Recomiendan no abortar a una nena embarazada tras una violación porque está en riesgo su vida

La madre de la chica de 13 años solicitó interrumpir el embarazo con 23 semanas de gestación; el hospital no quiso intervenirla; recomendaron una cesárea y la posible adopción
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28 de abril de 2014  • 15:59

La madre de una nena de 13 años víctima de una violación solicitó la interrupción del embarazo; pero como estaba con 23 semanas de gestación y tenía contracciones cuando llegó al hospital, los médicos dispusieron que no era conveniente realizar la intervención. Corría riesgos la vida de la chica.

El hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno aclaró hoy que no se negó la aplicación del Protocolo de Aborto No Punible a una niña de 13 años que ingresó con un embarazo de seis meses producto de una violación. Pero no era conveniente aplicarlo.

Desde la dirección del hospital detalló que la adolescente ingresó el sábado al hospital con fiebre producto de una infección urinaria y contracciones. Por eso se la internó y la mamá pidió la aplicación del Protocolo.

Los médicos le hicieron una ecografía que arrojó como resultado un embarazo de 23 semanas de gestación y un peso de 600 gramos del producto del embarazo. A la mamá de la víctima se le explicó, entonces, que la nena ya no estaba en condiciones de ser sometida a un aborto por lo avanzado del embarazo y las condiciones de salud de la niña. Esa práctica implica un alto de riesgo de muerte para la paciente.

La Organización Mundial de la Salud define como aborto la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 20-22 semanas y/o hasta que el producto del embarazo alcance los 500 gramos.

La Guía Técnica Nacional de aborto no punible se basa en esta definición. "A esto se suma que la paciente ingresó al hospital con una infección y contracciones. La inducción del aborto en estas condiciones aumenta significativamente el riesgo de una eliminación incompleta de la placenta y de una hemorragia post-parto con riesgo de muerte y de histerectomía, es decir, de poner en riesgo su capacidad reproductiva a futuro"; explicó la directora asociada del hospital, Mariana Dunayevich, directora asociada del hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Personal de los Programas de Salud Reproductiva y Procreación Responsable y de Prevención de la Violencia del ministerio de Salud provincial se hicieron presentes en el hospital "para brindar asesoramiento, contención y acompañamiento a la víctima y a su familia". Además, el hospital denunció ante la Justicia el delito de violación y se puso a disposición de la familia.

Tras la ecografía, se le explicó tanto a la mamá como al víctima "el riesgo que significaba la práctica de un aborto en esta etapa avanzada del embarazo, y se le formularon las alternativas posibles para afrontar esta dramática circunstancia", explicó Lidia Tundidor, coordinadora del Programa Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la cartera sanitaria provincial.

Recomendaron una cesárea programada

Los especialistas coincidieron en recomendar a la paciente y su familia una cesárea programada y la posibilidad de dar en adopción al producto del embarazo. También explicaron que la víctima tiene derecho a evitar que la coloquen en situación de vínculo con el producto. Además, se les ofreció, tanto a la madre como a la víctima, acompañamiento psicológico, ginecológico y asistencia social en todo el proceso, con lo cual busca garantizar el respeto de los derechos de las víctimas.

"La denuncia de violación se radicó hace un mes. En ese momento hubiera estado en la situación adecuada para someterse al aborto no punible, pero pasó el tiempo y ahora no estamos ni siquiera frente a la posibilidad de hacerlo sin poner en riesgo la vida de la víctima", concluyó Tundidor.

El Área de Políticas de Género del ministerio de Salud provincial fue pionero en la adecuación del Protocolo de Aborto No Punible a las indicaciones impartidas por la Corte Suprema de Justicia en el año 2012. En él queda establecido que el aborto será no punible si el embarazo proviene de una violación, conforme la manifestación de la propia victima o su representante legal y con prescindencia de la denuncia y/o calificación penal del hecho.

En esta paciente se da la condición de abuso, sin embargo los condicionantes particulares (embarazo avanzado sumado al edeble estado de salud de la niña) impiden la realización de la práctica abortiva.

Otra versión de los hechos

La diputada Victoria Donda informó en un comunicado: "Me comuniqué con el director del Hospital, Dr. Rossi, a quien le pedí explicaciones de por qué dicha institución se negaba a garantizarle a la niña su derecho a interruptor ese embarazo no deseado que pone en riesgo su vida; y por la que el art. 86, inciso 1 y 2 del código Penal la ampara. Es decir, este caso se enmarca dentro de la ley vigente, reafirmada por el Fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de marzo del 2012".

Y agregó: "El director no tuvo claridad en su respuesta en base a fundamentos legales claros de porqué no le realizada el aborto no punible debido y se excusó en la semanas de embarazo que llevaba la niña y en que no tenía instrucciones de la Justicia, entre otras salvedades más que dicho Protocolo para nada contempla (ya que según el mismo protocolo no hay un mínimo de semanas sobre las cuales hacer el cómputo para su realización; ni se necesita una denuncia penal)".

La dirigente del Frente Amplio UNEN recuerda que la chica de 13 años fue violada por su padrastro. "A pesar de este enorme trauma que pesaba sobre sus espaldas, la nena se animó a hablar y a pedir ayuda junto con su madre. Ambas denunciaron el abuso un mes atrás en la Comisaría Nº 8 de Moreno. Desde entonces la Justicia no ha actuado y el violador aún no está detenido. Ante esta parálisis institucional y desamparo judicial, ellas acudieron al hospital el viernes pasado y solicitaron que se aplique el Protocolo de Aborto No Punible. A pesar de esto los médicos del hospital se empecinaron en retener el embarazo contra su voluntad, declarándose objetores de conciencia".

La diputada concluyó: "Junto con otras organizaciones de mujeres vamos a proceder a la denuncia penal de estos funcionarios que se niegan a cumplir con su función pública, ya que estamos ante un caso gravísimo de violación de los derechos humanos, del derecho a su salud e integridad. Exigimos la inmediata intervención de profesionales de la salud y de la Justicia en este caso".

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