Procesaron a un ex interventor del PAMI por defraudación

Adrián Ventura
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21 de julio de 1999  

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex interventor en el PAMI Carlos Alderete por el supuesto delito de defraudación, que habría cometido cuando contrató por veinte millones de dólares a una empresa privada para que llevase, mediante camionetas, cine a los jubilados que viven en el interior del país.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los doctores Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, que confirmó la medida dispuesta por el juez federal Adolfo Bagnasco.

La piedra del escándalo fue la conocida popularmente en tribunales como la causa PAMI-Cine, una de las sucesivas intervenciones de los directivos de esa obra social que terminaron en manos de la Justicia sin que hasta ahora haya ningún funcionario condenado.

PAMI-Cine fue un contrato que, según el tribunal de apelaciones, "no se originó en la previa evaluación de las necesidades de los afiliados, considerando las prioridades asistenciales que requerían, sino que surgió por el ofrecimiento unilateral de la empresa prestataria, Road Movie SA".

Irregularidades contractuales

La Cámara Federal porteña, a lo largo de su resolución, enumera las principales irregularidades que rodearon el contrato:

  • La Auditoría General de la Nación objetó parte del contrato.
  • El PAMI recibió la oferta del servicio que le acercaron los directores de Road Movie y no intentó regatear el precio ni obtener otras cotizaciones. Firmó el contrato tal como se lo presentó la empresa.
  • Road Movie no estaba legalmente constituida al momento de presentar el proyecto al PAMI y nunca se consideró su capacidad económica para prestarlo. "La contratación tuvo por objeto principal beneficiar a la empresa antes que atender las necesidades de l os usuarios", dijo el tribunal.
  • Un órgano de control interno hizo notar que cada camioneta de cine le costaba al PAMI más que una unidad de terapia intensiva.
  • Habitualmente, los contratos que firma el PAMI con terceros llevan una cláusula que permite al organismo dejarlos unilateralmente sin efecto, sin la obligación de indemnizar a la empresa. En este contrato, el PAMI renunció a esa posibilidad.
  • La contratación de un contrato tan abultado sólo se adoptó luego de labrar un expediente de 29 páginas.
  • No se recurrió al mecanismo de la licitación pública, sino que el contrato se celebró en forma directa.
  • Carlos Alderete obró con conocimiento de que la contratación del servicio de cine itinerante generaba una obligación abusiva para el PAMI, sostuvo la Cámara Federal.
  • Miguel Marizza, subgerente general del PAMI, "tuvo un rol de singular importancia en el hecho investigado", señaló el tribunal de alzada, pues aquél era amigo de Carlos Gorosito, presidente de Road Movie, circunstancia que fue reconocida por ambos hombres.
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