayor control fronterizo. Este año, más de la mitad de los encuestados consideraron que el consumo de sustancias ilegales es un problema social de salud pública, más que uno familiar o individual. Y en determinado nivel socioeconómico -en especial, en el medio y medio bajo- preocupa el consumo de drogas en los barrios", dijo a LA NACION Solange Finkelstein, profesora investigadora de la Fundación UADE.

Del informe surge que prácticamente todos los encuestados (96%) consideran que el narcotráfico es un problema "grave". Seis de cada diez advierten que es, en realidad, "muy grave". Esta percepción se mantiene estable en relación con el sondeo realizado el año pasado.

De manera casi unánime se manifestaron los entrevistados en cuanto a que la Argentina es un país de consumo de estupefacientes. Siete de cada diez personas opinaron que el país también está atravesado por el tráfico de drogas. Estos guarismos también se mantienen estables en relación con el informe de 2017.

En cambio, y como no había ocurrido en las mediciones anteriores, la posible "colaboración del narcotráfico con sectores del poder público, tales como la policía, funcionarios de gobierno o de la Justicia" apareció como la temática relativa a las drogas que genera mayor preocupación en la población: casi cuatro de cada diez encuestados (36%) opinaron en ese sentido.

El contexto noticioso agrega, en este punto, una posible explicación. Desde que el año pasado fue detenido el intendente de Itatí, Corrientes, como integrante de una organización criminal transnacional que traficaba inmensos volúmenes de marihuana desde Paraguay para abastecer a, por lo menos, siete provincias argentinas, el término "narcopolítica" se convirtió en una categoría más en la caracterización de la problemática.

A ese caso se sumaron el del exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, actualmente enjuiciado por beneficiar con sus resoluciones a narcotraficantes que operaban en la frontera con Bolivia y, aun más acá en el tiempo, el reciente procesamiento del intendente radical de Paraná, Sergio Varisco, por el presunto financiamiento de la distribución y el comercio de estupefacientes en la capital entrerriana. Efectivos de fuerzas de seguridad federales y provinciales aparecen casi cotidianamente implicados en el tema.

Detrás de la eventual connivencia entre dealers y funcionarios estatales que, a cambio de dinero, les facilitarían las operaciones por acción u omisión, aparecen preocupaciones históricas: la iniciación en el consumo de drogas a edades cada vez más tempranas, el aumento general en el uso de estupefacientes y el crecimiento de las grandes mafias o carteles del narcotráfico.

La eventual legalización del consumo de drogas llamadas "blandas", como la marihuana, divide aguas, con un leve predominio de quienes están en contra de una iniciativa de ese tenor. Están mayormente de acuerdo con la descriminalización los más jóvenes, las personas de nivel socioeconómico más alto y los residentes en la Capital Federal.

A tono con la percepción de que el uso de drogas es un problema social de salud pública, las acciones tendientes a la reducción de la oferta (el combate del narcotráfico) obtienen mayor adhesión que las que tienen por objeto reducir la demanda (prevención de las adicciones).

Al respecto, la Oprenar fijó su postura: "Para erradicar el narcotráfico es imprescindible que la sociedad tome conciencia de las consecuencias del consumo de estupefacientes. Resulta fundamental actuar sobre la demanda, poner a la persona en el centro del problema y desarrollar acciones concretas para estimular en todos los ámbitos el deseo de que la sociedad toda pueda vivir una vida digna en libertad, lejos de la esclavitud de las drogas".