Prohibir a cuidacoches y limpiavidrios, el debate final del año en la Legislatura

El proyecto del gobierno porteño será discutido el jueves e impedirá el ejercicio de la actividad; actualmente, los damnificados deben probar ante la Justicia que hubo una exigencia de dinero
El proyecto del gobierno porteño será discutido el jueves e impedirá el ejercicio de la actividad; actualmente, los damnificados deben probar ante la Justicia que hubo una exigencia de dinero Fuente: Archivo
Mauricio Giambartolomei
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10 de diciembre de 2018  

El cierre del año legislativo en la Capital cumplirá un deseo del oficialismo, tantas veces postergado por no contar con el aval de la oposición y otras veces rechazado por no cumplir con los objetivos buscados por la Ciudad. El jueves, en la última sesión de 2018, el Poder Ejecutivo logrará la prohibición de la actividad de cuidacoches y limpiavidrios, y el endurecimiento de las penas para quienes transgredan la ley, un anhelo de la administración porteña desde cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno.

Lo logrará con la modificación del Código Contravencional porteño, que incluye la reformulación de varios artículos y la incorporación de otras faltas que hasta ahora no eran consideradas tales, como el hostigamiento digital (ver aparte) o las pegatinas en la vía pública de oferta sexual y de otros servicios. Se descarta la aprobación del proyecto tras su debate en el recinto, ya que el oficialismo cuenta con mayoría propia para dar vía libre a la propuesta.

La reforma establece nuevos agravantes para los casos de acoso sexual callejero cuando la víctima sea una mujer o un menor; las denuncias podrán realizarse en forma anónima para evitar amenazas o para los casos que no salen a la luz por miedo. También plantea un nuevo escenario de penas para la suplantación digital de la identidad y la difusión de imágenes o grabaciones íntimas. Todo enmarcado en el espíritu de crear mejores regulaciones contra la violencia de género.

Desde que Macri vetó, en 2011, una ley que regulaba la actividad de los "trapitos", en la Legislatura porteña se consumieron sesiones y horas de debate para aprobar una norma que convenciera a todas las partes. Pero solo ahora, y con 34 legisladores que le responden, el oficialismo ve el escenario deseado en el ámbito local, sostenido por las políticas lanzadas a nivel nacional que tienen un mismo hilo conductor.

El nuevo protocolo de seguridad elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el proyecto de ley para endurecer las penas en los delitos cometidos en espectáculos deportivos le dan forma a un paquete de medidas relacionadas con el orden público.

La modificación del artículo 79 del Código Contravencional, que regula el uso del espacio público, es la puerta que abre la prohibición de los cuidacoches y los limpiavidrios. "Se trata de una actividad ilegal que se observa a diario en Buenos Aires. Su ejercicio va en desmedro del ciudadano que desea estacionar su vehículo en un lugar público en el que no existe obligación alguna de abonar", argumenta la iniciativa. Y agrega: "(...) este tipo de actividad prohibida adquiere mayor relevancia cuando la damnificada es una mujer. El hecho de requerir dinero u ofrecer el cuidado del vehículo puede transformarse en una intimidación o extorsión".

Con la actual reglamentación, la denuncia a los cuidacoches debe estar acompañada por el aval de testigos que puedan certificar la exigencia de dinero. Los cambios plantean una prohibición total de la actividad, lo que habilitará a las fuerzas policiales a actuar sin denuncia. Además se aumentarán las penas. Hoy la multa para "quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos sin autorización legal" es de $400 a $2000; tras la reforma, la sanción será de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 150 a 1500 Unidades Fijas (UF); como cada UF tiene un valor de $17,85, irán de $2677 a $26.775.

En caso de que la falta ocurra en un radio de hasta 30 cuadras de donde esté programado un evento masivo, como un partido de fútbol o recital, las sanciones se endurecen si se comprueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas a un club, con multas de entre 5000 y 10.000 UF (de $89.250 a $178.500). Los mismos valores correrán para los limpiavidrios en infracción.

Además se agrega un apartado para los casos que se compruebe connivencia policial. "El/la funcionario/a policial que consienta u omita disuadir o perseguir las contravenciones previstas en los artículos 84 y 84 bis [cuidacoches y limpiavidrios] deberá enfrentar un sumario administrativo. Si se comprueba su responsabilidad, será sancionado/a disciplinariamente con su exoneración", dice el proyecto.

Integridad de las personas

En 2016 se aprobó en la Legislatura la ley que creó la figura del acoso callejero y la incorporó al Código Contravencional, fijando una pena de dos a diez días de trabajo de utilidad pública o una multa de entre $200 y $1000. La reforma planteada por el oficialismo endurecerá las sanciones con entre uno y cinco días de arresto o multa económica de 80 a 400 UF ($1428 a $7140) por acosar sexualmente en lugares públicos o privados, por hostigar o intimidar de modo amenazante o por ejercer violencia o maltrato físico o psicológico.

Entre los argumentos, la iniciativa explica que -según cifras del Ministerio Público Fiscal porteño- se registran tres denuncias de acoso sexual callejero por semana y que en el primer trimestre de 2018 se reportaron 41 casos, un 4000% más que en igual período de 2017. Como agravantes, el nuevo código contempla los casos en los que la persona damnificada es menor de 18 años o mayor de 70 o tenga una discapacidad; también, cuando participan dos o más agresores o cuando el acoso sexual gira en torno de la desigualdad de género.

En línea con todo el espíritu de la reforma y para profundizar las políticas contra la violencia de género, la prohibición de pegar carteles o afiches en la vía pública pretende atacar la oferta sexual que suele aparecer en contenedores, postes o cualquier mobiliario público y privado. Las sanciones van de uno a quince días de trabajo de utilidad pública o multa de un 1000 a 5000 UF ($17.850 a $89.250) o arresto de uno a cinco días. También aplica para todo tipo de publicidad ilegal y en lugares no habilitados.

Contravenciones en medios digitales

A tono con las nuevas tecnologías y con los delitos que se cometen a través de sus plataformas, la Legislatura incorporará las figuras contravencionales de difusión de imágenes o grabaciones íntimas, hostigamiento digital y suplantación digital de la identidad. "Quien difunda, publique, distribuya, facilite, ceda y/o entregue a terceros imágenes, grabaciones y/o filmaciones de carácter íntimo sin el consentimiento de la persona y a través de cualquier tipo de comunicación electrónica o transmisión de datos (...), siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con una multa de 400 a 1950 unidades fijas ($7140 a $34.807) o con cinco a 15 días de trabajo de utilidad pública o con tres a diez días de arresto. El consentimiento de la víctima para la difusión, siendo menor de 18 años, no será considerado válido", dice el artículo 71 bis.

En tanto, el hostigamiento en cualquier medio digital, siempre que no sea un delito, se penará con entre 160 y 800 UF ($2856 a $14.280), con tres a diez días de trabajo de utilidad pública o con uno a diez días de arresto. La multa económica llega hasta las 400 UF ($7140) para los culpables de utilizar la imagen o los datos filiatorios de una persona o crear una identidad falsa con esos elementos.

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