Repensar la política social

Por lo general, el pensamiento conservador quiere un Estado presente en materia de seguridad pública, pero prefiere un Estado menos activo en las cuestiones sociales. Con el pensamiento progresista, suele suceder a la inversa, pues reclama un Estado menos presente en los temas de seguridad y, en cambio, con mayor protagonismo en materia social.

Se trata de enfoques universales que, con sus adecuaciones, se dan también en la Argentina.

Pero más allá del pensamiento político o ideológico, la visión social puede ser diferente. Los sectores más populares -los que más sufren la inseguridad por vivir en zonas como las villas donde, por lo general, no llega la policía pública- son quienes más apoyan las políticas de mano dura e incluso la pena de muerte. Son también los que más reclaman una política social activa, por ser quienes más la necesitan.

En cambio, los sectores medios, que viven con algo más de seguridad -e incluso los medios-altos, que tiene seguridad privada-, son menos partidarios de las políticas de mano dura y, al mismo tiempo, critican más las políticas sociales activas, tanto por sus formas clientelistas como por la intermediación que en ella suelen tener estructuras políticas o los llamados punteros.

Con la crítica respecto a los inmigrantes, sucede otro tanto. Es más fuerte en los sectores populares, que conviven con ellos y perciben su supuesta competencia, y es más débil en los sectores medios y altos.

La paradoja es que los sectores de clase media baja que han entrado en conflicto con quienes ocupan lugares públicos por lo general son votantes del peronismo, que es la fuerza política que está gobernando.

Pero más allá del conflicto entre el gobierno nacional y el porteño, lo que comienza a estar en juego es la capacidad del Estado argentino para alcanzar la armonía social, mantener el orden público y hacer cumplir la ley.

Durante siete años y medio, el kirchnerismo eludió el uso de la fuerza pública para evitar el costo político que de ello podía derivar. Ya la muerte del militante del PO en Barracas, el 19 de octubre pasado, puso en evidencia que esta política comenzaba a estar en crisis.

Ahora, los episodios de Villa Soldati, que comienzan a reproducirse en otros lugares de la Capital y el Gran Buenos Aires, acentúan el hecho de que la ausencia del Estado en materia de seguridad y servicios sociales deriva en enfrentamientos entre sectores sociales.

Las escenas que se están produciendo parecen encuadrarse en lo que suele denominarse conflicto de pobres contra pobres, y esto no hace más que profundizar la desigualdad social.

En este contexto, se hace necesario repensar la política social y la forma como muchas veces los subsidios son intermediados por estructuras políticas; la necesidad de encarar una política de vivienda, de la cual carecen entre 6 y 8 millones de argentinos; la fuerza pública debe tener la posibilidad de ser empleada con eficacia y precisión; ello implica evitar sus excesos, pero también darle el respaldo necesario cuando debe actuar; la política migratoria debe tener un encuadre sensato y, evitando las actitudes xenófobas, contribuir a la mejor integración de los inmigrantes que con su trabajo contribuyen al crecimiento del país, los que, sin duda, son los más.

Poner en marcha políticas en este sentido es la gran lección de los lamentables episodios que se están viviendo, pero, en lo inmediato, resulta fundamental evitar su propagación, dado que están en juego vidas humanas.

DICHOS Y HECHOS

Críticas desde la UCR

"Los hechos de Soldati demuestran la incapacidad de los gobiernos nacional y de la ciudad para resolver un conflicto que estalló por la ausencia de políticas de desarrollo", señaló ayer Hernán Rossi, precandidato a jefe de gobierno por la UCR.

Marcha al Obelisco

Hoy, a las 17.30, habrá una marcha en favor de los ocupantes del parque, que partirá del Obelisco, se dirigirá a la sede de la Jefatura de Gobierno de la ciudad y continuará hasta la Plaza de Mayo "en repudio a la represión"