Recomendarían el juicio político de Ibarra

La comisión investigadora de la Legislatura entiende que hay pruebas de las irregularidades en el área de control porteño
Ángeles Castro
(0)
7 de junio de 2005  

Cuando todavía les queda enfrentar una semana de audiencias públicas y un mes de debate a puertas cerradas para redactar el dictamen correspondiente, los legisladores porteños que integran la comisión investigadora de Cromagnon ya creen contar con elementos suficientes para recomendar el juicio político por mal desempeño de sus funciones del jefe de gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra.

La mayoría de los nueve diputados, que desde el 18 de abril último intenta reunir pruebas para establecer las responsabilidades políticas tras el incendio en la disco de Once, considera que, con el dictamen de la comisión en la mano, la Legislatura debe someter a enjuiciamiento a Ibarra por considerar que:

1) No ejerció correctamente el poder de policía que la Constitución porteña delega en la figura y la persona del jefe de gobierno y que, en cambio, encabezó un sistema de fiscalización y control viciado de ineficiencia e inoperancia, parcialidad y, en el peor de los casos, corrupción, en el que muchos funcionarios actuaban con negligencia.

2) Pese a existir en el pasado de Buenos Aires las catástrofes de la embajada de Israel, de la AMIA y de LAPA, no dotó a la ciudad de un sistema de atención de emergencias lo suficientemente entrenado y coordinado como para haber asistido mejor a las víctimas del siniestro durante la noche del 30 de diciembre y los días posteriores.

Matices

Si bien hay acuerdo sobre estos dos grandes núcleos de irregularidades, probablemente aparezcan matices -según confiaron seis de los nueve diputados a LA NACION- a la hora de volcar los fundamentos en el dictamen que la comisión debe elevar el 19 del mes próximo, situación que puede derivar en la confección de más de un documento.

Ante todo, y prácticamente en partes iguales, un grupo pretende recomendar directamente el juicio político a Ibarra y otro prefiere, estratégicamente, recomendar al cuerpo que "adopte las medidas consecuentes con la serie de irregularidades constatadas" en la gestión. Las "medidas consecuentes" serían ni más ni menos que el pedido de juicio político, pero al derivar la decisión la comisión no correría riesgos de ser tildada de opositora y golpista.

Entrevistados ayer varios presidentes de bloque coincidieron en que todavía resulta apresurado fijar posición sobre si respaldarán o no la prosecución de un eventual juicio político.

En la comisión investigadora, en tanto, todos los diputados consultados por LA NACION consideraron probado el mal desempeño de funciones y el incumplimiento de deberes como delitos por imputar a Ibarra. En cambio, alguno iría por más y trataría de acusar al jefe de gobierno de liderar una asociación ilícita, que también habrían conformado ex funcionarios del área de verificaciones y control.

Paralelamente, varios legisladores defienden la postura de endilgar a Ibarra el delito de abandono de persona, mientras otros guardan una opinión crítica sobre el operativo de rescate y asistencia, pero opinan que constituye una imputación difícil de sustentar.

"Yo no voy a firmar nada que no considere confirmado de principio a fin. El dictamen tiene que ser tan serio como lo es toda la investigación de la comisión", reivindicó una de las tres legisladoras que la integran.

Constante

Por razones obvias, los diputados no quieren adelantar cómo fundamentarán los cargos contra el jefe de gobierno. Pero, en conversaciones privadas, varios de ellos admiten que el mal desempeño y el incumplimiento de los deberes surgieron como constantes en la labor del área de inspecciones de la Ciudad.

"Se trata de una ineficiencia y un descontrol que excedían a funcionarios con nombre y apellido; estaban instaladas en el sistema mismo", confió otra de las legisladoras.

En el mismo sentido, un diputado que es autoridad de la comisión sostuvo: "Desandamos un camino que muestra fallas en toda una gestión. Desde el inspector que habilitó Cromagnon, pasando por todos los que alguna vez lo controlaron, hasta la noche de la tragedia. Sostenidas durante tanto tiempo, la desidia y la negligencia hablan de una gestión irregular en la que la responsabilidad llega hasta la cabeza".

Otra autoridad de la comisión fue más directa: "Ibarra no podía ignorar lo que pasaba debajo de él. Nosotros investigamos responsabilidades políticas y él es el responsable político número uno", sintetizó.

Como se dijo, la mayoría de los diputados coincide en que el mecanismo por seguir consiste en presentar a la Legislatura el dictamen de la comisión, acompañado por la recomendación de someter a un juicio político a Ibarra, para dejar el debate habilitado en el recinto. Aunque, por una cuestión más de forma que de fondo, dos legisladores macristas piensan que es más apropiado elevar el documento sin consejo alguno "para que el cuerpo decida qué hacer en conjunto y evitar politizar el trabajo serio y responsable", que aseguran que realizan.

Cómo juega la comisión

La comisión investigadora legislativa del caso Cromagnon trabaja casi desde el principio con nueve miembros, en lugar de hacerlo con los 16 nombrados originalmente, debido a quejas de los familiares de las víctimas, que adjudicaban a los renunciados cercanía con el poder político. No hay ibarristas, ni kirchneristas, ni aliados de alguno de los dos grupos oficialistas. Sí, en cambio, hay macristas, peronistas distanciados del PJ Capital, independientes y diputados de izquierda.

Al principio, la comisión estaba presidida por Ricardo Busacca (Alternativa Federalista), que renunció. "Me fui porque afectaron mi honorabilidad al decir que estaba cerca de Ibarra y no es cierto", dijo a comienzos de abril, cuando la apertura de las sesiones especiales del grupo investigador a punto estuvieron de terminar en un escándalo.

Así como lo hizo Busacca, también renunciaron la oficialista Alicia Caruso (Frente Grande), los kirchneristas Miguel Talento y Diego Kravetz (Frente para la Victoria), los aliados del ibarrismo Carlos Ameijeiras y Marina Pérez (Partido de la Ciudad) y el socialista Roy Cortina.

La ruptura provocó también algunos encontronazos en el cuerpo legislativo, donde varios de los renunciantes adjudicaron a los independientes Milcíades Peña (Confluencia; responde al ex vicecanciller Eduardo Valdés) y María Eugenia Estenssoro (Plural; ingresó por el espacio que conduce Patricia Bullrich) cierta agitación para que los familiares de las víctimas los rechazaran.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Sociedad

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.