Prisión preventiva a la esposa de Lencina por el caso Fernanda

PARANA.- La justicia federal de esta capital procesó ayer a Mirta Analía Chaves y decretó su prisión preventiva, en medio de un mar de denuncias, nuevas hipótesis, y renovadas esperanzas de encontrar a Fernanda Aguirre viva, a 18 días de su secuestro.

El juez subrogante, Ramón Enrique Ferreira, consideró que había colectado profusas pruebas contra Chaves, la esposa de Miguel Lencina, el preso que aprovechó una salida sociofamiliar, se presume, para capturar a Fernanda, y que luego de ser detenido se suicidó en su celda. Además de dictar la prisión preventiva de Chaves por el delito de secuestro extorsivo, el juez trabó embargo sobre sus bienes. La joven mujer de 24 años, que tiene a sus tres hijos en Gualeguay, se aferró permanentemente al derecho de abstenerse de declarar, desde que fue detenida con su marido.

En tanto, el presidente Néstor Kirchner manifestó ayer su preocupación al gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, por el caso de la adolescente. Optimista

El jefe de policía de la provincia, Ernesto Geuna, se mostró ayer particularmente optimista en la búsqueda de la chica de 13 años y aseguró que nunca dudó de que la encontrarán con vida. También admitió que trabajan sobre tres líneas de investigación, una de ellas fundada en nuevas hipótesis, y que, a las 18, se realizaban dos operativos en la zona de San Benito, pero no brindó más precisiones.

Geuna adelantó que pidieron la requisa y el secuestro de un vehículo que podría estar vinculado con la causa, y agregó que sus expectativas de hallar a la niña con vida van más allá de las esperanzas lógicas de la familia.

Las declaraciones del jefe policial se sumaron a nuevos elementos en las últimas horas, que llevaron a los investigadores a pensar que el secuestro no fue al azar. Fuentes periodísticas agregaron datos sobre supuestas conexiones de familiares de Lencina con familiares de Fernanda.

El fiscal federal Mario Silva viajó a San Benito y visitó a Julio Aguirre y María Inés Cabrol, los padres de Fernanda, presuntamente para aportarles información alentadora sobre el supuesto paradero de la niña secuestrada el 25 de julio.

La actitud de Silva fue interpretada como un paso adelante, y fuentes allegadas a la causa señalaron que los nuevos datos no tendrían origen en Entre Ríos, sino en otra provincia que no identificaron.

El juez de Ejecución de Pena, Miguel Retamoso, y el subrogante, Daniel Malatesta, presentaron ayer sus descargos ante el pedido de enjuiciamiento presentado por el gobernador Jorge Busti, por haber facilitado la salida sociofamiliar de Miguel Lencina, el principal sospechoso, que purgaba una pena de 20 años por doble homicidio. Ayer, el juez Ferreira declaró extinguida la causa contra Lencina, muerto en su celda. El caso de Fernanda recobró vigencia a raíz de las denuncias de la diputada provincial Lucy Grimald, sobre supuestas torturas sufridas por parientes de Miguel Lencina.