Relevan a un funcionario por el tráfico de remedios

Daniel Gallo
Daniel Gallo LA NACION
El juez Oyarbide lo involucró en diálogos comprometedores
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8 de septiembre de 2009  

La investigación por el tráfico ilegal de medicamentos impactó en el gobierno bonaerense. El subsecretario provincial de Control Sanitario, Alberto Costa, tuvo que presentar ayer la renuncia después de que el juez federal Norberto Oyarbide anticipó públicamente que existían diálogos telefónicos "muy comprometedores" entre ese funcionario y Néstor Lorenzo, empresario farmacéutico detenido el viernes pasado por esa causa.

Las palabras del magistrado no le dejaron otra opción al ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, que solicitar la renuncia a Costa. El caso investigado por Oyarbide tiene otras ramificaciones políticas: negocios ilegales en gremios, vínculos con el asesinato de los tres jóvenes empresarios en General Rodríguez y el aporte de fondos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

Oyarbide puso en aprietos al gobierno bonaerense cuando explicó ayer, ante los medios, cómo está evolucionando la investigación: "La prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras, que dan cuenta de la conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV". Y nombra directamente a Costa, a cargo de la compra provincial de medicamentos, como uno de los involucrados en las negociaciones con Lorenzo.

Este empresario fue gerenciador hasta 2008 del Centro Oncológico de Excelencia, en Gonnet, instituto quebrado financieramente y dependencia operativa mixta entre el sector privado y el Ministerio de Salud bonaerense, bajo la órbita del subsecretario Costa.

Este funcionario fue expuesto por el juez Oyarbide ante la prensa, pero hasta anoche en el Ministerio de Salud bonaerense no tenían información de que hubiese sido citado por la Justicia.

Al dar a conocer la renuncia de Costa, el ministro Zin manifestó que esa decisión la había tomado la semana anterior, "porque la gestión de Costa estaba en una meseta", pero que en las últimas horas adelantó el cambio por las declaraciones de Oyarbide. Lo reemplazará la diputada provincial Silvia Caballero.

Zin aclaró que su ministerio "no tiene ningún vínculo comercial con la empresa San Javier, cuyo titular es Néstor Lorenzo, y además la empresa no forma parte del registro de proveedores".

Bancarios, en la mira

Oyarbide, por su parte, indicó que apunta también a los hechos de corrupción que habrían ocurrido en la obra social bancaria. Invitó a los afiliados que se sintiesen estafados con medicamentos a que den testimonio en su juzgado. El secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, afirmó, como contrapartida, que fueron las propias autoridades de la obra social las que apartaron a Lorenzo y a su droguería San Javier.

"Conozco a Lorenzo, claro, pero no tenemos relación desde 2007 por algunas cosas que no nos gustaron", explicó Zanola a LA NACION.

Este mes habrá elecciones en el gremio bancario y Zanola cree que varias de las acusaciones tienen un empuje electoral. De todas maneras, detalló la forma en que la droguería San Javier ganó espacio como proveedora en su obra social. "Fue por necesidad", dijo.

San Javier aprovechó, según el relato de Zanola, un momento de endeble situación financiera en La Bancaria para proponer un plan que mejoró otras ofertas: entregar directamente los remedios oncológicos o la insulina a los afiliados y cobrar tras el pago de los reintegros. Con problemas de liquidez económica, la obra social tenía deudas con otros proveedores que habían cortado el abastecimiento. Lorenzo y San Javier ocuparon el lugar preferencial hasta que el vínculo se cortó de forma abrupta, a fines de 2007.

Por entonces, la llegada al Ministerio de Salud de Graciela Ocaña dio paso a investigaciones internas sobre el tráfico de medicamentos. Ocaña puso en la mira a Lorenzo y a sus allegados.

"Hay más de 400 expedientes sobre defraudación al Estado y en el 80 por ciento aparecen vinculaciones con Lorenzo, [Sebastián] Forza y [Damián] Ferrón", comentó ayer Ocaña, y unió de esa manera las líneas de investigación que ponen al empresario Lorenzo como socio de dos de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez.

Todos aparecerían también como aportantes a la campaña presidencial de 2007 del Frente para la Victoria. Así lo explicó el juez Oyarbide al referirse a los documentos secuestrados a Lorenzo, los que serían copias de cheques por más de un millón de pesos donados para el proselitismo de la presidenta Fernández de Kirchner.

Ocaña se ocupó de dejar en claro su convencimiento de que la mandataria no conocía los detalles de esa financiación política. El encargado de la recaudación era el entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. Por su gestión también se habrían acercado a la campaña presidencial otros dos hombres del negocio de los medicamentos: Carlos Torres y José Posse, involucrados en diversas investigaciones judiciales.

Oyarbide no quiso avanzar públicamente sobre una causa que no está en sus manos (sobre la que se informa por separado), pero sí indicó que las escuchas telefónicas en su poder tienen "sabrosos diálogos" sobre los fondos de campaña.

El magistrado también dijo que "Lorenzo no se privó de hablar con nadie" y manifestó que Capaccioli figura entre las personas que fueron escuchadas por orden judicial.

Ocaña consiguió desplazar a Capaccioli de su puesto, pero esa lucha la dejó sin reservas políticas y abandonó el ministerio tras las elecciones de junio último. El recaudador de campaña no se mostró en el Estado como un contador eficiente; al menos eso lo demuestra un informe de la Sigen sobre su gestión en la Superintendencia de Servicios de Salud.

"El incumplimiento de la normativa con respecto a las compras y contrataciones y la inexistencia de un sistema de patrimonio dan cuenta de los riesgos a que se encuentra expuesta la gestión", informó la Sigen.

Ese órgano de control estatal investigó a la dependencia de Capaccioli y las conclusiones fueron lapidarias sobre las desprolijidades administrativas que permitieron crecer una red paralela de negocios.

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