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Quejas contra un fiscal de Tigre por no investigar los casos
Pidieron al procurador que analice la gestión de Marcelo Fuenzalida
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LA NACION
La inauguración de la nueva sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género de Tigre no resultó como se esperaba. El 28 de junio pasado, ante la mirada del intendente Julio Zamora y el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, un grupo de familiares de víctimas, entre las que se encontraba Sara Barni, escrachó al fiscal Marcelo Fuenzalida por no investigar y por archivar causas.
"A Fuenzalida le hicimos un escrache porque era una vergüenza lo que hacía. Supuestamente estaba al frente de una fiscalía especializada en género, pero no solo no se ocupaba de las víctimas, sino que escondía pruebas para poder archivar las causas", recuerda Sara, indignada.
Uno de los casos por los cuales ella y los otros familiares de víctimas reprocharon la actuación del fiscal del departamento judicial de San Isidro es el de la denuncia contra el portero de una escuela de General Pacheco al que le imputan haber abusado de dos hermanitos -un varón y una mujer- que concurrían al establecimiento donde él trabaja.
La madre de las víctimas radicó la denuncia ante la Fiscalía de Violencia de Género descentralizada de Tigre, a cargo de Fuenzalida, quien caratuló los hechos como abuso simple. Sin embargo, luego dictó la falta de mérito del portero, ignorando que los peritajes psicológicos habían ratificado la verosimilitud del relato de los chicos.
"Ese día -recuerda Sara- el intendente Zamora nos trató de fascistas y no escuchó nuestro reclamo, al contrario que Conte Grand, quien nos recibió. Le pudimos mostrar todo lo que Fuenzalida no había hecho en las distintas causas y se comprometió a sacarlo de Tigre. Finalmente cumplió y lo mandó a la Unidad de Flagrancia de San Isidro mientras es investigado".
Desde la ONG Red Viva también van a insistir en el alejamiento de la jueza Sandra Veloso, que está a cargo del Juzgado de Familia Nº 1 de Tigre, a quien definen como "la parte ejecutora de un sistema totalmente destructor de niñez y de víctimas".
"Cuando Conte Grand nos recibió le presentamos las causas y le pudimos demostrar todo lo que veníamos denunciando sobre Fuenzalida. Pero nosotras no queremos tener razón, lo único que queremos es que se garantice el debido proceso y que así podamos proteger a nuestro hijos", concluye Sara.
LA NACION
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