Reformas a las leyes procesal y penal para frenar los secuestros

Diputados y senadores dieron media sanción a dos proyectos
Laura Serra
Gustavo Ybarra
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30 de mayo de 2003  

En busca de reorganizar las normas legales para intentar frenar la ola de secuestros extorsivos que azotan especialmente a la Capital y el conurbano, las dos cámaras legislativas nacionales dieron media sanción a sendos proyectos, parte de la llamada "ley antisecuestros".

Diputados aprobó un proyecto de reforma al Código Penal que, en líneas generales, agrava las penas en casos de secuestros para ciertas condiciones particulares. La mayor novedad es la incorporación de la figura del "arrepentido", que admite la reducción de penas para quienes den datos que permitan liberar a un cautivo o capturar a secuestradores con un mayor grado de compromiso en el hecho que el declarante.

Y el Senado dio media sanción a un proyecto de modificación del Código Procesal Penal. Como punto descollante, en casos de secuestros la investigación la harán los fiscales; los jueces, hasta ahora directores de este tipo de causas, sólo deberán velar por que se cumplan las garantías del debido proceso, como en el sistema judicial acusatorio.

Hasta ahora, en la justicia nacional y federal los fiscales tenían a su cargo desde el principio las llamadas causas NN, de autor ignorado. Con la modificación del artículo 196 del Código Procesal Penal, los fiscales dirigirán la investigación "desde el inicio de las actuaciones hasta la conclusión del sumario", incluso en causas conexas y "aun cuando tengan autores individualizados".

Los fiscales quedan autorizados a intervenir en jurisdicciones ajenas a la suya (hasta ahora el juez debía pedir autorización por exhorto); pedir intervenciones telefónicas y registros de comunicaciones -facultad exclusiva del juez, actualmente-; interrogar a sospechosos con sólo informar al juez; ordenar allanamientos vía fax o mail -hoy, sólo por escrito fundado-, y hacer registros sin orden si sospecha que en un lugar puede estar el cautivo.

La reforma en Diputados

La reforma votada en la Cámara baja, además de la reducción de pena para "arrepentidos", permitirá:

  • El decomiso de bienes muebles e inmuebles usados para mantener cautiva a una víctima, y su venta para financiar un programa de asistencia a la víctima.
  • Pena de 5 a 15 años para el que secuestre, y un mínimo de ocho años si se cobra el rescate. Y agravante para la participación de tres o más personas en el hecho.
  • Penas de 10 a 25 años si la víctima es mujer embarazada, menor de 18 años, mayor de 70, familiar, enfermo o discapacitado, empleado público o agente de fuerza de seguridad o de inteligencia.
  • Penas de 15 a 25 años si la víctima muere "como consecuencia no querida por el autor" y prisión o reclusión perpetua si es intencional.
  • Angustia por Laffont

    Ayer, a la madrugada, se frustró el pago del rescate por la liberación del adolescente Facundo Laffont, quien fue secuestrado el 19 de mayo último, en Luján.

    El padre del chico, Roberto Laffont, empresario conocido como "El Lujanero", y su esposa dejaron el dinero en una esquina de General Rodríguez, pero nadie lo fue a buscar. Los investigadores del secuestro del hijo del propietario de varias agencias de apuestas hípicas manejan dos hipótesis sobre las causas por las que los secuestradores no fueron a buscar el rescate. Una de esas pistas apunta a la posibilidad de que otra banda de delincuentes hubiera intentado quedarse con el rescate de 200.000 pesos.

    Mientras que la segunda presunción sostiene que el hecho se trató de un globo de ensayo pergeñado por los secuestradores para comprobar si los pagadores llevaban el rescate acompañados por la policía.

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