Registro de violadores: una asignatura pendiente en el Congreso

La creación de un registro nacional de ADN para la prevención de delitos sexuales atraviesa un proceso minado más por dudas que certezas.

Los proyectos de ley que buscan desde hace tiempo impulsar un sistema digitalizado bajo el ámbito del Poder Judicial de la Nación escapan de la agenda parlamentaria actual, pese a las cifras que arrojan organismos oficiales y varias de las ONGs dedicadas a combatir, mayormente, violaciones.

Durante el primer trimestre de 2010, más el mes de abril, la Dirección General de la Mujer brindó asesoramiento y tratamiento a 53 personas bajo el programa de Asistencia a Mujeres Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. En todo 2009, fueron 94 las víctimas atendidas por dicho servicio.

La Asociación de Víctimas de Violaciones (Avivi) lleva contabilizadas desde enero 384 jóvenes violadas, que hicieron una presentación judicial, y otras 130, que se niegan a concretarla. En total, brindan asistencia psicológica y legal a un promedio de entre seis y ocho víctimas por día. Mientras que Madres del Dolor registró, por el momento, nueve denuncias, de las cuales siete son menores y dos mayores.

El panorama en el Congreso Nacional para abordar la situación resulta poco alentador. En noviembre de 2008, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto para crear un registro de información genética de abusadores sexuales, que opere en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. En marzo de 2009, otra iniciativa obtuvo media sanción de la Cámara baja y pasó al Senado para ser estudiada. Ninguno de los dos textos prosperó y hoy se encuentran próximos a ser archivados.

Fuentes de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados explicaron a lanacion.com que el principal freno que encuentra el debate radica en las idas y vueltas parlamentarias. Se trata del típico caso de medias sanciones cruzadas a partir de la existencia de dos proyectos análogos. "En 1984 ocurrió algo similar con la Ley de Patria Potestad. El conflicto terminó resolviéndose a través de una resolución conjunta de ambas cámaras", ejemplificaron.

La problemática enfrenta un vacío legal que cobra nuevas dimensiones al no estar siquiera contemplada en el listado de los temas que la comisión, abocada estos meses a cuestiones vinculadas con la corrupción, la trata de personas y el régimen penal juvenil, tiene previsto analizar a corto plazo.

Consultada por este medio sobre las demoras que arrastra la creación del registro en el país, la senadora Sonia Escudero, al frente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, consideró: "Constitucionalmente le corresponde a Diputados tratar el proyecto, analizar la sanción proveniente del Senado que lo aprobó primero y, en todo caso, decidir si acepta el texto tal como vino o si requiere modificaciones". De necesitar cambios, el proyecto retornará a la Cámara alta que, a su vez, deberá definir "si acepta los cambios o si insiste en su sanción original".

Soluciones provisorias. En la provincia y en la ciudad, en cambio, hubo algunos avances. El Poder Ejecutivo bonaerense reglamentó en abril de 2009 el registro provincial de violadores, que permite a los jueces y abogados obtener los archivos con los datos personales de todos los abusadores y violadores con sentencia judicial firme, además de la creación de un banco de datos de ADN donde se asientan los resultados de estudios genéticos que se realizan en las investigaciones penales.

Bajo un planteo similar, el macrismo analiza por estos días un proyecto del diputado Gerardo Ingaramo, junto con el presidente del bloque Pro en la Legislatura, Cristian Ritondo, que prevé la implementación de un registro de huellas genéticas no codificante para la ciudad, a fines de prevenir delitos sexuales y esclarecer, también, casos de desaparición y trata de personas.

La iniciativa se está discutiendo en la comisión de Justicia y luego será revisado por las comisiones de Seguridad, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

"Estimo que en las próximas semanas estaremos en condiciones de emitir un dictamen en Justicia", adelantó a lanacion.com Ingaramo al sostener que la propuesta fue bien recibida por especialistas y representantes de ONGs. "Estamos avanzando en la concientización de los sectores, recogiendo opiniones y limando asperezas", añadió.

Un reclamo consolidado. El paso de los años no consigue aplacar el reclamo sostenido de muchos familiares de víctimas de delitos sexuales. Es el caso de Isabel Yaconis y Mauro Fernández, cuyas protestas calaron hondo en varias oportunidades. Hoy buscan que el esfuerzo no sea en vano.

Para Yaconis, cuya hija fue violada y asesinada por asfixia junto a las vías del ex ferrocarril Mitre, a la altura de Nuñez, en abril de 2003, la prueba que ofrece el ADN es irrefutable porque garantiza una exactitud del 99,9 por ciento. "Hablar de datos genéticos no nos tiene que asustar. Muchos países los utilizan. En la Argentina seguimos registrando violaciones todos los días. Lo que falta aquí es una clara decisión política", advirtió.

Otro caso que conmovió profundamente fue el de Soledad Bargna, violada y asesinada en su departamento de Caballito. En el lugar se encontró también a un vecino gravemente herido, que vivía en el piso inferior del mismo edificio y que se convirtió en el principal sospechoso. Días después trascendió que gozaba del beneficio de salidas transitorias. Su novio Mauro se convirtió en la cara visible de una página web para pedir celeridad a la Justicia en estos casos. "A este tema siempre le ponen palos en la rueda y se termina cayendo en la inacción. Los políticos tienen que pensar en el aspecto emocional de las familias y no olvidarse que, muchas veces, detrás de estos casos hay muertos", cuestionó.

Ambos coincidieron en que es fundamental contar con una política de Estado para resolver estos episodios que se reiteran diariamente en el país.

Cómo se implementó el sistema en otros países

Gran Bretaña. Dispone de la base de datos más grande del mundo, que alcanza las 38 millones de huellas genéticas de violadores y homicidias. Además, cuenta con un sistema de seguimiento satelital a delincuentes sexuales.